Pensión para personas con discapacidad severa en cualquier edad tiene aprobación en general

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). En el inicio del periodo ordinario de sesiones 2026, la Cámara de Diputados aprobó en general, por unanimidad, el proyecto de ley “Que modifica los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley Nº 7322/2024 - Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión”. 

Se resolvió postergar por 60 días el estudio en particular y conformar una mesa técnica que definirá los alcances presupuestarios y de implementación.

La propuesta, impulsada por el diputado Roberto González (ANR-Cordillera), plantea extender la pensión universal a las personas con discapacidad severa de cualquier edad, argumentando que este segmento enfrenta barreras físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales que le impiden integrarse al mundo laboral y sostener una vida digna sin apoyo estatal.

Según exposición de motivos, la Ley 7322/2024 nació con el espíritu de asegurar un ingreso mensual - equivalente al 25 % del salario mínimo - a personas vulnerables que, por su edad o condición, carecen de posibilidades de generar ingresos.

El proyectista sostuvo que, bajo esa misma lógica, corresponde incluir a personas con discapacidad severa, muchas de las cuales requieren cuidados permanentes y costosos tratamientos médicos.

Dijo que miles de personas con discapacidad viven penurias y recordó que la Constitución las reconoce como “personas excepcionales”.

“Lo que vengo a plantear es que no se exija edad a una persona con discapacidad para que pueda cobrar el subsidio”.

Añadió que, en el caso de la tercera edad, el elemento definitorio es la edad de 65 años, “por la ficción de que al llegar a los 65 declina la capacidad de producción”.

Enfatizó que no se puede exigir a una persona con impedimento de tipo severo que cumpla 60 años para acceder al subsidio, dado que muchas de estas personas ni siquiera alcanzan dicha edad debido al sedentarismo y las complicaciones derivadas de sus condiciones.

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA-Ñeembucú) ratificó su acompañamiento, destacando que significará igualar el beneficio al de los adultos mayores; es decir, el 25 % del salario mínimo, como un paliativo para mejorar la calidad de vida de este sector “invisibilizado e ignorado por el Estado”.

El diputado Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú), manifestó su respaldo a la aprobación en general y solicitó la postergación del estudio en particular, con el objetivo de permitir un análisis más profundo que garantice viabilidad y efectiva implementación.

Resaltó la sensibilidad de esta iniciativa y remarcó que el estudio se venía postergando para evitar irresponsabilidades. 

Advirtió que el desafío se centra en el financiamiento, por lo que celebró la creación de una mesa técnica para evaluar números.

La legisladora Cristina Villalba (ANR-Canindeyú) subrayó la necesidad de definir claramente los tipos y grados de discapacidad, a fin de que la implementación sea realizable. 

Los diputados Alejandro Aguilera (ANR-Guairá), Hugo Meza (ANR-Cordillera), Alejo Ríos (PLRA-Caaguazú), entre otros, también se pronunciaron a favor.

Luego del intercambio de ideas el plenario resolvió la postergación por 60 días del estudio en particular, mientras se conforma la mesa técnica que analizará alcances, financiamiento, impacto presupuestario y otros ajustes.