(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Comisión de Legislación y Codificación, cuyo presidente es el legislador Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), dio luz verde al proyecto de ley “Que establece el marco normativo para el procedimiento administrativo y el proceso judicial de restitución y visita internacional de niños, niñas y adolescentes”. 

El documento tiene media sanción de la Cámara de Senadores y aguarda su estudio en el pleno de Diputados, este martes.

“Responde a una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la sentencia “Córdoba vs. Paraguay” del 4 de septiembre de 2023, en la que se determinó que el país debía adaptar su legislación a estándares internacionales”, explicó el diputado Ávalos.

Agregó que el texto define, en su capítulo primero, disposiciones generales; ámbito de aplicación; y principios rectores, destacando el interés superior del niño, la celeridad y gratuidad en los procesos. 

En el capítulo segundo, acotó, se refuerzan estos principios; mientras que en el capítulo tercero se designa al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia como autoridad central para coordinar acciones nacionales e internacionales. 

Indicó que se establece un plazo máximo de 45 días corridos para ejecutar la restitución una vez dictada la sentencia; y que se prevén sanciones y responsabilidades para garantizar el cumplimiento.

Igualmente, que la idea es llenar un vacío legal que hoy afecta a los menores en casos de traslados o retenciones ilícitas en el extranjero, fortaleciendo el sistema jurídico nacional e incorporando los mecanismos internacionales ratificados por Paraguay desde 1996.

En otro momento, mencionó que la medida fue calificada como un avance significativo en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia; y que se enmarca en el compromiso de armonizar el derecho interno con los estándares internacionales.  

Creación de juzgados de Paz 

Otro punto analizado esta semana fue el proyecto de ley “Que crea juzgados de Paz en varias circunscripciones judiciales del país sin afectación presupuestaria”.

Los juzgados de Paz, a nivel país, pero principalmente en Capital, atraviesan una severa crisis operativa debido a la acumulación excesiva de casos pendientes, situación que está comprometiendo, seriamente, la eficiencia del sistema judicial y poniendo en riesgo el acceso oportuno a la justicia para los ciudadanos, según indica la carta de presentación.

“La sobrecarga de trabajo ha superado la capacidad humana de los administradores de justicia, provocando una congestión que dilata, excesivamente, la duración de los procesos judiciales. Esta situación representa un riesgo latente para los derechos fundamentales de los ciudadanos”, expresa.

Este problema resulta particularmente preocupante, considerando que una de las misiones principales de los juzgados de Paz es facilitar el acceso a la justicia.

“En esencia, se plantea la creación de más juzgados en el entendimiento de que estos nuevos órganos judiciales absorban la sobrecarga laboral sin generar impacto presupuestario, permitiendo descongestionar el sistema actual y restaurar la eficiencia en la prestación del servicio de justicia”, dijo el titular del bloque.

Señaló, finalmente, que el proyecto establece que los nuevos juzgados sean distribuidos de la siguiente manera: dos para el distrito San Roque; tres para el distrito La Catedral; cuatro para el distrito La Encarnación; dos juzgados de Paz para Ciudad del Este; uno para la ciudad de San Lorenzo; y uno para la ciudad de Minga Guazú.