(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado, Raúl Latorre (ANR-Capital), determinó conformar con 26 puntos el orden del día de la sesión ordinaria prevista para el 22 de julio próximo. Los principales puntos de la sesión, que se prevé inicie a las 09:00 horas, se detallan a continuación:

Modificaciones y ampliaciones presupuestarias 

La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria próxima, pondrá a consideración de su plenaria una serie de proyectos de modificaciones y ampliaciones presupuestarias que buscan fortalecer a instituciones educativas de distintos puntos del país.

Estos reajustes presupuestarios, que forman parte del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, aprobado por Ley Nº 7408/2024, representan una inversión estratégica con alto impacto, principalmente, en el desarrollo académico y científico nuestro país. 

Universidad Nacional de Misiones: Entre los proyectos destacados se encuentra la ampliación presupuestaria solicitada para la Universidad Nacional de Misiones. La propuesta prevé una inyección de 5.168 millones de guaraníes para el fortalecimiento del plantel docente, coordinadores, auxiliares de servicio y la adquisición de equipos de salud, laboratorio e informática. Este refuerzo contribuirá directamente a la mejora de la calidad educativa y la infraestructura institucional, según la exposición de motivos.

Facultad de Ciencias Veterinarias: Otro de los proyectos apunta a la Facultad de Ciencias Veterinarias, filial San Juan Bautista Misiones, dependiente de la Universidad Nacional de Asunción. Ante el crecimiento sostenido de la matrícula estudiantil, se propone una ampliación de 721 millones de guaraníes, que permitirá incorporar personal de servicios, administrativos y profesionales, garantizando así el acompañamiento adecuado al aumento de la demanda académica.

Universidad Nacional de Pilar: En la misma línea, la Universidad Nacional de Pilar también figura entre las beneficiadas, con una solicitud de 735 millones de guaraníes. El monto será destinado a cubrir necesidades de recursos humanos clave como técnicos, docentes, coordinadores académicos, investigadores y personal administrativo.

Facultad de Ciencias Agrarias: Por su parte, la Facultad de Ciencias Agrarias, filial Santa Rosa Misiones, dependiente igualmente de la Universidad Nacional de Asunción, prevé recibir una ampliación de 723 millones de guaraníes.

Esta suma se utilizará para contratación de profesionales, mantenimiento edilicio, adquisición de mobiliario y equipamientos tecnológicos y recreativos, atendiendo al crecimiento estudiantil y a las exigencias de una formación técnica de calidad.

Estas cuatro modificaciones presupuestarias, que tienen como proyectistas a los diputados Carlos Arrechea (ANR-Misiones) y Arnaldo Valdez (PLRA-Misiones), ponen de manifiesto su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo.

En la exposición de motivos estos legisladores explican que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del país. “La aprobación de estos reajustes no solo responde a demandas urgentes de infraestructura y personal, sino que representa una inversión de largo plazo en el futuro del Paraguay”, según las respectivas propuestas. 

Los cuatro proyectos mencionados se encuentran en su primer trámite constitucional. 

Otras ampliaciones presupuestarias

La Cámara de Diputados, igualmente, analizará otros tres proyectos de ley relacionados con ampliaciones del Presupuesto General de la Nación: uno para la Corte Suprema de Justicia; otro para el Ministerio de Defensa Nacional; y un tercero para gobiernos departamentales (ejercicio 2024), que probablemente va a ser rechazado por extemporáneo. 

Corte Suprema de Justicia: La propuesta para el Poder Judicial asciende a G. 104.546.667 y busca regularizar categorías existentes en el Anexo del Personal y realizar traslados de cargos entre programas.

El financiamiento se realizará mediante la eliminación de cargos vacantes y la reasignación de créditos presupuestarios de cargos jerárquicos, específicamente, de los Objetos del Gasto 111 (Sueldos) y 113 (Gastos de Representación). Esta estrategia representa una reorganización interna sin incrementar el número total de funcionarios, según la exposición de motivos. 

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.

Ministerio de Defensa Nacional: Por otro lado, la ampliación solicitada para el Ministerio de Defensa Nacional asciende a G. 36.989.084.573 en la Fuente de Financiamiento 30 (Recursos Institucionales). Los fondos permitirán cubrir la adquisición de materias primas para la comercialización de explosivos, accesorios y afines, conforme a la Ley Nº 7411/2024 sobre armas de fuego, municiones, explosivos y artículos pirotécnicos.

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.

Ministerio de Economía y Finanzas – Gobernaciones: El tercer proyecto busca ampliar el presupuesto para el Ministerio de Economía y Finanzas para ser destinado a gobiernos departamentales, basado en un convenio entre las gobernaciones e Itaipú Binacional.

La hidroeléctrica, explica la exposición de motivos, dotará de 126 maquinarias pesadas (motoniveladoras, tractores, retroexcavadoras, volquetes, excavadoras y palas cargadoras) a las reparticiones departamentales. Las gobernaciones necesitan contratar personal para operar estas máquinas, pero carecen de recursos económicos para hacerlo.

