Mesa Directiva de Diputados integró con 19 puntos orden del día de la sesión plenaria próxima

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), fijó 19 puntos en el orden del día para la sesión plenaria ordinaria prevista para el próximo 24 de marzo, a partir de las 09:00 horas. A continuación, detalles de los principales puntos que serán abordados en la ocasión: 

Subasta de vehículos abandonados 

La plenaria de la Cámara de Diputados analizará, en ocasión de su próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley “Que modifica y amplia los artículos 1, 3 y 4 de la Ley N° 6245/2018 ‘Que establece el régimen de subasta de vehículos abandonados’”.

La iniciativa busca autorizar a las municipalidades a promover, de oficio o a instancia de parte interesada, las acciones pertinentes ante los juzgados competentes para la declaratoria de abandono de los vehículos ubicados en las vías públicas u otros espacios de dominio público y que representen un obstáculo para el libre tránsito, dentro de su demarcación territorial.

Según la exposición de motivos del proyecto, la finalidad es permitir que los vehículos declarados en abandono en las vías públicas de determinado municipio, puedan ser adjudicados al mismo para su utilización, subasta, o sometidos al proceso de compactación.

El documento se encuentra en su primer trámite constitucional.

Que regula la profesión del obstetra

Otro de los documentos que será considerado por la plenaria de la Cámara de Diputados es el proyecto de ley "Del obstetra en la República del Paraguay", que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. 

Se trata de  un proyecto de ley que busca reemplazar la Ley Nº 5423/15 y modernizar el marco normativo que regula el ejercicio profesional de los obstetras en el país. La iniciativa responde a los cambios científicos, académicos y sanitarios registrados en la última década en el ámbito 

Según la exposición de motivos, la normativa vigente presenta limitaciones, vacíos y dificultades de interpretación que han generado incertidumbre jurídica entre los profesionales y afectado la calidad de los servicios prestados a la población. “El texto surgió de un proceso de construcción conjunta entre representantes del sector académico, gremial, sanitario y legislativo”, asegura el documento. 

El nuevo proyecto apunta a precisar el ámbito de competencias del obstetra conforme a su formación universitaria, establecer un régimen laboral compatible con los riesgos de la profesión y garantizar condiciones para el ejercicio autónomo y seguro. 

También reconoce derechos y obligaciones vinculados a la ética profesional, y promueve la participación del obstetra en la planificación, docencia, investigación y gestión sanitaria.

Se encuentra en su segundo trámite constitucional. 

Modificación del Código Penal y Procesal Penal  

El orden del día de la Cámara de Diputados, igualmente, prevé el estudio del proyecto de ley “Que modifica los artículos 110, 111, 112, 113, 114 y 115 del Código Penal (Ley Nº 1.160/97) y los artículos 16 y 17 del Código Procesal Penal (Ley Nº 1.286/98), a fin de establecer la acción penal pública a instancia de parte, la reparación económica inmediata y el procedimiento abreviado en casos de agresión física”. 

Según la exposición de motivos, esta reforma busca eliminar la revictimización que genera el sistema actual, donde la víctima debe costear por su cuenta abogados, pericias y trámites complejos. 

Además, crea un modelo procesal híbrido ante un Tribunal Unipersonal de Sentencia, que concentra las funciones del juez de garantías y del juez de sentencia, dotando al sistema de mayor agilidad. 

Establece, por otro lado, plazos máximos de investigación de cuatro meses, prorrogables una sola vez, y un procedimiento abreviado inmediato de quince días hábiles para casos con evidencia audiovisual o flagrancia. 

En materia de sanciones, se introduce una escala graduada de multas de 50 a 500 jornales mínimos legales, con penas privativas de libertad de hasta tres años según la gravedad del hecho. 

Un elemento distintivo es la reparación económica obligatoria a favor de la víctima, y la posibilidad de detención preventiva del agresor que se niegue a indemnizar. 

Para menores de edad involucrados en riñas o agresiones, se prevé un régimen educativo de trabajos comunitarios supervisados de 30 a 240 horas como alternativa a la reclusión, en sintonía con las Reglas de Beijing y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

La iniciativa se fundamenta en los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, dignidad humana y justicia restaurativa, apuntando a reducir la impunidad en la violencia interpersonal cotidiana.

