(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). En sesión ordinaria de esta semana, en el espacio de Sobre Tablas, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) -Viceministerio del Transporte-, sobre el nivel de cumplimiento de las empresas de transporte público con las disposiciones de la Ley 6789”. 

Cabe señalar que la Ley 6789/2021 “Que cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público infractores de la Ley”, tiene por objeto establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplan con las leyes vigentes.

El pedido de informe fue aprobado a instancias del diputado Rodrigo Gamarra (ANR-Central).

El legislador basamenta la presentación de su proyecto en el significativo aumento de denuncias y quejas de los usuarios sobre la calidad del servicio, con problemas recurrentes, como mal estado de los vehículos, falta de puntualidad y escasa capacitación de los conductores, además de muchos casos de caídas de pasajeros en algunos casos con derivación fatal.

Con esta medida se pretende evaluar si las empresas están cumpliendo con las normativas y estándares requeridos de manera a ofrecer un servicio eficiente y seguro a los usuarios del transporte público, en su gran mayoría estudiantes y trabajadores, expresa parte del proyecto. 

“La implementación efectiva de la Ley 6789 podría significar una mejora considerable en la calidad del transporte público, que redundaría en beneficio de los usuarios, que es precisamente lo que se pretende”, dijo ante la plenaria el legislador proyectista. 

Solicitan claridad normativa al BNF

A petición del mismo legislador, la plenaria de Diputados también aprobó otro proyecto de resolución “Que pide informes al Banco Nacional de Fomento sobre los antecedentes normativos y la fecha de implementación del depósito de garantía para gestión de radicación”. 

El pedido busca transparentar los procedimientos vinculados al proceso de radicación, etapa clave para personas o empresas que buscan establecerse y operar de manera formal en el país, especialmente, en sectores estratégicos como el transporte, la industria o la inversión extranjera.

Es importante señalar que el depósito de garantía es un monto que se exige a determinados solicitantes como respaldo económico durante el trámite de radicación, con la finalidad de prevenir fraudes y fortalecer la seriedad de los procesos, como también asegurar el cumplimiento de compromisos establecidos por ley o reglamentos administrativos.

En conclusión, esta medida tiene el propósito de conocer los fundamentos jurídicos que respaldan la exigencia del depósito y la fecha exacta de su implementación, debido a que algunos sectores señalan que la medida no fue debidamente notificada y genera dudas sobre su legalidad y pertinencia.