El monto solicitado originalmente era de G. 3.603.600.000, pero fue reducido al 50%. El proyecto se encuentra en su tercer trámite constitucional, habiendo sido aprobado por Diputados pero rechazado por la Cámara de Senadores.

Premio Nacional de Literatura y Ciencia

Otro de los temas que fue incluido en el orden del día de la próxima sesión de la Cámara de Diputados, es el proyecto de ley “Premio Nacional de Literatura y Ciencia”, que tiene por objeto actualizar y modernizar la normativa vigente desde 1997.

La propuesta busca fortalecer el estímulo a la producción cultural y científica en Paraguay mediante una serie de modificaciones estructurales.

El nuevo texto legislativo propone distinguir de forma alternada, cada año, a jóvenes escritores, autores consagrados en lengua guaraní y castellano, así como a investigadores en diversas ramas de las ciencias: naturales, sociales y tecnológicas. 

Además, se plantea aumentar la claridad sobre los requisitos de postulación y redefinir las competencias de las comisiones responsables de otorgar los galardones.

Según el documento, cada premio consistirá en una suma equivalente a 50 salarios mínimos, con fondos provenientes del presupuesto de la Presidencia de la República.

Según datos citados en el proyecto, la producción científica nacional ha crecido en la última década, mientras que la creación literaria aún enfrenta desafíos. 

En 2019, por ejemplo, se registraron apenas 750 publicaciones, ubicando a Paraguay en los últimos lugares de América Latina, según la exposición de motivos. 

La iniciativa también incorpora criterios rigurosos de evaluación. Para las ciencias, solo se aceptarán investigaciones publicadas en revistas indexadas y arbitradas o presentadas en congresos científicos. 

Para literatura, se considerará la trayectoria y el aporte cultural del autor, además de obras individuales.

Finalmente, el jurado de cada premio será integrado por cinco expertos designados garantizando imparcialidad y excelencia en la elección.

Con esta renovación, se busca reforzar la cultura y la ciencia, reconociendo a quienes, desde la palabra y el conocimiento, aportan al desarrollo del país, expresa, finalmente, el documento que justifica la presentación del proyecto.

Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Se encuentra en su segundo trámite constitucional.

Restitución de menores 

El orden día de la Cámara de Diputados especifica que también va a ser considerado, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que establece el marco normativo para el procedimiento administrativo y el proceso judicial de restitución y visita internacional de niños, niñas y adolescentes”. 

La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, responde a una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la sentencia “Córdoba vs. Paraguay” del 4 de septiembre de 2023, en la que se determinó que el país debía adaptar su legislación a estándares internacionales.

El texto del proyecto define —en su Capítulo I— sus disposiciones generales, ámbito de aplicación y principios rectores, destacando el interés superior del niño, la celeridad y gratuidad en los procesos. 

En el Capítulo II se refuerzan estos principios, mientras que en el Capítulo III se designa al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia como Autoridad Central para coordinar acciones nacionales e internacionales. 

Los capítulos IV a VII regulan las etapas procedimentales: presentación de solicitudes dentro de un año; medidas cautelares y plazos estrictos; disposición de mediación; tramitación judicial acelerada; y garantías de contacto entre progenitores. 

Además, se establece un plazo máximo de 45 días corridos para ejecutar la restitución una vez dictada la sentencia y se prevén sanciones y responsabilidades para garantizar su cumplimiento.

Según la exposición de motivos, con esta normativa, se pretende llenar un vacío legal que afecta a los menores en casos de traslados o retenciones ilícitas en el extranjero, fortaleciendo el sistema jurídico nacional e incorporando los mecanismos internacionales ratificados por Paraguay desde 1996.

Agrega que la medida fue calificada como un avance significativo en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, y se enmarca en el compromiso del gobierno actual de armonizar el derecho interno con los estándares internacionales.  

Se encuentra en su segundo trámite constitucional, tras la aprobación del documento por la Cámara de Senadores.

Tribunales de sentencia 

Otro de los documentos a ser considerados por los diputados, en ocasión de la sesión ordinaria próxima, es el proyecto de ley “Que modifica el Art. 41 de la Ley N° 1.286/98, Código Procesal Penal”, con el objetivo de ampliar las competencias de los tribunales de Sentencia Unipersonales en el sistema judicial paraguayo.

La iniciativa parlamentaria propone que los jueces penales puedan actuar de forma individual en casos de delitos con penas de hasta cinco años de prisión, extendiendo significativamente el límite actual que está fijado en sólo dos años.

Según la exposición de motivos del proyecto, la medida busca combatir la mora judicial que afecta al sistema penal paraguayo, principalmente, ocasionada por las dificultades para integrar, oportunamente, los tribunales colegiados (compuestos por tres jueces), situación que provoca frecuentes suspensiones de juicios orales.

"Esta modificación contribuirá a una justicia más ágil, eficiente y acorde con las demandas ciudadanas", según se argumenta en el documento presentado ante la Cámara de Diputados.