Creación de cuenta única de salidas alternativas 

La Cámara de Diputados incluyó, igualmente, en su orden del día el estudio del proyecto de ley “Que crea una cuenta única nacional para la administración de los fondos derivados de las salidas alternativas del proceso penal, y establece su destino específico a programas de deportes, seguridad, educación y salud”.

La iniciativa establece que estos recursos, centralizados en una cuenta bancaria específica, se distribuirán en porcentajes fijos entre programas de deporte barrial y escolar, seguridad pública, infraestructura educativa y atención a adicciones. 

Establece que el Ministerio de Economía y Finanzas actuará únicamente como intermediario técnico en la transferencia automática de los fondos, sin injerencia en su destino.

El proyecto asigna responsabilidades concretas a los jueces intervinientes, quienes deberán verificar los depósitos y remitir documentación de respaldo a las entidades receptoras y a la Corte Suprema de Justicia. 

Estipula, además, que la Contraloría General de la República ejercerá la supervisión general, con auditorías semestrales, informes obligatorios de ejecución y un portal digital de acceso público actualizado semanalmente.

La norma prohíbe expresamente el uso de estos fondos para fines distintos a los establecidos, con sanciones administrativas, penales e inhabilitación para funcionarios responsables de cualquier desvío.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Devolución de pagarés al deudor

La plenaria de Diputados también considerará, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador”.

Se trata de una iniciativa que obliga a los acreedores a devolver los pagarés en el momento del pago total de una deuda, bajo pena de multas administrativas de hasta el 20% del monto adeudado.

El documento propone cerrar un vacío legal que hoy deja expuestos a miles de deudores incluso después de haber cumplido íntegramente con sus obligaciones financieras. 

Establece que todo acreedor de una deuda instrumentada en pagarés estará obligado a devolver dichos títulos de crédito en el mismo momento en que se produzca el pago total de la deuda.

La exposición de motivos del texto señala que la vulnerabilidad actual radica en que, una vez saldada la deuda, el pagaré —documento que constituye la prueba más fehaciente de su existencia— puede quedar en poder del acreedor o incluso de terceros. Esa situación abre la puerta a acciones judiciales indebidas o a la negociación del título de crédito ya cancelado, con el consiguiente perjuicio para el ciudadano.

Se encuentra en su segundo trámite constitucional y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

Régimen para funcionamiento de parques de diversiones 

El proyecto de ley “Que establece las normativas para la instalación y funcionamiento de los parques de diversión y atracciones o dispositivos de entretenimiento en la República del Paraguay”, también forma parte del temario a ser desarrollado por la Cámara de Diputados en su próxima reunión ordinaria. 

Según la exposición de motivos, la iniciativa surge ante la ausencia de una regulación específica a nivel nacional, ya que actualmente solo algunas municipalidades cuentan con normativas locales que varían considerablemente entre localidades.

La propuesta legislativa busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger sus derechos como consumidores, involucrando a las municipalidades y al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) como ente de verificación técnica. 

Entre los antecedentes que motivaron el proyecto figura un accidente ocurrido en la Expo Regional de Canindeyú, donde un niño de siete años resultó gravemente herido al caerle encima el riel de uno de los juegos.

Se pretende que la ley regule los requisitos mínimos para la instalación, operación y explotación de estos espacios recreativos, tanto públicos como privados, priorizando la protección de la vida humana y la seguridad de las instalaciones.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Pulverizaciones aéreas

El proyecto de ley “Que amplía el artículo 4° de la Ley N° 716/96, Que sanciona delitos contra el medio ambiente”, también forma parte del  orden del día de la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados

La iniciativa busca que los responsables de pulverizaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos, que no cumplan con las mínimas condiciones de seguridad, también sean incluidos como causales para la sanción con penas privativas de libertad.

La ley actual ley establece que serán sancionados con penitenciaría de tres a ocho años o multas de 500 a 2.000 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: a) Los que realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen gravemente el ecosistema; b) Los que procedan a la explotación forestal de bosques declarados especiales o protectores; c) Los que trafiquen o comercialicen ilegalmente rollos de madera o sus derivados; y, d) Los que realicen obras hidráulicas tales como la canalización, desecación, represamiento o cualquier otra que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de los humedales, sin autorización expresa de la autoridad competente y los que atenten contra los mecanismos de control de aguas o los destruyan.

