Docentes de Caaguazú solicitan participación en debate sobre reforma de jubilaciones

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación).  El diputado Alejo Ríos  (PLRA–Caaguazú), se reunió con representantes de la Asociación de Docentes de Caaguazú (ASODECA), que manifestaron su preocupación respecto al proyecto de ley "Que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (De la Reforma de la Caja Fiscal)", una iniciativa que busca reorganizar el sistema previsional estatal ante su creciente déficit.

El legislador señaló que acompaña el pedido de los docentes que exigen un estudio profundo, la socialización del documento, y la participación de los sectores directamente afectados, a fin de construir consensos que permitan arribar a soluciones equilibradas y justas.

“El diálogo y la escucha activa son fundamentales para lograr reformas responsables. Los docentes son pilares esenciales para las familias, la sociedad y el desarrollo del país, por lo que merecen ser tenidos en cuenta en un tema tan sensible como el sistema previsional”, señaló el diputado Ríos, ratificando su compromiso de respaldo a los planteamientos del sector.

Sobre el proyecto

Cabe señalar que el proyecto de ley en estudio responde a la necesidad de impulsar ajustes estructurales que permitan ordenar y fortalecer el régimen previsional del sector público, desalentando los retiros anticipados y promoviendo una mayor correspondencia entre la edad de acceso a la jubilación, los años de aporte y el nivel de los beneficios, con el objetivo de preservar la viabilidad del sistema en el mediano y largo plazos.

Entre los principales ejes de la iniciativa se encuentra el establecimiento de una edad mínima para el acceso al haber jubilatorio en sectores que actualmente no la contemplan, como el magisterio nacional, los docentes universitarios, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, atendiendo a la realidad demográfica y financiera del sistema.

Asimismo, la propuesta propone, para las Fuerzas Públicas, la adopción de la base de cálculo utilizada en la Administración Pública, consistente en el promedio de las remuneraciones percibidas durante los últimos cinco años, fortaleciendo el criterio contributivo y la correspondencia entre los aportes realizados y los beneficios otorgados.

El documento legislativo también contempla una nueva tabla de sustitución para los sectores en los que se establece una edad mínima, reconociendo mayores aportes y más años de permanencia en el sistema, con tasas que pueden alcanzar hasta el 100%. 

Además, se prevé el ajuste de la tasa de aporte obrero-patronal al 22%, distribuida en un 19% a cargo del trabajador y un 3% del Estado empleador, incorporando el aporte estatal y avanzando hacia parámetros más sostenibles frente al déficit estructural que presentan varios regímenes.

Finalmente, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los aportantes, el proyecto en cuestión establece un régimen de transición que respeta los derechos adquiridos.

En ese marco, quienes al momento de la promulgación de la ley ya cumplan con los requisitos vigentes para acceder a la jubilación o al retiro, podrán optar por acogerse a la normativa actual o a las disposiciones de la nueva ley.