Es importante mencionar que el texto actual del Código Procesal Penal establece en su artículo 41 que los tribunales Unipersonales solo pueden juzgar hechos punibles con penas de multa o privativas de libertad de hasta dos años. 

La propuesta eleva este límite a cinco años, lo que permitirá, según el documento, que un solo magistrado pueda resolver una mayor cantidad de causas sin necesidad de conformar tribunales colegiados.

La modificación textual propuesta establece específicamente cuanto sigue: "El tribunal Unipersonal será competente para conocer de la sustanciación del juicio por hechos punibles cuya sanción sea exclusivamente pena de multa o privativa de libertad hasta cinco años, cuando el Ministerio Público lo solicita".

El proyecto se fundamenta en diversos artículos de la Constitución Nacional, especialmente, los referidos al derecho a ser juzgado por tribunales competentes (art. 16) y a la administración de justicia conforme a principios constitucionales (art. 247).

Además, señala que el artículo 13 del Código Penal clasifica como "delitos" aquellos hechos punibles con penas privativas de libertad de hasta cinco años o multa, muchos de los cuales ya admiten salidas procesales alternativas antes de llegar a juicio oral.

Finalmente, la exposición de motivos señala que esta reforma podría representar un avance significativo para mejorar los tiempos procesales y reducir la sobrecarga del sistema judicial paraguayo.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Resoluciones apelables 

El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados prevé, por otro lado, el estudio del proyecto de ley “Que modifica el artículo 461 de la Ley Nº 1286/98, Código Procesal Penal”

Esta propuesta legislativa tiene por objeto introducir modificaciones al referido artículo 461 que regula el recurso de la apelación general.

En esencia, la iniciativa busca eliminar la prohibición de apelar resoluciones de apertura a juicio oral, considerado inconstitucional, por restringir el derecho humano a la doble instancia, reconocido en la Constitución Nacional y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, según la exposición de motivos.

Explica que, actualmente, el artículo en cuestión permite apelar varias resoluciones judiciales, pero excluye, expresamente, los autos de apertura a juicio.

“Esta restricción ha sido cuestionada por la Corte Suprema de Justicia, que en un fallo histórico (Caso Vilma Lucila Macchi de Morales, 2024) declaró inconstitucional esta prohibición, sentando un precedente para proteger el derecho al recurso en procedimientos penales”, dice parte de la fundamentación del proyecto.

La reforma, igualmente, busca alinear el marco normativo con el principio de “doble conforme”, que garantiza que dos tribunales revisen los casos para evitar errores judiciales y asegurar justicia.

“Con ello”, dice el documento de justificación del proyecto, “se fortalece el acceso a la tutela judicial efectiva, promoviendo un sistema penal más justo y acorde a los estándares internacionales”.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Proporcionalidad de la privación de libertad

Otro de los puntos que se encuentra incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, es el proyecto de ley "Que modifica los artículos 236 y 238 de la Ley N° 1286/98, Código Procesal Penal (Proporcionalidad de la privación de libertad y limitaciones, respectivamente)”.

Este proyecto tiene por objeto establecer una proporcionalidad entre la privación de libertad y la expectativa de la pena a aplicarse a los procesados por la justicia.

El artículo 236 de la referida ley que habla de la “proporcionalidad de la privación de libertad”, establece, actualmente, que la privación de libertad, durante el procedimiento, deberá ser proporcional a la pena que se espera.

La propuesta de modificación agrega la siguiente redacción: “En ningún caso podrá durar más de dos años, aun cuando la pena mínima para igual hecho punible resulte superior a este límite”.

Agrega, inmediatamente, después que, “(…) cumplido este plazo, el imputado deberá ser beneficiado, incluso de oficio, con los rigores de las medidas sustitutivas, en especial por la del arresto domiciliario, bajo el régimen de los dispositivos electrónicos de control establecidos por la Ley N° 5863/17, Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”.

Con relación al artículo 238, que refiere a las “Limitaciones”, estipula en su redacción actual que, no se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de setenta años; de las mujeres en los últimos meses de embarazo; de las madres durante la lactancia de sus hijos; o de las personas afectadas por una enfermedad grave y terminal, debidamente comprobada. 

En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará el arresto domiciliario.

El agregado propuesto establece que, tampoco se podrá aplicar la prisión preventiva, extenderla o continuar al imputado, acusado o condenado que haya cumplido, efectivamente, dos años de prisión preventiva en la misma causa.

En el documento se explica que la prisión preventiva creada y definida como tal es una medida de duración determinada, cuya implementación jurisdiccional debe sujetarse a los principios que lo sustentan.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Denuncias contra el Servicio Nacional de Catastro

El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados prevé, igualmente, el estudio del proyecto de resolución “Que crea una comisión especial de investigación y evaluación de denuncias formuladas contra la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro”.

