Aprueba pedidos de informes sobre feminicidios dirigidos a tres instituciones del Estado

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria última, Sobre Tablas, aprobó, tres proyectos de resolución que solicitan informes a distintas instituciones públicas sobre la prevención, investigación e intervención estatal en casos de feminicidio en el país.

Las iniciativas fueron impulsadas por la diputada Leidy Galeano (Yo Creo-Central) y buscan obtener datos concretos sobre el funcionamiento real de los mecanismos de protección, la coordinación interinstitucional y la eficacia de las políticas públicas orientadas a prevenir la violencia extrema contra las mujeres. Los pedidos están dirigidos al Ministerio de la Mujer, al Ministerio Público y al Ministerio del Interior.

Ministerio de la Mujer: prevención y capacidad de respuesta

Uno de los pedidos “Que pide informes al Ministerio de la Mujer sobre prevención real en casos de feminicidio” solicita información detallada al Ministerio de la Mujer sobre las acciones de prevención primaria del feminicidio y la efectividad de sus programas actuales.

Entre los puntos requeridos se incluyen los programas de prevención vigentes y los distritos donde se aplican, así como la cantidad de campañas educativas sostenidas ejecutadas entre los años 2023 y 2025, junto con el presupuesto destinado a estas iniciativas.

Además, se pide conocer los indicadores utilizados por la institución para medir si dichas campañas contribuyen realmente a reducir el riesgo de feminicidio.

El informe también deberá precisar cuántos centros de atención integral funcionan actualmente en el país y cuántos operan con cobertura permanente las 24 horas, así como el tiempo promedio de respuesta desde que una mujer solicita ayuda hasta recibir atención efectiva.

Otro aspecto clave apunta a determinar cuántas víctimas de feminicidio contaban con denuncias previas por violencia, qué porcentaje del presupuesto institucional se destina exclusivamente a prevención y cómo fue la ejecución presupuestaria de los programas contra la violencia en los últimos tres años.

Finalmente, se solicita explicar el mecanismo de coordinación operativa con la Fiscalía y la Policía Nacional cuando se detectan casos catalogados como de alto riesgo.

Ministerio del Interior: intervención policial y control de agresores

El segundo proyecto “Que pide informes al Ministerio del Interior (MI) sobre intervención policial en casos de feminicidio”, se enfoca en la actuación policial ante hechos de violencia familiar y feminicidio.

Solicita datos sobre la cantidad mensual de denuncias por violencia familiar que recibe la Policía Nacional y cuántas derivan en intervenciones efectivas, además del tiempo promedio de respuesta ante llamadas por violencia doméstica. El requerimiento incluye información sobre la existencia de registros activos de agresores reincidentes y los mecanismos utilizados para controlar el cumplimiento de órdenes de alejamiento.

Asimismo, se solicita detallar cuántos policías fueron capacitados en violencia de género durante los últimos tres años; si dicha formación es obligatoria o voluntaria; y qué comisarías cuentan con oficiales especializados en atención a víctimas.

El informe también deberá aclarar si existen patrullas preventivas específicas o si la intervención policial se produce únicamente tras una denuncia formal, además del sistema de intercambio de información de riesgo con la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer.

Ministerio Público: denuncias previas y eficacia del sistema penal

El tercer proyecto “Que pide informes al Ministerio Público (MP) sobre denuncias previas en casos de feminicidios”, refiere al tratamiento fiscal de las denuncias previas en estos casos.

Entre los datos requeridos figura el porcentaje de víctimas que habían denunciado anteriormente a sus agresores y las medidas dictadas en esos casos, así como las razones por las cuales dichas acciones no lograron evitar el desenlace fatal.

También solicita información sobre la cantidad anual de órdenes de alejamiento dictadas y cuántas son efectivamente controladas, además del número de feminicidios ocurridos pese a existir medidas de protección vigentes.

El pedido incluye el tiempo promedio transcurrido entre la denuncia y la primera imputación en casos de violencia contra la mujer, así como estadísticas sobre tentativas de feminicidio registradas desde 2017 y cuántas culminaron en condenas.

Igualmente, se busca identificar las fallas institucionales detectadas en casos donde hubo tentativas previas que posteriormente derivaron en feminicidios consumados.

Finalmente, la Cámara de Diputados solicita conocer cuántos fiscales especializados en violencia de género existen actualmente y cuántos serían necesarios según la carga real de trabajo.