Analizan expropiación para obras de la Ruta Ñ en el Chaco paraguayo

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). En reunión ordinaria de la semana, la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, presidida por la diputada María Ida Cattebeke (ANR-Presidente Hayes), estudió un proyecto que busca dar seguridad jurídica al Estado para realizar importantes inversiones viales en el Chaco paraguayo. 

La normativa apunta a declarar de utilidad pública y expropiar las tierras necesarias para formalizar y mejorar el trazado de la Ruta Departamental D088, popularmente conocida como “Ruta Ñ”.

Proyecto de ley “Que declara de utilidad pública y expropia del Estado Paraguayo (MOPC), las fracciones de inmuebles afectadas por el trazado de la ruta departamental N° D088, denominada Ruta Ñ - Concepción Zelada de Ávalos, tramo que parte del km. 160 de la ruta N° 9, Doctor Carlos Antonio López, al km. 137, Fortín Caballero, ex Cnel. Escurra, en su intersección con la ruta N° 12, Vicepresidente Sánchez”, es el acápite oficial.

Todavía no fue emitido un dictamen sobre el particular, según se informó, ya que existen detalles técnicos que han sido solicitados y serán remitidos en las próximas horas.

La exposición de motivos refiere que estas expropiaciones permitirán que el Estado pueda realizar inversiones que posibiliten mejoras en la carretera, para volverla transitable todo el tiempo.

Esto redituará en el crecimiento económico e integral de la zona de influencia, indica el texto.

La vía de comunicación, actualmente camino de tierra, une los distritos de Pa’í Pukú (ruta PY09) con Fortín Caballero (ruta PY12), con orientación este (Pa’í Pukú) y orientación oeste (Fortín Caballero).

Por otro lado, vale indicar que el bloque también postergó el dictamen del proyecto “Que establece un régimen especial de valoración social y fijación de precio para los lotes de la Colonia Palmital, del Distrito de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa”.

Según explicaron los miembros de la comisión, esta propuesta ingresó sin los documentos requeridos por la Ley 5832/2017, ya que carece del informe pertinente de la Dirección de Registros Públicos, por citar un ejemplo.