La iniciativa busca crear una comisión integrada por nueve diputados nacionales que tendrá la misión de investigar y esclarecer las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades administrativas, actos de corrupción y mal manejo de información catastral que podrían afectar la seguridad jurídica del régimen de propiedad inmueble, según el documento de que justifica la presentación del proyecto. 

La comisión especial estará facultada para convocar a audiencias públicas, realizar reuniones y visitas a representantes de instituciones públicas y privadas. Los legisladores proyectistas argumentan que esta medida se enmarca en la función de control político y fiscalización que corresponde a la Cámara de Diputados, según establece el artículo 186 de la Constitución Nacional.

Una vez instalada, la comisión tendrá un plazo de 90 días, prorrogables por igual período, para elevar un informe con conclusiones definitivas, aunque podrá adelantar informes parciales sobre puntos específicos. 

El objetivo es garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y, de ser necesario, remitir antecedentes a las autoridades competentes.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Creación de juzgados de Paz 

La plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, igualmente, considerará el proyecto de ley “Que crea juzgados de Paz en varias circunscripciones judiciales del país sin afectación presupuestaria”.

La exposición de motivos del proyecto expresa que los juzgados de Paz, a nivel país, pero principalmente en Capital, atraviesan una severa crisis operativa debido a la acumulación excesiva de casos pendientes, situación que está comprometiendo, seriamente, la eficiencia del sistema judicial y poniendo en riesgo el acceso oportuno a la justicia para los ciudadanos.

“La sobrecarga de trabajo ha superado la capacidad humana de los administradores de justicia, provocando una congestión que dilata, excesivamente, la duración de los procesos judiciales. Esta situación representa un riesgo latente para los derechos fundamentales de los ciudadanos”, expresa parte del documento. 

Agrega que el problema resulta, particularmente, preocupante considerando que una de las misiones principales de los juzgados de Paz es precisamente facilitar el acceso a la justicia, función que se ve seriamente comprometida por la actual situación, según revela el documento. 

En esencia, el proyecto plantea la creación de más juzgados en el entendimiento que estos nuevos órganos judiciales absorban la sobrecarga laboral sin generar impacto presupuestario, permitiendo descongestionar el sistema actual y restaurar la eficiencia en la prestación del servicio de justicia.

Establece que los nuevos juzgados serán distribuidos de la siguiente manera: dos juzgados de Paz para el distrito San Roque; tres juzgados de Paz para el distrito La Catedral; cuatro juzgados de Paz para el distrito La Encarnación; dos juzgados de Paz para la ciudad de Ciudad del Este; un juzgado de Paz para la ciudad de San Lorenzo; y un juzgado de Paz para la ciudad de Minga Guazú.

La lista continúa con un juzgado de Paz para la ciudad de Presidente Franco; dos juzgados de Paz para la ciudad de Luque; un juzgado de Paz para la ciudad de Fernando de la Mora; un juzgado de Paz para la ciudad de Lambaré; un juzgado de Paz para la ciudad de San Estanislao; un juzgado de Paz para la ciudad de Capiatá; y un juzgado de Paz para la ciudad de Santa Rosa Misiones.

Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Se encuentra en su segundo trámite constitucional. 

Reglamentación para la bandera, escudo y sellos patrios 

Otro de los puntos a ser abordados por la plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, es el proyecto de ley “Que establece la reglamentación para el diseño y el uso del Pabellón de la República, de los escudos nacionales y del Sello Nacional, de acuerdo a la ley originada en el Soberano Congreso Nacional Extraordinario del 25 de noviembre de 1842”. 

Esta iniciativa tiene como objetivo dar cumplimiento al artículo 139 de la Constitución Nacional, el cual dispone la necesidad de reglamentar las características de los símbolos nacionales.

Dichos aspectos, según la exposición de motivos, no habían sido abordados en profundidad en la ley original aprobada por el Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842.

El proyecto propone la creación de un marco legal actualizado que complemente la normativa histórica y contemple los principios heráldicos internacionales.

“Este instrumento jurídico busca reforzar el respeto hacia los emblemas patrios, promoviendo una identidad nacional auténtica y un compromiso ciudadano con los valores republicanos”, dice parte del escrito de fundamentación.

El texto detalla, igualmente, de manera específica las características del Pabellón de la República, los escudos nacionales y el Sello Nacional, definiendo proporciones, colores y elementos simbólicos.

Asimismo, establece normas claras para su uso en diferentes ámbitos, como instituciones públicas, centros educativos y representaciones diplomáticas en el exterior.

Es importante mencionar que en el mes de julio de 2013, el entonces presidente de la República, Federico Franco, decreto mediante, estableció las actuales características de los escudos nacionales, ya que no existe, desde 1842, una ley que establezca reglas claras para su modificación.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto fue rechazado, en segunda instancia, por la cámara revisora (Senadores), que remitió, nuevamente, el documento a Diputados para su tercer trámite constitucional. 

Subsidio al transporte

La plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, también estudiará el proyecto de ley "Que regula el uso de tarjetas en el servicio del transporte público y canaliza el subsidio otorgado por el Estado a dicho servicio e incluye su uso en plataformas digitales de transporte". 