La ampliación del referido artículo es la siguiente: “Los que realicen pulverizaciones aéreas y terrestres, utilizando agrotóxicos, fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, u otros productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica en zonas adyacentes a asentamientos humanos, instituciones educativas públicas o privadas, centros y puestos de salud, plazas, lugares de concurrencia pública, nacientes y en cursos de agua, sin respetar las franjas de protección impuestas en la normativa aplicable”.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Ampliación de permiso por paternidad 

La Cámara de Diputados tiene previsto analizar, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que modifica el artículo 13, inciso ‘b’ de la Ley N° 5508/15, De promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna". La iniciativa propone ampliar los permisos laborales por paternidad, reconociendo el papel activo de los padres en el cuidado y desarrollo temprano de sus hijos.

El proyecto mantiene el permiso actual, por paternidad, de 15 días hábiles para padres de recién nacidos, tanto en partos naturales como por cesárea.

Sin embargo, para los casos de cesárea con complicaciones, la licencia se incrementa a 20 días hábiles, y si el bebé nace prematuro o con necesidades especiales, establece que el permiso se extenderá a 30 días.

La propuesta se enmarca en un esfuerzo por fomentar la igualdad en la crianza y mitigar el impacto del estrés postparto en las madres, según la exposición de motivos.

La exposición de motivos expresa que los permisos por paternidad no solo promueven el vínculo afectivo entre padre e hijo, sino que también tienen beneficios para la salud mental de la madre, reduciendo el riesgo de depresión postparto.

Reconoce, por otro lado, los desafíos que esta propuesta podría presentar para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, por lo que sugirió explorar alternativas que garanticen la viabilidad financiera de la medida, tomando como ejemplo el modelo canadiense, donde el permiso por paternidad no es completamente remunerado.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Inamovilidad laboral para padres de recién nacidos

La Cámara de Diputados también tratará el proyecto de ley Que modifica y amplía el artículo 15 de la Ley N° 5508/15, "De Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna", con el objetivo de extender la inamovilidad laboral al padre del recién nacido o adoptado durante el período postnatal. 

La iniciativa, según la exposición de motivos, busca cerrar una brecha existente en la legislación vigente, que hasta ahora solo contempla salvaguardias específicas para la madre trabajadora, dejando desprotegido al progenitor varón frente a posibles despidos o modificaciones contractuales perjudiciales durante esa etapa.

Se fundamenta la propuesta en estudios internacionales que demuestran que la participación activa del padre en los primeros días de vida del hijo contribuye al desarrollo cognitivo, emocional y social del niño, al tiempo que promueve una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares. 

Señalaron además que países como Suecia, Noruega y España ya cuentan con políticas similares, con resultados positivos en materia de corresponsabilidad parental y bienestar familiar.

La propuesta también apunta a fortalecer la seguridad económica de las familias en un contexto donde, según el documento, ambos ingresos son frecuentemente indispensables para el sustento del hogar. 

El proyecto establece que, desde el momento en que el empleador sea notificado de la paternidad del trabajador, mediante certificado de nacimiento o resolución de adopción, y hasta ocho semanas después del nacimiento o adopción, serán nulas las acciones del empleador que tengan por objeto despedir al trabajador sin causa justificada; modificar las condiciones esenciales de su contrato de trabajo en perjuicio del trabajador; y trasladar al trabajador de su lugar de trabajo sin su consentimiento.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Emergencia vial en Ciudad del Este 

Otro de los proyectos que figura en el orden del día de la Cámara de Diputados es el “Que declara en situación de emergencia vial la Ruta PY02, desde la zona primaria del Puente de la Amistad hasta el kilómetro 3,5 de Ciudad del Este, y faculta al Poder Ejecutivo -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)-, a gestionar los recursos necesarios para la reparación del tramo afectado”.

La exposición de motivos señala que este tramo ha sufrido un "deterioro considerable" en los últimos años, presentando baches, hundimientos y deficiencias estructurales que lo convierten en "un trayecto altamente riesgoso".

Advierte que la magnitud de los pozos y el constante flujo de vehículos de gran porte generan "un peligro latente de accidentes viales", varios de los cuales ya han ocurrido.

Destaca, por otro lado, que la importancia de esta vía trasciende lo local, al tratarse de un punto neurálgico para el comercio internacional y el turismo.

El proyecto de ley contempla que el MOPC pueda coordinar acciones con la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación de Alto Paraná y demás instituciones competentes para la ejecución eficiente de las obras.

Faculta, además, a gestionar recursos mediante reasignación presupuestaria, utilización de fondos disponibles o cooperación con organismos internacionales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Símbolo del Ñanduti para identificar a conductor adulto mayor

El proyecto de ley “Que establece el diseño del ñandutí como símbolo del conductor adulto mayor”, es otro de los documentos que será considerado por la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria. 

