Estudian proyecto que fija precios sociales a lotes de la Colonia Palmital, Itapúa

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación).La Comisión de Bienestar Rural, presidida por el diputado Avelino Dávalos (ANR-Caazapá), decidió postergar la emisión de su dictamen con respecto al proyecto de ley “Que establece un régimen especial de valoración social y fijación de precio para los lotes de la Colonia Palmital, del distrito de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa”.

“Estamos aguardando información clave al respecto de este proyecto. Entiendo que en las próximas semanas, tras revisar los informes, estaríamos en condiciones de dictaminar el proyecto”, dijo al respecto el diputado Dávalos. 

Según la exposición de motivos las referidas tierras de la Colonia Palmital fueron expropiadas y transferidas al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con finalidad social, orientadas a garantizar el acceso a la tierra a familias campesinas, promover la agricultura familiar, y asegurar el arraigo rural, conforme a los principios fundamentales del Estatuto Agrario.

No obstante, la Resolución Indert Nº 3854/14 fijó precios por hectárea que resultan incompatibles con la capacidad de pago de los más de 1.000 ocupantes históricos de la colonia, los que residen y producen en estos lotes desde hace décadas, según la exposición de motivos. 

Señala, además, que los valores establecidos (entre G. 20.900.000 y G. 22.040.000 por hectárea) no reflejan la finalidad social de la expropiación, ni observan los criterios de accesibilidad y justicia social que deben guiar la política agraria.

Agrega que el Estatuto Agrario establece que la tierra debe cumplir una función social, y que las adjudicaciones destinadas a colonización deben adecuarse a criterios de equidad, sostenibilidad y realidad socioeconómica de los beneficiarios. “La aplicación de valores de mercado a tierras sociales constituye un obstáculo para la regularización y titulación de los lotes”, sostiene. 

El presente proyecto de ley no modifica los criterios generales del Indert, sino que se limita a corregir una situación puntual, restableciendo los principios agrarios que sustentan la colonización social. “Su alcance es específico y su impacto financiero para el Estado es nulo”, dice finalmente la exposición de motivos. 

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.