Emiten dictamen de aprobación para declarar en emergencia las cárceles del país

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). En reunión ordinaria de la fecha, la Comisión de Presupuesto, presidida por la diputada nacional Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), emitió dictamen de aprobación al proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las Fuerzas Públicas, y deroga la ley N° 7238/2023 y la ley N° 7420/2024”.

La iniciativa busca declarar en situación de emergencia, todos los establecimientos penitenciarios de varones, mujeres y centros educativos de adolescentes infractores de la ley, dependientes del Ministerio de Justicia en el territorio de la República, hasta el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta, se busca atenuar la situación crítica por la que actualmente atraviesa el sistema penitenciario en materia de infraestructura, tecnología, seguridad, personal, formación y demás factores necesarios para el buen desenvolvimiento de la administración.

La misma plantea modificaciones a los artículos 3º y 4º a los efectos de otorgar mayor flexibilidad para la contratación de personal de esta institución, teniendo en cuenta que el régimen general de la función pública establece procesos rigurosos y prolongados para ello.

En cuanto al artículo N° 4, la modificación prevé clarificación y ampliación del marco para gestión de recursos presupuestarios.

“La redacción actual del artículo 4 se encuentra limitada y poco precisa, lo que genera dificultades para la ejecución presupuestaria en contextos de emergencia”, expresa parte del documento. 

De acuerdo con lo expresado por la titular de la comisión asesora, mediante esta iniciativa, se otorga una herramienta al Ministerio de Justicia con la finalidad de que la institución cuente con disponibilidad presupuestaria para la contratación de personal, compra de alimentos y equipamiento de los establecimientos penitenciarios dependientes de dicha institución. 

La comisión asesora ha creído conveniente introducir modificaciones con respecto al proyecto original, con el propósito de exigir al Ministerio de Justicia rendición de cuentas a los seis meses de su promulgación y un segundo informe a los doce meses 

“Solicitamos al Ministerio de Justicia elevar un informe en cómo se han invertido estas partidas presupuestarias. Esto será en dos etapas, en 6 y 12 meses deberán elevar informe a la Cámara de Diputados”, indicó la presidenta de la comisión asesora.