La propuesta apunta a que los subsidios estatales sean acreditados directamente a las tarjetas electrónicas o billeteras digitales de los usuarios, permitiendo también su utilización en plataformas de transporte como Uber, Bolt, Muv, Yango y otros.

Según la exposición de motivos, el proyecto establece la creación de un sistema único de tarjetas electrónicas o billeteras digitales, administrado por el Viceministerio del Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Establece que cada usuario podrá registrarse y obtener una única tarjeta habilitada con su documento de identidad. En caso de extravío, se podrá solicitar la anulación y transferencia del saldo a una nueva tarjeta.

Uno de los pilares de la propuesta es que los subsidios sean asignados de forma directa a los usuarios según criterios de elegibilidad, como el nivel de ingresos, discapacidad, tercera edad y condición de estudiante. Esto busca garantizar que la ayuda estatal llegue a quienes realmente la necesitan y fomentar un uso más eficiente de los recursos públicos.

En la exposición de motivos se asegura que la iniciativa otorga mayor libertad y control a los ciudadanos sobre el subsidio del transporte. Entre los beneficios destacan:

Acceso directo y flexible: Los usuarios podrán elegir el medio de transporte que mejor se adapte a sus necesidades y horarios.

Mayor comodidad y eficiencia: La eliminación de intermediarios permitirá un uso más ágil y cómodo del subsidio.

Empoderamiento del usuario: Cada beneficiario tendrá el control sobre cómo y dónde utilizar su subsidio, optimizando su movilidad diaria.

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.

Intervención al municipio de Lima 

Otro de los puntos que figura en el orden del día de la Cámara de Diputados, para su tratamiento en sesión plenaria próxima, es la “Solicitud del acuerdo constitucional para disponer la intervención de la Municipalidad de Lima, Departamento de San Pedro”. 

La plenaria de Diputados deberá decidir si presta su acuerdo para la intervención del referido municipio de Lima, a cargo del intendente Juan Manuel Avalos Vera, quien es denunciado por la Junta Municipal, por los hechos de “mal desempeño en sus funciones, con indicios vehementes de delitos cometidos en su administración y graves irregularidades en la administración de los bienes municipales", según la documentación presentada.  

“El pedido de intervención es a consecuencia de las incontables irregularidades administrativas, contables y financieras, cometidas por el ejecutivo municipal, reflejadas en los dos últimos ejercicios fiscales (Año 2021,2022), los cuáles fueron rechazados sus balances por la Junta Municipal”, dice parte del escrito presentado por la Junta Municipal.

Préstamo internacional 

El orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados contempla, igualmente, el estudio de un proyecto de ley que aprueba un contrato de préstamo suscrito entre nuestro país y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por un monto de hasta USD. 135.000.000, como así también con el Fondo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID), por un monto de hasta USD. 50.000.000.

El monto del préstamo, según el documento de justificación del proyecto, será utilizado para el financiamiento del Programa de Rehabilitación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Ruta Nacional PY22, tramo Concepción-Vallemí-San Lázaro y Accesos (Vial 4), a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

En esencia, el programa contempla la rehabilitación, construcción, mejora y mantenimiento de aproximadamente 219,1 km en el Departamento de Concepción, distribuidos en los siguientes proyectos: (1) Concepción – Vallemí - San Lázaro (180 km); (2) Concepción - San Miguel - Cruce Primavera, Acceso a Zona Franca Concepción y Variante Concepción (39,1 km).

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Se encuentra en su segundo trámite constitucional. 

Centenario de la Guerra del Chaco 

Otro de los ítems que figura en el orden del día para su tratamiento, en ocasión de la sesión ordinaria próxima, de la Cámara de Diputados es el proyecto de ley “Que declara ‘Centenario de la Victoria de la Guerra del Chaco’ al período comprendido entre el 14 de junio de 2025 y el 14 de junio de 2035”. La iniciativa, que coincidiría con el centenario del Armisticio de Paz firmado el 14 de junio de 1935, también propone derogar la Ley N° 6090/18, Que establece el ‘Sesquicentenario de la Epopeya Nacional’.

Según la exposición de motivos, de aprobarse el proyecto, todos los documentos oficiales de los tres poderes del Estado, gobiernos departamentales y municipales deberán llevar la leyenda "Centenario de la Victoria de la Guerra del Chaco" durante la próxima década.

Además, las promociones de instituciones educativas y de formación de las fuerzas públicas también llevarán esta denominación, seguida del nombre de batallas o héroes civiles y militares que participaron en el conflicto.

"Es de fundamental importancia para todos los paraguayos reavivar la memoria en cuanto a los acontecimientos históricos que han marcado el rumbo de nuestro país", señala parte de la exposición de motivos del proyecto.

Entre los objetivos de la conmemoración se encuentran: Homenajear a los héroes civiles, militares y al soldado desconocido; fortalecer la memoria histórica y la identidad nacional; difundir conocimientos sobre la Guerra del Chaco; promover la construcción y mantenimiento de monumentos en honor a los combatientes, entre otros.

