Al BCP, BNF y MEF instan a resguardar seguridad jurídica y derechos ciudadanos

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Un proyecto de declaración “Que insta a instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP), Banco Nacional de Fomento (BNF), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y demás actores del sistema vinculado a las remuneraciones del servidor público, a enmarcar sus actividades dentro del marco del respeto a las leyes vigentes, precautelando dentro de sus acciones la seguridad jurídica y la salud de las personas, prioritariamente”, fue aprobado durante la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

La propuesta fue presentada por el legislador Carlos Núñez (ANR-Central), con el objeto de instar a las autoridades obligadas en el marco de la Ley N° 7564/2025 - Que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y trabas de embargos, sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades -, a resguardar la seguridad jurídica y los derechos ciudadanos. 

Esta ley fue promulgada el 5 de noviembre pasado y entrará a regir, a plenitud, 60 días hábiles después de su publicación en la gaceta oficial.

Establece límites de hasta un 50 % de los embargos judiciales trabados sobre salarios y remuneraciones del personal, declarando, además, inembargable, el aguinaldo y otros emolumentos considerados como beneficios sociales o subsidios.

El artículo 5º establece un orden de preferencia de pagos cuando el servidor público autoriza más de un descuento convencional y voluntario, lo que solo puede llegar hasta el límite máximo permitido.

“Valoramos en la dimensión justa que exista una reacción por ley, como Estado, ante el esquema inescrupuloso conocido como la Mafia de los Pagarés, que involucra a jueces, ujieres, abogados, quienes ejecutaban juicios fraudulentos dejando a sus víctimas en estado de indefensión, incluso sin sustento alguno”, dice parte del considerando.

Añade que el Estado debe velar por el cumplimiento irrestricto de los juicios, contratos, convenios, operados en el marco de las leyes, decretos y resoluciones administrativas, transparente y legítimamente.

En ese orden, se encuentran las autorizaciones de descuentos por servicios de prestaciones de salud, servicios sanatoriales hospitalarios, que en conjunto cubren las actividades y recursos que se brindan en hospitales y sanatorios, sea en diagnósticos, estudios laboratoriales, preventivos, terapéuticos, farmacéuticos, urgencias, de cuidados y rehabilitaciones, que están estrechamente ligados al derecho a la vida, a la salud de las personas y la calidad de la misma.

Apunta a las acciones emanadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas para regular las autorizaciones voluntarias; el Banco Central del Paraguay, a través de las actualizaciones constantes de su “Reglamento de Transparencia y Criterios Mínimos para Comisiones, Gastos y Penalidades”; y el Banco Nacional de Fomento, en su rol de actor financiero.

Insta a que estas instituciones brinden las garantías necesarias para reasegurar los convenios relacionados a la salud de las personas y sus familias.

Por último, el proyecto expresa apoyo a los mecanismos de saneamientos prescriptos en la Ley N° 7564/2025, en todos los casos donde se demuestre irregularidades en los procesos judiciales y administrativos.