Diputados prevé el tratamiento de 20 puntos en su sesión ordinaria próxima

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), determinó incluir un total de 20 puntos en el orden del día de la sesión ordinaria de este 17 de marzo a partir de las 09:00 horas. A continuación una síntesis de los principales temas. 

Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Unión Europea

La Cámara de Diputados analizará en su sesión ordinaria próxima la ratificación del Acuerdo Interino de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, un histórico tratado suscrito el 17 de enero de 2026 en Asunción. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. 

El texto establece una zona de libre comercio entre ambos bloques —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por un lado, y la UE por el otro— en el marco de las normas de la Organización Mundial del Comercio. 

Entre sus principales objetivos figuran la reducción y eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, la liberalización del comercio de servicios y la apertura de los mercados de contratación pública.

El acuerdo reconoce expresamente la situación particular de Paraguay como país en desarrollo sin litoral, y preserva el derecho de cada parte a legislar en áreas sensibles como salud pública, medio ambiente, educación y moral pública. 

Asimismo, incorpora compromisos en materia de desarrollo sostenible, responsabilidad social empresarial y protección laboral.

El tratado tiene carácter interino, ya que está concebido como un puente hacia la plena entrada en vigor del Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR, en cuyo momento dejará de aplicarse de manera autónoma. 

Si Diputados lo aprueba, Paraguay se convertirá en uno de los primeros Estados del bloque en completar su proceso de ratificación legislativa.

el acápite oficial del documento es el siguiente: “Acuerdo interino de comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte”. 

Se encuentra en su segundo trámite constitucional. 

Uso de teléfonos celulares en instituciones educativas 

La plenaria de Diputados, igualmente, proseguirá con el estudio, en particular, del proyecto de ley "Que prohíbe totalmente el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en instituciones educativas públicas". Esta iniciativa ya había sido aprobada, en general, a finales del año pasado, antes del receso parlamentario.

El proyecto plantea la prohibición del uso de celulares durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos, aunque establece excepciones. Se permitirá su utilización con fines pedagógicos bajo supervisión docente, así como en casos de accesibilidad, inclusión o salud. Establece, además, sanciones para los estudiantes que incumplan la normativa.

Advierte que, actualmente, existe una ley de restricción del uso de celulares en instituciones educativas, pero que esta resulta insuficiente al no contemplar sanciones específicas. 

Esta nueva propuesta prevé sanciones administrativas, como el retiro temporal del celular para su posterior devolución a los tutores. En caso de reincidencia, de acuerdo al reglamento interno de cada institución, se podrán aplicar otras medidas, incluyendo la convocatoria a los padres", detalla el documento.

El diputado José Rodríguez (ANR-Capital), proyectista del documento, había solicitado la aprobación, en general, del proyecto y su aplazamiento, en particular, con el objetivo de realizar audiencias públicas con todos los sectores involucrados para analizar y consensuar el contenido final de la norma.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Emergencia en el Alto Paraguay 

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados también figura el tratamiento del proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia al Departamento de Alto Paraguay, a consecuencia de las inundaciones; y exonera del pago de energía eléctrica, de manera temporal, a los pobladores de los cuatro distritos del departamento, mientras dure el periodo de emergencia”. 

La exposición de motivos refiere que “las recurrentes e intensas precipitaciones en la región del Chaco paraguayo han provocado un desborde sin precedentes de los cauces hídricos, generando inundaciones masivas en los distritos de Fuerte Olimpo, Bahía Negra, Capitán Carmelo Peralta y Puerto Casado”. 

Señala que esta situación ha ocasionado un impacto devastador en la población local.

De acuerdo con el documento, la declaratoria de emergencia permitirá agilizar los procesos administrativos y la asignación de recursos “para lo cual es muy necesaria la exoneración del pago de energía eléctrica a los pobladores de Alto Paraguay, mientras dura el periodo de emergencia”.

El documento plantea la declaración de emergencia por el plazo de 120 días, prorrogables por igual período.

En cuanto a la exoneración temporal del pago de la tarifa de energía eléctrica a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), sería para aquellos pobladores que se encuentran pagando la tarifa social, de manera a que no exista una gran afectación presupuestaria para la institución. 

Es importante mencionar que el presente proyecto data del mes de mayo de año pasado y que recibió el rechazo de la Cámara de Senadores. 

Se encuentra en su tercer trámite constitucional. 

Día nacional del rescatista de animales

El orden del día de la Cámara de Diputados también incluye el estudio del proyecto de ley “Que declara el 4 de octubre de cada año como ‘Día del rescatista de animales’”

La exposición de motivos indica que cada 4 de octubre, el mundo conmemora el Día Mundial de los Animales, fecha que coincide con la festividad de San Francisco de Asís, declarado patrono de los animales por el Papa Juan Pablo II en 1980. 

