Nuevo proyecto de ley busca establecer un régimen general de peajes en rutas nacionales y departamentales

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). El diputado Benjamín Cantero (ANR-Canindeyú), presentó recientemente un proyecto de ley “Que establece el régimen general de peajes en redes viales nacionales y departamentales de la República del Paraguay”, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera, la transparencia y la modernización del sistema de mantenimiento de las carreteras del país.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte expansión de la infraestructura vial, período en el que se realizaron inversiones históricas en rutas pavimentadas. 

Sin embargo, el crecimiento de la red vial trajo aparejado un desafío central: asegurar los recursos necesarios para su mantenimiento preventivo y correctivo a lo largo del tiempo.

Según la exposición de motivos, el actual esquema de financiamiento, basado principalmente en recursos del Tesoro Público (Fuente 10), y créditos externos (Fuente 20), resulta insuficiente para sostener un nivel óptimo de servicio en las rutas, especialmente ante el incremento del parque automotor y del transporte de carga logística.

El proyecto se apoya en el principio de “usuario-pagador”, planteando que no resulta equitativo que el mantenimiento de rutas utilizadas mayoritariamente por vehículos de carga o por el turismo, sea financiado por la totalidad de los contribuyentes, incluidos aquellos que no utilizan la red vial. 

El peaje es concebido como una tasa retributiva por un servicio directo que incluye transitabilidad segura, asistencia en ruta y mejores condiciones de circulación, lo que se traduce además en beneficios económicos para los usuarios, como menor consumo de combustible y menor desgaste vehicular.

Entre los objetivos centrales se destacan la creación de un sistema financieramente sostenible, mediante un fondo específico y blindado para la conservación vial; la institucionalización de criterios técnicos para la fijación de tarifas, evitando discrecionalidades; la modernización tecnológica con la implementación obligatoria del peaje electrónico interoperable; y el fortalecimiento de la transparencia y el control en la recaudación y uso de los fondos.

El proyecto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), será la autoridad de aplicación, con facultades para dictar las reglamentaciones necesarias, aunque prevé mecanismos de auditoría externa y rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República y la ciudadanía.

Tarifas con base en criterios técnicos

En cuanto a las tarifas, éstas serán fijadas por el Poder Ejecutivo, a propuesta del MOPC, considerando criterios como el tipo de vehículo según peso y número de ejes; la distancia recorrida; las necesidades de inversión del tramo; y la actualización conforme al índice de inflación anual. 

El documento dispone un plazo máximo de 24 meses para la implementación progresiva del sistema de peaje electrónico en todo el país.

Contempla exenciones únicamente para vehículos de las fuerzas públicas en servicio; vehículos de emergencia; y vehículos oficiales debidamente identificados.

Respecto al destino de los recursos, se crea el “Fondo de Mantenimiento Vial”, en el cual se depositará todo lo recaudado por concepto de peajes. Dichos fondos no podrán ser utilizados para gastos corrientes del Estado y estarán destinados exclusivamente al mantenimiento y conservación de rutas; señalización; seguridad vial; asistencia técnica y auxilio mecánico; modernización tecnológica; y servicios de primeros auxilios en ruta. Además, se establece un “Fondo Nacional de Conservación Vial”, bajo administración del MOPC y con auditoría anual de la Contraloría General de la República.

Finalmente, prevé sanciones para la evasión del pago de peaje, fijando multas equivalentes a diez jornales mínimos; y obliga a la cartera de obras a publicar trimestralmente, en su portal web, los montos recaudados por cada puesto, así como el detalle de las obras ejecutadas. 

En el caso de las rutas concesionadas o bajo el régimen de Alianza Público-Privada, se respetarán los contratos vigentes, siempre que no contravengan principios de seguridad y transparencia.

Según manifestó el diputado proyectista, la idea es dotar al Paraguay de una herramienta jurídica moderna que permita preservar el patrimonio vial nacional y fortalecer la competitividad logística del país en la región.

Esta iniciativa será estudiada por las comisiones asesoras tras el reinicio de las actividades oficiales.