El presente documento propone el uso voluntario del símbolo del ñandutí en colores verde y naranja como distintivo para identificar a conductores de 65 años o más en Paraguay. Su fundamento combina la seguridad vial con la revalorización cultural. 

Se sustenta en la Ley N° 5016/2014 de Tránsito, que ya exige exámenes anuales de aptitud psicofísica a partir de esa edad. La iniciativa se inspira en experiencias internacionales como el distintivo japonés para conductores mayores. 

El ñandutí fue elegido por ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, reconocido por varias leyes nacionales. 

Los colores tienen significado simbólico: el verde representa vida y actividad, mientras el naranja evoca precaución y calidez. 

El símbolo debe colocarse en la parte delantera y trasera del vehículo, en la carrocería, entre 40 y 120 cm del suelo, con un diámetro máximo de 15 cm. 

Su diseño oficial, se establece, será definido y registrado por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. 

Los demás conductores quedan obligados a extremar precaución y cortesía ante vehículos con este distintivo. 

La ley tiene carácter complementario a la normativa vigente de tránsito. Busca además promover el reconocimiento social hacia los adultos mayores como parte activa de la sociedad. 

El emblema pretende transmitir valores de sabiduría, tradición y unidad comunitaria. En conjunto, la iniciativa apunta a construir una cultura vial más inclusiva, respetuosa e intergeneracional.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional. El proyecto sufrió modificaciones en la Cámara de Senadores.

Día nacional del rescatista de animales

El orden del día de la Cámara de Diputados también incluye el estudio del proyecto de ley “Que declara el 4 de octubre de cada año como ‘Día del rescatista de animales’”

La exposición de motivos indica que cada 4 de octubre, el mundo conmemora el Día Mundial de los Animales, fecha que coincide con la festividad de San Francisco de Asís, declarado patrono de los animales por el Papa Juan Pablo II en 1980. 

Sin embargo, advierte que detrás de esta efeméride existe una realidad que pocas veces recibe la atención que merece: la labor incansable de los rescatistas de animales.

Agrega que la Ley N° 4840/12 “De protección y bienestar animal” contempla políticas de rescate, albergue y esterilización, pero su aplicación efectiva sería imposible sin el compromiso de estos ciudadanos anónimos que autogestionan alimento, refugio y atención veterinaria para los más desprotegidos.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional, tras sufrir modificaciones en la Cámara de Senadores luego de haberse aprobado en la Cámara de Diputados.

Búsqueda de personas desaparecidas

La plenaria de la Cámara de Diputados incluyó, igualmente, en su orden del día el estudio del proyecto de ley “Que establece el protocolo especial para la búsqueda por medios digitales de personas desaparecidas”.

La presente propuesta legislativa busca obligar a las empresas telefónicas públicas y privadas a proveer datos de geolocalización y triangulación de antenas celulares en tiempo real o en un plazo máximo de dos horas tras la solicitud oficial.

La iniciativa surge ante las reiteradas demoras de las operadoras en responder a los requerimientos de juzgados, fiscalías y la Policía Nacional, situación que entorpece las investigaciones en sus horas más críticas. 

El proyecto establece que los oficios serán cursados desde los juzgados de garantías bajo la figura del anticipo jurisdiccional de pruebas, y que tanto la Policía Nacional como la Fiscalía estarán facultadas para activar el mecanismo.

Asimismo, la norma obliga a las compañías a adecuar su infraestructura técnica para garantizar respuestas casi en tiempo real, señalando que la tecnología necesaria ya existe y se aplica comercialmente en otros servicios de rastreo. 

Se encuentra en su tercer trámite constitucional, tras el rechazo de la Cámara de Senadores que considera constituiría una sobrelegislación si se llega a aprobar la iniciativa, atendiendo que se encuentra en trámite otro proyecto de ley de alcance más amplio y con objetivos similares.

Se trata de la propuesta que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENAPED) y el Sistema Nacional de Alerta Inmediata para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (MAFE), inspirado en el caso de María Fernanda.

Emergencia en el Alto Paraguay 

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados también figura el tratamiento del proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia al Departamento de Alto Paraguay, a consecuencia de las inundaciones; y exonera del pago de energía eléctrica, de manera temporal, a los pobladores de los cuatro distritos del departamento, mientras dure el periodo de emergencia”. 