En la exposición de motivos se explica que la Guerra del Chaco (1932-1935), fue un conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia por la soberanía del Chaco Boreal. Tras varios tratados limítrofes fallidos entre ambos países, se desató una guerra que culminó con el Tratado de Paz, Amistad y Límites firmado en 1938.

Como resultado, Paraguay obtuvo 136.225 km² (el 77% del territorio disputado), lo que actualmente representa el 60% del territorio nacional. "La heroica hazaña de nuestros compatriotas en suelo chaqueño permitió que el Paraguay se corone con la victoria", destaca el proyecto.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Emergencia en Alto Paraguay 

El orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados establece, por otro lado, el estudio del proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia al Departamento de Alto Paraguay a consecuencia de las inundaciones, y exonera del pago de energía eléctrica de manera temporal a los pobladores de los cuatro distritos del departamento mientras dure el periodo de emergencia”.

La iniciativa surge ante el desborde de cauces hídricos de la zona debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas (mes de mayo 2025), que han provocado inundaciones de gran magnitud en los cuatro distritos del decimosexto departamento del país.

“Los habitantes de Fuerte Olimpo, Bahía Negra, Capitán Carmelo Peralta y Puerto Casado enfrentan desde hace dos meses el impacto devastador del desbordamiento del río”, expresa parte de la exposición de motivos. 

Agrega que cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares para refugiarse en albergues temporales o trasladarse a comunidades vecinas.

El documento también señala que las vías de comunicación, como caminos y puentes, han sufrido daños considerables, manteniendo aislados a los pobladores y dificultando la llegada de ayuda humanitaria por parte del Gobierno Nacional. 

La actividad económica, principalmente, basada en la agricultura y ganadería se encuentra paralizada, "afectando gravemente los medios de vida de la comunidad", advierte el proyecto.

El proyecto establece, igualmente, la exoneración del pago de energía eléctrica, indicando que "la ANDE deberá arbitrar los medios necesarios para la implementación efectiva de esta medida, sin que ello implique la suspensión del servicio por falta de pago de períodos anteriores a la emergencia".

Recomienda, por otro lado, al Poder Ejecutivo realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para afrontar los gastos derivados de la declaración de emergencia.

De ser aprobado el proyecto, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) deberá presentar informes mensuales al Congreso Nacional sobre el avance en la recuperación de las zonas afectadas.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Emergencia vial en tramo Villarrica-Itapé

La plenaria de la Cámara de Diputados también prevé el estudio del proyecto de ley "Que declara en emergencia vial la Ruta Departamental Nº 8, tramo que une la ciudad de Villarrica con la ciudad de Itapé, del Departamento del Guairá".

La iniciativa legislativa surge ante el "avanzado estado de deterioro" que presenta esta vía de comunicación, según expresa la exposición de motivos del proyecto. 

En el documento se argumenta que la actual condición de la ruta representa un obstáculo para el desarrollo económico, social y productivo de la región.

Se destaca, por otro lado, que este tramo constituye una arteria fundamental para la conectividad de los ciudadanos que, diariamente, transitan por el lugar. “El deterioro de la infraestructura vial dificulta el transporte de personas y bienes, además de generar riesgos constantes de accidentes que ponen en peligro la seguridad de los usuarios”, según el documento. 

El proyecto también señala que la deficiente condición de la ruta afecta, negativamente, a los productores locales y al turismo interno, sectores más que importantes para la economía regional del Guairá.

El articulado del proyecto contempla la autorización al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para realizar las gestiones correspondientes y contratar "por la vía de la excepción" las obras, materiales y servicios necesarios para la reparación, mantenimiento y puesta a punto del tramo en cuestión.

Según el documento, esta modalidad de contratación por excepción permitiría acelerar los procesos burocráticos habituales y agilizar la ejecución de las obras de reparación que requiere la ruta departamental.

Agrega que la aprobación de esta iniciativa permitirá realizar las obras de reparación y mantenimiento "de manera urgente", con el objetivo de garantizar el libre y seguro desplazamiento de vehículos livianos, pesados y de transporte público.

Por último, explica que la declaración de emergencia vial constituye un mecanismo legal que permite a las autoridades competentes actuar con mayor celeridad ante situaciones críticas de infraestructura que requieren intervención inmediata para preservar la seguridad ciudadana y la conectividad regional.

Régimen especial de jubilación para Senepa

La Cámara de Diputados, por otro lado, pondrá a consideración de los parlamentarios el proyecto de la ley “Que establece un régimen especial de jubilación e indemnización para los funcionarios permanentes del Servicio Nacional de Control y Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores (SENEPA), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”.

El documento establece que los funcionarios del Senepa, que hayan cumplido 25 años de antigüedad y que tengan 55 años de edad, tendrá derecho a la jubilación ordinaria; mientras que aquellos funcionarios que haya cumplido como mínimo 10 años de antigüedad, y que sean mayores de 55 años de edad, tendrán derecho a una jubilación extraordinaria.

