Respaldan proyecto de ley que pretende frenar “mafia de los pagarés”

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador José Rodríguez (ANR-Capital), emitió dictamen favorable para el proyecto de ley “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”.

El documento se encuentra en su segundo trámite constitucional y cuenta con media sanción de la Cámara Alta, donde se utilizó como texto base el dictamen de la comisión especial de investigación sobre “la mafia de los pagarés”.

La propuesta busca garantizar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos que cancelan sus obligaciones financieras mediante títulos de crédito.

Establece que todo acreedor cuya deuda esté documentada mediante pagaré deberá devolver dicho instrumento al deudor en el mismo momento en que se realice el pago total. 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a sanciones administrativas que podrán alcanzar hasta el 20 % del monto de la deuda cancelada.

Según exposición de motivos, el proyecto desea subsanar un vacío legal que actualmente deja en situación de vulnerabilidad a numerosos deudores pues, en muchos casos, aun después de haber saldado completamente la obligación, el pagaré permanece en poder del acreedor o de terceros, lo que abre la posibilidad de iniciar acciones judiciales indebidas o negociar nuevamente el título ya cancelado.

Para los supuestos en que el acreedor alegue pérdida o extravío del documento, la normativa prevé un mecanismo alternativo. 

En tales casos, deberá entregar al deudor un recibo de pago acompañado de una declaración jurada ante escribano público que certifique la extinción de la deuda.

En cuanto al régimen sancionador, la propuesta dispone que el acreedor que se niegue injustificadamente a entregar el pagaré será considerado en mora y quedará sujeto a una multa administrativa equivalente al 20 % del monto abonado.

La sanción sería aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), previa denuncia del afectado.

Asimismo, el deudor podría recurrir a la vía judicial para exigir la devolución del título, pudiendo el juez interviniente ordenar también el resarcimiento por daños y perjuicios.

Finalmente, el proyecto declara a la futura normativa como “ley de orden público”, lo que implica que ninguna cláusula contractual entre las partes podrá dejar sin efecto las obligaciones establecidas en la misma.