La exposición de motivos refiere que “las recurrentes e intensas precipitaciones en la región del Chaco paraguayo han provocado un desborde sin precedentes de los cauces hídricos, generando inundaciones masivas en los distritos de Fuerte Olimpo, Bahía Negra, Capitán Carmelo Peralta y Puerto Casado”. 

Señala que esta situación ha ocasionado un impacto devastador en la población local.

De acuerdo con el documento, la declaratoria de emergencia permitirá agilizar los procesos administrativos y la asignación de recursos “para lo cual es muy necesaria la exoneración del pago de energía eléctrica a los pobladores de Alto Paraguay, mientras dura el periodo de emergencia”.

El documento plantea la declaración de emergencia por el plazo de 120 días, prorrogables por igual período.

En cuanto a la exoneración temporal del pago de la tarifa de energía eléctrica a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), sería para aquellos pobladores que se encuentran pagando la tarifa social, de manera a que no exista una gran afectación presupuestaria para la institución. 

Es importante mencionar que el presente proyecto data del mes de mayo de año pasado y que recibió el rechazo de la Cámara de Senadores. 

Se encuentra en su tercer trámite constitucional.

Otros proyectos

La Cámara de Diputados también considerará los siguientes proyectos que desafectan y/o expropian terrenos en diferentes zonas del país. 

-Proyecto de ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Fernando de la Mora, a transferir a título oneroso un inmueble individualizado con Cta. Cte. Ctral N° 27-1036-03, finca N° 3722 a favor de su actual ocupante”. Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

-Proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, un inmueble individualizado como finca N° 7078, padrón N° 12890 y sus desprendimientos que afectan a las fincas Ns 9004, 9008, 9223, 9539, 9641, 9982, 9889, 11189, 12890, 19409 y 16099 pertenecientes a las manzanas con Ctas. Ctes. Ctrales. Ns 26-642, 26-643, 26-644, 26-645, 26-646, 26-647, 26-648, 26-649, 26-650, 26-651, 26-652 y 26-653, ubicado en la zona de la ex Colonia Félix de Azara – Asentamiento Primavera del municipio de Hernandarias, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes”. Se encuentra en su primer trámite constitucional.

-Proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo – Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), un inmueble identificado como finca N° 9.416 – padrón N° 15.207, distrito de Hernandarias, Departamento Alto Paraná, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes del Asentamiento Vy´a Renda”. Se encuentra en su primer trámite constitucional.

-Proyecto de ley “Que desafecta del dominio público municipal y afecta al dominio privado municipal el inmueble individualizado con la Cta. Cte. Ctral. N° 34-0230-01, matrícula N° Q05/703, ubicado en el distrito de Filadelfia, Departamento de Boquerón, y autoriza a la Municipalidad de Filadelfia a transferir una fracción del mismo, a título gratuito, a favor de instituciones del Estado”. Se encuentra en su segundo trámite constitucional.

-Proyecto de ley “Que declara de interés social y utilidad pública y autoriza a la Municipalidad de Guajayvi, a transferir a título gratuito, a favor de la Universidad Nacional de Asunción, una fracción de terreno para asiento de la Facultad de Ciencias Químicas – filial San Pedro, sede Guajayvi”. Se encuentra en su primer trámite constitucional.

-Proyecto de ley “Que declara de interés social y utilidad pública y autoriza a la Municipalidad de San Juan del Paraná, a transferir a título gratuito, a favor de la Universidad Nacional de Itapúa, fracciones de inmuebles para sede de las instalaciones edilicias del Campus Universitario”. Se encuentra en su tercer trámite constitucional. 

-Proyecto de ley “Que declara de interés social y utilidad pública y autoriza a la Gobernación del XIII Departamento de Amambay a transferir, a título gratuito, a favor del Estado paraguayo – Ministerio del Interior – Policía Nacional, una fracción de inmueble a ser desprendida de la finca N° 7.932, Cta. Cte. Ctral. N° 29-109-01, del distrito de Pedro Juan Caballero”. Se encuentra en su primer trámite constitucional.

-Proyecto de ley “Que autoriza la desafectación del inmueble de dominio público municipal ubicado en Cdte. UD-53/10, manzana Nº 75, solar Nº 03 del municipio de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, a favor del Estado paraguayo – Poder Judicial, para la construcción de la futura sede del Poder Judicial de la ciudad de Curuguaty” .