Proyecto de ley busca regularizar asentamiento de 52 familias en Mariano Roque Alonso

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La diputada Johana Vega (ANR-Central) presentó una iniciativa legislativa que propone declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación una porción del inmueble identificado como Finca N° 5.493, Padrón N° 3.989, ubicado en el Barrio San Blas, distrito de Mariano Roque Alonso, Departamento Central, donde se encuentra el Asentamiento 24 de Marzo.

La iniciativa busca regularizar la situación habitacional de 52 familias de escasos recursos que ocupan el terreno de manera pacífica y continua, y que a lo largo del tiempo han introducido mejoras en el lugar, consolidando un proceso de arraigo social. 

En el asentamiento funciona además un comedor comunitario infantil, dato que la diputada destacó como evidencia de la organización vecinal existente.

La exposición de motivos fundamenta la propuesta en el artículo 100 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a una vivienda digna y obliga al Estado a promover planes habitacionales para sectores de bajos ingresos. 

Asimismo, cita el artículo 109 de la Carta Magna, que habilita la expropiación por causa de utilidad pública o interés social mediante ley, con el pago de una justa indemnización a los propietarios afectados.

"El derecho a la vivienda no debe interpretarse como el mero hecho de contar con un techo, sino como el derecho a vivir con seguridad, paz y dignidad", sostuvo la legisladora en el documento presentado ante sus pares.

El proyecto contempla que, una vez sancionada y promulgada la ley, sea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) el organismo encargado de llevar adelante el loteamiento, la transferencia de los lotes a nombre de los ocupantes y las regularizaciones técnicas necesarias.

Según el documento que justifica la presentación del proyecto, la presentación cumple con los requisitos exigidos por la Ley N° 5.832/17, que regula los proyectos de expropiación de inmuebles urbanos o periurbanos a favor de sus ocupantes. 

Entre los requisitos acreditados figuran el plano georreferenciado con la poligonal del área ocupada, el informe de condiciones de dominio actualizado y la verificación de mejoras y ocupación efectiva del predio.

La diputada Vega solicitó el acompañamiento de sus colegas legisladores, argumentando que la medida permite conciliar el derecho de propiedad —garantizado mediante la indemnización correspondiente— con el derecho a la vivienda digna de las familias más vulnerables.