Estudian proyecto que prohíbe bonificaciones y gastos superfluos en el Estado

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Cámara de Diputados debatió, este martes, en sesión extraordinaria, un proyecto de ley que establece límites a las remuneraciones de funcionarios públicos y elimina una serie de beneficios económicos en todos los organismos del Estado. La propuesta quedó pendiente de resolución, dado que su tratamiento no se agotó en la jornada.

La iniciativa, impulsada por un grupo de diputados, se enmarca en el contexto de las medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno Nacional bajo el concepto de "economía de guerra", ante la caída en los niveles de recaudación fiscal.

El documento fue presentado en la fecha y para su tratamiento el pleno de la Cámara de Diputados se constituyó en comisión para el correspondiente dictamen antes de su tratamiento en plenaria. 

El diputado Hugo Meza (ANR-Cordillera), como proyectista de la normativa, destacó que es urgente el estudio del documento, ya que coincide con la línea de lo esbozado por el presidente de la República, Santiago Peña, y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, al respecto de la economía actual de nuestro país.

“Es el momento de dar un mensaje como Cámara de Diputados, recortar beneficios de altos mandatarios, recalcando que no vamos a tocar los beneficios de los funcionarios de menor rango”, aseguró. 

A su turno, la diputada Johana Ortega (PPS-Capital), También firmante de la iniciativa, celebró la celeridad del estudio de iniciativas que buscan recortar privilegios en favor de los menos favorecidos de la sociedad.

Por su parte, el diputado Rubén Rubín (Independiente-Central), dijo que, aunque tiene buenas intenciones, no alcanza. Remarcó que el Gobierno debe hacer recortes más significativos. “Es el momento de un verdadero ajuste de cinturones y es tiempo de aplicar la motosierra a ciertos privilegios de altos mandatarios”.

En pleno debate, la sesión extraordinaria quedó sin la mayoría requerida para dar continuidad al encuentro, por lo que fue levantada la sesión por falta de quórum.  

Ni ministros, ni senadores, ni magistrados

El texto presentado  prohíbe, expresamente, el pago de bonificaciones, bajo cualquier denominación, a funcionarios que ocupen cargos de conducción política o alta dirección. 

La restricción alcanza al presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, ministros y viceministros del Poder Ejecutivo, ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, y autoridades de entes descentralizados como presidentes, gerentes y consejeros que provengan, tanto del Presupuesto General de la Nación o de los presupuestos de gobiernos departamentales o municipales.

Además, la norma fija como tope máximo de remuneración el salario del Presidente de la República, con excepción de funcionarios que presten servicios en el exterior.

Seguro médico privado, combustibles y arreglos florales

Entre las prohibiciones más concretas que establece el proyecto figura la eliminación del seguro médico privado o la medicina prepaga para las máximas autoridades de los organismos y entidades del Estado. 

También se veda la provisión de combustible para autoridades superiores y miembros de órganos colegiados, salvo casos debidamente justificados por funciones operativas.

El proyecto va más lejos aún e incluye en la lista de gastos prohibidos la provisión de alimentos, obsequios, arreglos florales, tarjetas y gastos protocolares no esenciales, con excepción de los centros asistenciales de salud, así como la publicidad estatal en medios masivos de comunicación fuera de situaciones específicas como emergencias nacionales, campañas de salud pública, procesos electorales o llamados a licitación.

También queda prohibida la publicidad en obras públicas que incluya nombres o promoción personal de autoridades, y el pago de remuneraciones adicionales por el simple cumplimiento del deber de asistencia al lugar de trabajo (presentismo).

La Contraloría como garante del cumplimiento

La norma encomienda a la Contraloría General de la República la fiscalización de su cumplimiento, con la obligación de auditar y reportar anualmente la situación en todos los organismos del Estado. 

Los pagos realizados en violación a la ley serán nulos de pleno derecho y no generarán derecho adquirido alguno, debiendo los funcionarios beneficiados proceder a la devolución inmediata de los montos percibidos.

El Ministerio Público quedará habilitado para iniciar investigaciones de oficio o a instancia de la Contraloría, en tanto que el incumplimiento podrá derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Contra la discrecionalidad presupuestaria

Uno de los puntos más relevantes del texto aprobado es la prohibición expresa de que la Ley de Presupuesto General de la Nación o cualquier normativa reglamentaria establezca excepciones o mecanismos indirectos que permitan eludir las restricciones fijadas. Toda disposición en contrario, señala el proyecto, será inoponible y carecerá de eficacia jurídica.

Los autores de la iniciativa sostienen que en los últimos años se han consolidado prácticas que, "bajo apariencia de legalidad", habilitaron excepciones que desvirtuaron los principios de austeridad y transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Son firmantes del documento: Hugo Meza (ANR-Cordillera); Miguel Ángel del Puerto (ANR-Caaguazú); Mauricio Espínola (ANR-Capital); Guillermo Rodríguez (CN-Alto Paraná); Johanna Ortega (PPS-Capital); Raúl Benítez (Independiente-Central).