Estipula, por otra parte, que a los funcionarios con derecho a la jubilación ordinaria, corresponderá percibir como jubilación mensual, un monto equivalente al 100 % de su salario y remuneraciones adicionales.

A los funcionarios con derecho a la jubilación extraordinaria, corresponderá percibir el equivalente al 50 por ciento de su remuneración.

Igualmente, establece que los funcionarios que se hayan acogido a la jubilación, tanto ordinaria como extraordinaria, tendrán derecho a percibir una indemnización por única vez el equivalente a 2 salarios por cada año de servicio.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Eliminación de intermediación de OPACI

Otro de los proyectos de ley que aguardan tratamiento durante la plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, es un presentó un proyecto de ley que busca devolver a los municipios la gestión directa de las licencias de conducir y los procesos relacionados a bienes raíces, eliminando la participación de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) como intermediaria.

La iniciativa que lleva como título "Que establece la eliminación de la intermediación de la OPACI en la expedición de licencias de conducir y en los procesos relacionados a bienes y raíces", apunta a recuperar competencias que, según los diputados proponentes, corresponden, exclusivamente, a las municipalidades por mandato legal y naturaleza jurídica. 

El proyecto cuestiona la actual dependencia operativa y económica que mantienen muchos municipios del país con la OPACI.

En la exposición de motivos, los legisladores señalan que esta delegación de funciones "ha generado una dependencia operativa y económica que afecta tanto la eficiencia institucional como la autonomía administrativa de los gobiernos locales".

Según el documento, actualmente, la OPACI actúa como intermediaria en la implementación de sistemas, impresión de documentos y verificación de datos para la expedición de licencias de conducir, percibiendo "un monto fijo o un porcentaje por cada trámite realizado".

Los diputados argumentan que esta tercerización representa "una carga económica para los contribuyentes y los municipios" y que ha limitado la posibilidad de que las municipalidades desarrollen sus propios sistemas y capaciten a su personal.

Según la exposición de motivos, en el ámbito inmobiliario, la OPACI también participa como "canal obligatorio de validación" en procesos como la verificación del pago de tributos inmobiliarios y emisión de constancias, lo que según los legisladores "prolonga los tiempos administrativos, genera costos adicionales y resta capacidad de decisión a los gobiernos locales".

Agrega que la iniciativa no pretende dejar sin soporte técnico a los municipios, sino que propone que el Estado —a través del Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATIC) u otras instituciones pertinentes— acompañe a los municipios en la implementación de soluciones públicas y eficientes.

Protección contra el grooming 

La plenaria de la Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria próxima, también prevé el análisis del proyecto de ley “De protección de niños, niñas y adolescentes contra el grooming en Paraguay”.

La propuesta legislativa tiene por objeto establecer un marco legal para la protección de niños, niñas y adolescentes contra el acoso sexual a menores de edad a través de medios digitales (grooming).

“El grooming es un delito que implica el acoso y la manipulación de menores por parte de adultos a través de internet, con el objetivo de establecer una relación de confianza que luego puede llevar a situaciones de abuso o explotación sexual”, indica el documento presentado.

De esta manera, los legisladores proyectistas buscan prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas en el territorio de la República del Paraguay.

Según lo expresado en la exposición de motivos, el grooming es una problemática creciente en el contexto digital actual, debido a la facilidad de acceso a internet de los menores y la falta de una supervisión adecuada a los mismos por parte de los adultos.

El documento explica que países de la región han implementado legislaciones para combatir este delito, razón por la cual existe una necesidad imperante de modernizar la legislación paraguaya.

En nuestro país, la ley Nº 6002/2017, introdujo una modificación al artículo 135 del Código Penal, con lo que se incluye el delito de abuso a menores de edad a través de medios tecnológicos.

Aun así, la norma no introduce, específicamente, delitos con la nomenclatura de grooming, sexting o cyberbullying, dice, finalmente, la exposición de motivos.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Día Nacional del Estudiante 

Igualmente, en ocasión de la sesión ordinaria de Diputados, la plenaria prevé el estudio del proyecto de ley que busca proclamar el 23 de octubre de cada año como el "Día Nacional del Estudiante".

Esta iniciativa tiene como objetivo principal conmemorar y reconocer el papel fundamental que desempeñan los estudiantes en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, según el documento de fundamentación.

En la exposición de motivos del proyecto, se establece que "la educación es un pilar fundamental para el desarrollo y progreso de cualquier nación" y que "los estudiantes son la esperanza y el futuro de nuestra patria", por lo que es esencial reconocer su importancia dentro de la sociedad paraguaya.

Agrega que la fecha propuesta para celebrar el Día Nacional del Estudiante hace referencia a la gesta estudiantil del 23 de octubre de 1931, cuando estudiantes secundarios y universitarios se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir una, contundente, respuesta a la invasión boliviana al Chaco Paraguayo.

