(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El diputado Alejandro Aguilera (ANR-Guairá), presentó un proyecto de ley "Que declara en emergencia vial la Ruta Departamental Nº 8, tramo que une la ciudad de Villarrica con la ciudad de Itapé, del Departamento del Guairá".

La iniciativa legislativa surge ante el "avanzado estado de deterioro" que presenta esta vía de comunicación, según expresa el parlamentario en la exposición de motivos del proyecto. 

El legislador argumenta que la actual condición de la ruta representa un obstáculo para el desarrollo económico, social y productivo de la región.

La exposición de motivos destaca que este tramo constituye una arteria fundamental para la conectividad de los ciudadanos que, diariamente, transitan por el lugar. “El deterioro de la infraestructura vial dificulta el transporte de personas y bienes, además de generar riesgos constantes de accidentes que ponen en peligro la seguridad de los usuarios”, según el documento. 

El proyecto también señala que la deficiente condición de la ruta afecta, negativamente, a los productores locales y al turismo interno, sectores más que importantes  para la economía regional del Guairá.

El articulado del proyecto contempla la autorización al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para realizar las gestiones correspondientes y contratar "por la vía de la excepción" las obras, materiales y servicios necesarios para la reparación, mantenimiento y puesta a punto del tramo en cuestión.

Según el documento, esta modalidad de contratación por excepción permitiría acelerar los procesos burocráticos habituales y agilizar la ejecución de las obras de reparación que requiere la ruta departamental.

El diputado Aguilera expresó que la aprobación de esta iniciativa permitirá realizar las obras de reparación y mantenimiento "de manera urgente", con el objetivo de garantizar el libre y seguro desplazamiento de vehículos livianos, pesados y de transporte público.

Agrega que la declaración de emergencia vial constituye un mecanismo legal que permite a las autoridades competentes actuar con mayor celeridad ante situaciones críticas de infraestructura que requieren intervención inmediata para preservar la seguridad ciudadana y la conectividad regional.