(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria, sancionó y envió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley “Que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, y plásticos de polietileno tereftalato (PET)”.

El objetivo principal es combatir una millonaria evasión fiscal y frenar el tráfico ilegal de estos materiales, que afectan tanto al fisco como a la seguridad pública y al medio ambiente, según la exposición de motivos. 

La normativa aborda dos ejes fundamentales: por un lado, el aspecto ambiental y social del reciclaje; y por otro, la significativa fuga tributaria que, según el documento supera los 100 millones de dólares anuales debido a prácticas de subfacturación en exportaciones.

El proyecto señala que muchos exportadores de residuos metálicos declaran valores muy por debajo del precio real de mercado para evadir sus obligaciones fiscales.

“Estas maniobras se facilitan a través del sistema informal de transferencia de fondos conocido como "HAWALÁ", que opera mediante casas de cambio y escapa al control del Estado”, señala el documento que justifica la presentación del proyecto. 

En uso de la palabra, el diputado Jorge Barressi (ANR–San Pedro), presidente de la Comisión de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, solicitó el acompañamiento del pleno al subrayar que la normativa regula todas las etapas del comercio de residuos destinados al reciclaje: acopio, almacenamiento, procesamiento, refundición y exportación.

Según mencionó, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) será la autoridad de aplicación.

“El proyecto busca poner fin a una actividad desregulada que, además de dañar el ambiente, representa una pérdida millonaria para el Estado y fomenta delitos asociados al robo de bienes públicos y privados”, advirtió el diputado Barressi.

Agregó que la ausencia de controles ha derivado en un mercado negro, evidenciado en robos sistemáticos de infraestructura crítica: tapas de medidores de la ANDE y la ESSAP, cables de COPACO, señales de tránsito, barandas de protección vial e incluso piezas metálicas de monumentos históricos y féretros en cementerios.

Las sanciones por infracción contemplan multas de entre 100 y 5.000 jornales mínimos, así como la cancelación temporal del registro por hasta un año. En caso de reincidencia, la ley autoriza la cancelación definitiva del permiso para operar en el rubro.

Con su aprobación en Diputados, el texto es remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.