“Lamentablemente, la manifestación fue reprimida, violentamente, por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 11 estudiantes fallecidos, quienes fueron las primeras víctimas de la Guerra del Chaco”, expresa el documento. 

El proyecto de ley plantea que, en el marco de esta conmemoración anual, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, puedan organizar una "Semana del Estudiante", con actividades como charlas, conferencias, eventos deportivos y culturales, concursos y ferias educativas, así como debates y paneles sobre las necesidades de los jóvenes.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Comercio de chatarras 

La plenaria de la Cámara de Diputados también analizará, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, y plásticos de polietileno tereftalato (PET)”, que tiene como principal objetivo combatir una millonaria evasión fiscal y frenar el creciente tráfico ilegal de estos materiales.

La iniciativa aborda dos problemáticas centrales: el aspecto ambiental-social del reciclaje y la significativa fuga tributaria que representa más de 100 millones de dólares anuales en impuestos no recaudados debido a la subfacturación en exportaciones, según la exposición de motivos. 

Según el documento, los exportadores de residuos metálicos declaran valores por debajo del precio real de mercado para evadir obligaciones tributarias. “Esta práctica se facilita mediante el sistema "HAWALÁ", un mecanismo informal de transferencia de fondos que opera a través de casas de cambio, evadiendo los controles estatales”, según el documento. 

Asegura que la falta de regulación ha generado un mercado negro que se manifiesta en robos sistemáticos de infraestructura pública y privada. Entre los casos más graves se registran la sustracción masiva de tapas de medidores de ANDE, ESSAP y cables de Copaco; robo de señales de tránsito y barandas de protección vial; profanación de tumbas en cementerios para extraer metales de féretros; y sustracción de piezas de monumentos históricos.

El proyecto propone crear un Registro Nacional de Comercio de Residuos bajo la órbita del Ministerio de Industria y Comercio, que controlará todas las etapas: acopio, almacenamiento, procesamiento, refundición y exportación.

La norma establece una lista específica de materiales cuya comercialización queda prohibida, incluyendo medidores de servicios públicos, chapas de vehículos, rejillas de sumideros, señalización vial, placas de cementerios y cables de servicios públicos.

El proyecto involucra a varios organismos para el control del proceso como SEPRELAD, que incluirá a los exportadores como sujetos obligados para detectar transacciones sospechosas; SENAD: que deberá realizar controles para prevenir el uso de estos canales por el narcotráfico; y la DNIT: que podrá ajustar precios de exportación cuando sean inferiores al 70% de los valores internacionales.

Las infracciones serán penadas con multas de 100 a 5.000 jornales mínimos y cancelación temporal del registro hasta por un año. En caso de reincidencia, se aplicará la cancelación definitiva del registro.

Se encuentra en su segundo trámite constitucional. Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. 

Emergencia hortícola por heladas 

El último proyecto que figura en el orden del día, para su tratamiento en la sesión ordinaria próxima, de la Cámara de Diputados es un proyecto de ley que declara en situación de emergencia nacional a la producción hortícola del país, como respuesta a los severos daños causados por las heladas registradas en las últimas semanas. 

La iniciativa legislativa, que lleva por título "Que declara en situación de emergencia a la producción hortícola nacional a consecuencia de las heladas y establece medidas de apoyo a pequeños productores", busca una respuesta inmediata del Estado ante la crisis que atraviesa el sector agrícola.

Según la exposición de motivos del proyecto, las intensas y persistentes heladas provocaron la pérdida total o parcial de una significativa proporción de cultivos hortícolas en diversos departamentos del país, afectando, especialmente, a los pequeños y medianos productores.

Los legisladores proyectistas alertaron sobre las múltiples consecuencias de esta situación, que incluyen el desabastecimiento parcial en mercados regionales de productos esenciales para la dieta paraguaya, el aumento de precios que genera presión inflacionaria sobre productos de consumo básico, y la pérdida masiva de ingresos de pequeños productores que operan con escasos recursos.

"Esta situación representa un grave riesgo para la soberanía alimentaria nacional y agrava la crisis social y económica en las zonas rurales", señala parte del documento presentado.

La propuesta legislativa establece la declaración de emergencia nacional por un plazo de 120 días, prorrogables por igual período. Entre las medidas contempladas, se instruye al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a implementar, urgentemente, un plan nacional de mitigación y recuperación.

Este plan incluiría subsidios y líneas de crédito blandos para pequeños productores, reposición de plantines, semillas e insumos agrícolas, además de asistencia técnica para la recuperación de cultivos.

El proyecto también autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar el plan, así como gestionar recursos adicionales de organismos multilaterales.

Los legisladores destacaron que ante la ausencia de un plan estructural de mitigación y resiliencia climática en el sector agrícola, eventos como las heladas profundizan la desigualdad territorial y productiva, dejando a miles de paraguayos en situación de vulnerabilidad.

"Existe riesgo de desplazamiento rural y endeudamiento, al verse imposibilitados de reiniciar sus ciclos productivos", advirtieron en la fundamentación del proyecto.