Sin embargo, advierte que detrás de esta efeméride existe una realidad que pocas veces recibe la atención que merece: la labor incansable de los rescatistas de animales.

“Movidos únicamente por el amor y la solidaridad, estos voluntarios enfrentan a diario la dura tarea de proteger a animales maltratados y abandonados, en su mayoría sin respaldo de instituciones públicas ni privadas. Hogares y refugios existen, pero son insuficientes frente a la magnitud del problema, y su funcionamiento depende casi exclusivamente del esfuerzo mancomunado de quienes los sostienen con sus propios recursos”, expresa parte del documento que fundamenta la presentación del proyecto. 

Agrega que la Ley N° 4840/12 “De protección y bienestar animal” contempla políticas de rescate, albergue y esterilización, pero su aplicación efectiva sería imposible sin el compromiso de estos ciudadanos anónimos que autogestionan alimento, refugio y atención veterinaria para los más desprotegidos.

Ante esta realidad, surge una propuesta concreta: instaurar el "Día Nacional del Rescatista Animal", un reconocimiento oficial que visibilice y honre a quienes, día tras día, eligen defender a los que no tienen voz.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional, tras sufrir modificaciones en la Cámara de Senadores luego de haberse aprobado en la Cámara de Diputados.

Interpelación a autoridades del IPS

La Cámara de Diputados también estudiará el proyecto de resolución “Que cita e interpela al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Brítez, y al gerente de Salud, Dr. Derlis León”, ante la crisis de desabastecimiento que afecta a asegurados en todo el país.

El documento, firmado por varios legisladores, denuncia que 173 ítems del Listado Básico de Medicamentos registran stock cero, lo que representa aproximadamente el 32% del total, incluyendo fármacos oncológicos, antihipertensivos, antibióticos y medicamentos para pacientes crónicos. “El propio presidente del IPS reconoció públicamente la ausencia de 46 medicamentos esenciales”, dice parte de la exposición de motivos. 

Agrega que “la situación se agrava con fallas reiteradas en equipos biomédicos críticos: angiógrafos, mamógrafos, tomógrafos y respiradores permanecen fuera de servicio sin contratos vigentes de mantenimiento. El caso más emblemático fue el fallecimiento del asegurado Braulio Vázquez, vinculado a la inoperatividad del angiógrafo del Hospital Central”.

Los diputados cuestionan además el manejo administrativo, señalando que el IPS proyecta para 2026 un presupuesto de 13,14 billones de guaraníes, con un incremento del 16% respecto al año anterior. Si los recursos crecen y los servicios colapsan, sostienen los legisladores, el problema es de gestión y no financiero.

El escrito apunta también a una "puerta giratoria institucional": el Dr. León fue removido del Ministerio de Salud tras el fallecimiento de una niña en Villarrica por fallas en terapia intensiva, y luego fue designado en el IPS. 

Asimismo, el exgerente de Abastecimiento, separado del cargo por el desabastecimiento, fue reincorporado como asesor presidencial.

La interpelación, amparada en el artículo 193 de la Constitución Nacional, busca respuestas concretas sobre criterios de gasto, procesos licitatorios y resultados sanitarios desde agosto de 2023.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Devolución de pagarés al deudor

Se trata de una iniciativa que obliga a los acreedores a devolver los pagarés en el momento del pago total de una deuda, bajo pena de multas administrativas de hasta el 20% del monto adeudado.

El documento propone cerrar un vacío legal que hoy deja expuestos a miles de deudores incluso después de haber cumplido íntegramente con sus obligaciones financieras. 

Establece que todo acreedor de una deuda instrumentada en pagarés estará obligado a devolver dichos títulos de crédito en el mismo momento en que se produzca el pago total de la deuda.

La exposición de motivos del texto señala que la vulnerabilidad actual radica en que, una vez saldada la deuda, el pagaré —documento que constituye la prueba más fehaciente de su existencia— puede quedar en poder del acreedor o incluso de terceros. Esa situación abre la puerta a acciones judiciales indebidas o a la negociación del título de crédito ya cancelado, con el consiguiente perjuicio para el ciudadano.

El proyecto contempla además una solución para los casos en que el acreedor alegue pérdida o extravío del documento: en esas circunstancias, deberá entregar al deudor un recibo de pago junto a una declaración jurada ante escribano público que acredite la extinción de la obligación.

En materia sancionatoria, la norma es contundente. El acreedor que sin causa justificada se niegue a entregar el pagaré será considerado en mora y quedará sujeto a una multa administrativa equivalente al 20% del monto de la deuda pagada, que será aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) previa denuncia del afectado. 

Paralelamente, el deudor perjudicado podrá acudir a la vía judicial para exigir la devolución del título, y el juez interviniente podrá ordenar además el pago de daños y perjuicios.

