Desean una ley de coordinación pluvial para evitar inundaciones por obras públicas

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Un proyecto de ley “De coordinación interinstitucional para la efectividad del drenaje pluvial”, fue presentado recientemente a la Cámara de Diputados, por iniciativa de los legisladores Saúl González (ANR-Central), Fabiana Souto (ANR-Ñeembucú), Santiago Benítez (ANR-Amambay), Jatar Fernández (Independiente-Central) y Carlos Godoy (ANR-Caaguazú).

El documento busca garantizar que las obras de infraestructura pluvial, ejecutadas en el marco de la Ley Nº 7452/2025 “De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, alcancen su desembocadura final en un cuerpo hídrico receptor, mediante mecanismos de coordinación obligatoria entre las administraciones contratantes y los gobiernos municipales.

Según argumentan los proyectistas, la Ley N° 7452/2025 excluye a los municipios de la definición de “Administraciones Contratantes”. 

Sin embargo, la Ley N° 3952/09 “De desagüe pluvial” otorga a las municipalidades la competencia exclusiva sobre el drenaje pluvial en sus territorios.

Esta dualidad, de acuerdo a la exposición de motivos, genera fallas de coordinación, donde grandes colectores ejecutados por el gobierno central no logran una descarga efectiva en los cauces hídricos “a veces utilizando canales existentes, de menor sección de las necesidades reales, transformando las calles en ‘palanganas’ o zonas de acumulación que, en la mayoría de las ocasiones, se convierte en una degradación y luego una destrucción del camino o del pavimento de la calle, si fuera el caso”.

Se establece, además, que todo proyecto de infraestructura pluvial adjudicado bajo la Ley N° 7452/2025 debe prever el vertido pluvial en un cauce hídrico receptor, pudiendo ser seco o húmedo, y en concordancia con su análisis correspondiente, “para evitar desbordamientos aguas abajo o inundar poblaciones adyacentes al cauce”.

La propuesta se encuentra en el primer trámite constitucional y será objeto de análisis en las respectivas comisiones asesoras.