Aconsejan aceptar veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley de alimentación adecuada

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). En reunión ordinaria de este lunes, la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, presidida por el diputado Héctor Figueredo (ANR-Paraguarí), decidió recomendar la aceptación del veto al proyecto de ley “Marco del derecho humano a la alimentación adecuada en la República del Paraguay”.

Dicha iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita al Estado desarrollar políticas y estrategias orientadas a garantizar de manera permanente el derecho humano a la alimentación adecuada, la seguridad alimentaria - nutricional y la soberanía alimentaria, como condiciones para una vida sana y activa.

El Poder Ejecutivo concluyó que la propuesta es inviable tanto en los papeles como en la práctica, ya que se pretende crear nuevas obligaciones y compromisos para el Estado, sin un presupuesto real ni fondos garantizados que pudieran sostenerlos a largo plazo. 

Además, indican que al problema económico se sumaría un fuerte conflicto de funciones, teniendo en cuenta que la normativa pretende abarcar áreas que ya están reguladas por otras leyes y se encimarían con tareas que ya realizan ministerios e instituciones vigentes. 

Finalmente, el Ejecutivo determinó que la ley carecía de una estructura técnica sólida, ya que no define con claridad los mecanismos institucionales para ejecutarse, convirtiéndose más en una declaración de buenas intenciones que en una herramienta jurídica aplicable y eficaz. 

Cabe recordar que el proyecto establece que cualquier distinción, exclusión o restricción basada, entre otros motivos, en raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social u otra condición que obstaculice el ejercicio del derecho a la alimentación, será considerada ilegal y estará sujeta a las sanciones previstas en la legislación paraguaya.

Contempla el principio de soberanía alimentaria, reconociendo el derecho de campesinos y personas que trabajan en zonas rurales a definir sus propios sistemas agroalimentarios y participar en las decisiones relacionadas con las políticas del sector. 

Incorpora criterios de sustentabilidad, sostenibilidad, inocuidad y atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad social.

Plantea la creación de una Política Nacional del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, que contemple el acceso a alimentos saludables y nutritivos, el fortalecimiento de la producción, reservas para situaciones de emergencia, coordinación interinstitucional, atención a sectores vulnerables y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

Uno de los componentes es la creación del Consejo Asesor de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CASSAN), como instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política nacional en la materia. 

El organismo estaría integrado por representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y funcionaría con carácter ad honorem.

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) sería el órgano rector de la normativa y el encargado de articular las decisiones del CASSAN. 

La propuesta establece que los recursos para su implementación provendrán del PGN y de los presupuestos municipales.

En materia de transparencia, se establece que el MDS deberá publicar información técnica, legal y presupuestaria relacionada con la política alimentaria en formato de datos abiertos y realizar audiencias públicas de rendición de cuentas, conforme a la ley de libre acceso ciudadano a la información pública.