El proyecto declara la ley de orden público, lo que implica que ninguna cláusula contractual entre las partes podrá dejar sin efecto su cumplimiento. 

Se encuentra en su segundo trámite constitucional y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

Transporte terrestre de mercaderías 

Otro de los proyectos que figura en el orden del día para su estudio por la Cámara de Diputados es el proyecto de ley “Que crea el Registro Nacional de Conductores Profesionales del Transporte Terrestre de Mercaderías”.

Esta iniciativa apunta a mejorar la seguridad vial, la eficiencia logística y la formalización del sector del transporte de carga en el país.

Según esta propuesta, el registro mantendrá un catastro de todos los choferes profesionales del sector del transporte terrestre de mercaderías.

El documento señala la obligatoriedad de inscripción para todos los conductores profesionales del sector, teniendo en cuenta los graves problemas ya surgidos por la falta de un registro centralizado.

Según la exposición de motivos, la falta de datos precisos y de acceso a los antecedentes de los choferes profesionales, derivan en la contratación de choferes no profesionales o improvisados, lo que ocasiona el uso inapropiado de los camiones, produciendo un excesivo desgaste o incluso la pérdida total del camión, de la mercadería y, peor aún, de vidas humanas.

Menciona, además, el agravante de que las compañías de seguro se eximen de otorgar coberturas a siniestros cuando éstos se producen como consecuencia del actuar imprudente o negligente del chofer.

El proyecto contempla mecanismos para la suspensión o inhabilitación de conductores por malas prácticas o conductas negligentes; y establece que las empresas transportadoras podrán reportar incidencias y solicitar acciones ante la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Régimen profesional de despachantes de aduanas 

La Cámara de Diputados también analizará un proyecto de ley que propone actualizar y corregir el marco normativo que regula los honorarios profesionales y las condiciones de ejercicio de los despachantes de aduana, derogando la vigente Ley Nº 220/93, que data de hace más de tres décadas.

La iniciativa reconoce que los despachantes de aduana cumplen un rol estratégico en el comercio exterior del país, al actuar como intermediarios técnicos entre los operadores privados y la administración aduanera. 

Sin embargo, el documento advierte que el marco legal que regula sus honorarios y condiciones laborales no ha acompañado las profundas transformaciones ocurridas desde 1993, entre ellas la digitalización de trámites, el crecimiento del volumen comercial y la incorporación de nuevas responsabilidades profesionales.

Según la exposición de motivos, el proyecto fue elaborado a partir de una solicitud formal del Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay (CDAP). 

Entre sus disposiciones centrales, establece un sistema de honorarios mínimos obligatorios, fija reglas claras de exigibilidad y regula las relaciones contractuales entre los profesionales y sus clientes. Además, prohíbe expresamente modalidades de subordinación que desnaturalicen el carácter independiente propio de esta actividad.

En materia ética y disciplinaria, la norma propone otorgar al gremio un rol de autorregulación, en coordinación con el Código Aduanero y las autoridades competentes, apuntando al fortalecimiento institucional de la profesión.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que la ley contribuirá a eliminar inequidades, ordenar las relaciones entre los actores del comercio exterior y dignificar una función técnica especializada que, hasta ahora, opera bajo condiciones normativas desactualizadas.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

COPACO: Transferencia de personal a otras instituciones del Estado

El proyecto de ley “Que autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima, COPACO S.A., a instituciones del Estado”, también forma parte del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. 

Se trata de un proyecto que propone autorizar, de manera excepcional, la transferencia laboral del personal activo de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO S.A.) hacia otras instituciones del Estado, como respuesta a un vacío legal que durante años impidió concretar esa movilidad.

Según la exposición de motivos, la iniciativa surge en un contexto de incertidumbre para los más de tres mil funcionarios de la empresa estatal, muchos de ellos con alta formación técnica y años de experiencia acumulada en áreas consideradas estratégicas para la administración pública. 

Los impulsores del proyecto argumentan que ese capital humano no puede ser desaprovechado y que diversas instituciones del Estado ya demandan perfiles profesionales y técnicos especializados como los que COPACO S.A. puede ofrecer.

Agrega que intentos anteriores de establecer mecanismos de movilidad laboral fracasaron debido a interpretaciones divergentes sobre la naturaleza jurídica de la empresa y sobre las normas que rigen el ingreso a la función pública. 

Esa ambigüedad generó un vacío legal que bloqueó medidas que, según los legisladores, habrían protegido empleos y fortalecido instituciones públicas. 

El texto recuerda además que, incluso antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 7545/2025, los traslados temporales de funcionarios de COPACO S.A. hacia otros organismos y entidades del Estado ya estaban siendo autorizados.

