Impulsan pensión para personas con discapacidad permanente en situación de vulnerabilidad

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “Que establece el derecho a una pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente en situación de vulnerabilidad social y garantiza su mínimo vital, dignidad y protección social”.

El proyecto establece dos requisitos concurrentes e indispensables para acceder al beneficio: contar con el Certificado de Discapacidad Permanente vigente, expedido por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) y acreditar, técnicamente, una situación de pobreza o pobreza extrema.

Esta última condición deberá sustentarse en una evaluación socioeconómica, respaldo documental, visita domiciliaria y registro fotográfico georeferenciado. 

Los legisladores proyectistas subrayan que la sola certificación de discapacidad no generará derecho automático al beneficio, buscando así garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La pensión mensual propuesta equivale al 25% del salario mínimo legal vigente, monto que se ajustará, automáticamente, según el proyecto, ante cualquier modificación de ese indicador. Establece que el beneficio tendrá carácter no contributivo, intransferible, inembargable y no reembolsable.

En los casos en que una persona con discapacidad ya perciba algún ingreso inferior al monto de la pensión, el proyecto prevé abonar únicamente la diferencia hasta completar el valor correspondiente. 

Quedan excluidos del beneficio quienes perciban ingresos formales superiores al salario mínimo o sean beneficiarios de jubilaciones o pensiones estatales.

Implementación gradual y progresiva

La iniciativa contempla una implementación escalonada, priorizando en primer lugar a las personas con mayor intensidad funcional en situación de pobreza extrema, seguidas de quienes presenten múltiples factores de vulnerabilidad. 

El objetivo declarado es alcanzar progresivamente a la totalidad de personas con discapacidad certificadas por SENADIS que reúnan los requisitos.

El proyecto también incorpora el principio de no regresividad, estableciendo que toda retroceso injustificado en el goce del derecho reconocido será nulo y contrario a derecho.

Para solventar el beneficio, los diputados proponen la creación de un Fondo Nacional administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, que se integrará con asignaciones específicas del Presupuesto General de la Nación (PGN), recursos reasignables del Tesoro Público y aportes de los fondos sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.

 Este último punto implica la elaboración de un mecanismo legal específico para canalizar un porcentaje de los recursos excedentes de ambas entidades hacia el fondo.

El proyecto encomienda al Ministerio de Desarrollo Social la implementación de un sistema digital público de seguimiento de solicitudes y ejecución presupuestaria, en consonancia con la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, fija un plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma en caso de ser aprobada.

La iniciativa aguarda ahora su tratamiento en comisiones antes de ser sometida al pleno de la Cámara de Diputados.

Son firmantes del documento los siguientes diputados: Miguel Ángel Del Puerto (ANR-Caaguazú); Raúl Latorre (ANR-Capital); Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Jazmín Narváez (ANR-Central); Bettina Aguilera (ANR-Alto Paraná); Carmen Giménez (ANR-San Pedro); Hugo Meza (ANR-Cordillera); Néstor Castellano (ANR-Central); Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Yamil Esgaib (ANR-Capital); Rocío Vallejo (PPQ-Capital) y Marcelo Salinas (PLRA-Central).