Buscan derogar ley que crea el régimen de jubilaciones para parlamentarios

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El diputado Raúl Benítez (Independiente-Central), presentó un proyecto de ley que propone la abrogación total del régimen de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legislativo, establecido por la Ley N° 6112/2018 y su modificatoria, la Ley N° 6496/2019.

La iniciativa legislativa plantea eliminar lo que el legislador califica como un "privilegio que atenta, fundamentalmente, contra el principio de igualdad constitucional", en referencia a los artículos 46 y 47 de la Carta Magna, que consagran la igualdad de todas las personas ante la ley y garantizan el acceso equitativo a los beneficios sociales.

Según el documento de exposición de motivos, el régimen actual permite que diputados, senadores y parlamentarios del Mercosur accedan a la jubilación ordinaria con 180 meses de aportes (15 años) y 55 años de edad. Contempla, además, una jubilación extraordinaria con 120 meses de aportes (10 años) y 55 años de edad, otorgando el 60% de la dieta más gastos de representación.

El documento refiere que, en contraste, la Ley 98/92 que establece el régimen unificado de jubilaciones exige a los trabajadores del sector público y privado 25 años de aportes y 60 años de edad para acceder a la jubilación ordinaria.

"Entendemos que no existe una justificación técnica, económica ni ética, para que los que ejercemos cargos de representación tengamos un régimen jubilatorio de privilegio distinto al resto de trabajadores", afirmó el legislador Benítez.

El diputado señaló que un parlamentario con ingresos mensuales de aproximadamente G. 38 millones puede acceder a una jubilación del 80% de ese monto tras solo tres períodos legislativos (15 años).

"Como autoridades tenemos que tener la altura moral y ética y demostrar un poco de coherencia para pedir el ajuste a otros sectores", expresó el diputado Benítez al tiempo de hacer referencia al estudio de un proyecto de ley que introduce reformas a la Caja Fiscal.

En su argumentación, el legislador enfatiza, igualmente, que los cargos de representación popular tienen características particulares que los diferencian de una relación laboral de dependencia.

“Son cargos de confianza popular; perciben una dieta y no un salario; no se rigen por la ley laboral; tienen un plazo constitucional de duración de cinco años; y en la mayoría de los casos no requieren exclusividad laboral”, remarcó. 

Agregó que los senadores y diputados no son trabajadores en condición de dependencia como lo son los funcionarios públicos que deben trabajar y aportar durante toda su vida laboral útil para acceder a la jubilación.

Sin efecto retroactivo

El proyecto aclara que la abrogación no tendrá efecto retroactivo. Los actuales beneficiarios mantendrían sus derechos adquiridos, mientras que la Caja Parlamentaria quedaría en manos de la iniciativa privada, sin comprometer aportes ni intervención estatal.

La iniciativa propone además iniciar un debate sobre la incorporación plena de los legisladores al régimen general del Instituto de Previsión Social (IPS), bajo los mismos requisitos que rigen para todos los trabajadores paraguayos.