El proyecto aclara expresamente que la transferencia no implicará un nuevo ingreso a la función pública, sino una modalidad de movilidad laboral habilitada por esta ley especial. Los funcionarios conservarían sus derechos adquiridos, antigüedad y aportes previsionales, sin que el mecanismo suponga creación de nuevos cargos ni aumento del gasto público.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Símbolo del Ñanduti para identificar a conductor adulto mayor

El presente proyecto de ley propone el uso voluntario del símbolo del ñandutí en colores verde y naranja como distintivo para identificar a conductores de 65 años o más en Paraguay. Su fundamento combina la seguridad vial con la revalorización cultural. 

Se sustenta en la Ley N° 5016/2014 de Tránsito, que ya exige exámenes anuales de aptitud psicofísica a partir de esa edad. La iniciativa se inspira en experiencias internacionales como el distintivo japonés para conductores mayores. 

El ñandutí fue elegido por ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, reconocido por varias leyes nacionales. 

Los colores tienen significado simbólico: el verde representa vida y actividad, mientras el naranja evoca precaución y calidez. 

El símbolo debe colocarse en la parte delantera y trasera del vehículo, en la carrocería, entre 40 y 120 cm del suelo, con un diámetro máximo de 15 cm. 

Su diseño oficial, se establece, será definido y registrado por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. 

Los demás conductores quedan obligados a extremar precaución y cortesía ante vehículos con este distintivo. 

La ley tiene carácter complementario a la normativa vigente de tránsito. Busca además promover el reconocimiento social hacia los adultos mayores como parte activa de la sociedad. 

El emblema pretende transmitir valores de sabiduría, tradición y unidad comunitaria. En conjunto, la iniciativa apunta a construir una cultura vial más inclusiva, respetuosa e intergeneracional.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional. El proyecto sufrió modificaciones en la Cámara de Senadores.

Compensación a municipios de Canindeyú

Se trata de un proyecto de ley que propone modificar la fuente de financiamiento de la compensación económica establecida por la Ley N° 5404/2020, destinada a los municipios del Departamento de Canindeyú como reparación por la desaparición de los Saltos del Guairá, uno de los patrimonios naturales más emblemáticos que Paraguay perdió con la construcción de la represa Itaipú.

La iniciativa plantea que el Estado paraguayo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, transfiera anualmente el equivalente al 6% al municipio de Salto del Guairá, y el 2% distribuido en partes iguales entre los demás distritos del departamento.

Los porcentajes mencionados es con respecto al 50% que recibe la Administración Central en concepto "royalties" y  "compensaciones en razón del territorio inundado" de las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, respectivamente.

El proyecto prevé, igualmente, un cambio en la fuente de financiamiento teniendo en cuenta que estos fondos ya no provendrían de FONACIDE, sino de los recursos de royalties regulados por la Ley N° 3984, específicamente de los montos correspondientes a la Administración Central.

En materia de transparencia y control, el proyecto establece que la Contraloría General de la República y demás órganos competentes deberán fiscalizar estrictamente el uso de los recursos. Los municipios beneficiados estarán obligados a presentar informes trimestrales detallados ante la CGR, con documentación respaldatoria de acceso público.

El resarcimiento económico tendría una vigencia de 20 años a partir de la promulgación de la ley, con el objetivo de compensar el daño histórico y cultural que significó para estas comunidades la inundación que sepultó bajo las aguas del embalse a los legendarios Saltos del Guairá.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Universidad Autónoma Academo

La plenaria de Diputados, igualmente, analizará en su sesión ordinaria próxima el proyecto de ley “Que crea la Universidad Autónoma Academo”.

Se trata de una institución de gestión privada cuyo funcionamiento se regirá por el artículo 79 de la Constitución Nacional, la Ley N° 4995/2013 de Educación Superior, la Ley N° 2072/2003 de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, y demás normas aplicables a su naturaleza universitaria.

La propuesta de creación fue presentada con el objetivo de establecer una casa de estudios superiores que cuente con la Facultad de Ingeniería, ofreciendo la licenciatura en Análisis Informático, y la Facultad de Humanidades, con la licenciatura en Educación Escolar Básica del Primer y Segundo Ciclo, además de un Posgrado con especialización en Docencia de la Educación Superior.

Según la exposición de motivos, la institución se concibe como una universidad de vanguardia orientada a la innovación y la generación de nuevos conocimientos, con ejes estratégicos enfocados en la producción del saber y sus aplicaciones prácticas, la formación de profesionales altamente calificados, tanto en el ámbito productivo como en el de servicios, y la preparación de cuadros dirigenciales para la conducción económica, social y política del país. 

Asimismo, se propone la producción de pensamiento crítico orientado al mejoramiento de la sociedad, y la profundización del conocimiento en historia, lenguas, expresiones artísticas y culturales, comunicación y relaciones sociales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Otros proyectos

El orden del día de la sesión ordinaria de Diputados también incluye el tratamiento de siete proyectos de desafectación municipal, además de cinco proyectos que conceden pensiones graciables a diferentes personas.