Aplazan dictamen sobre inclusión de neurodivergencias en estadísticas oficiales

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, bajo presidencia de la diputada Carmen Giménez (ANR-San Pedro), analizó el proyecto de ley que busca la inclusión de módulos y variables sobre discapacidad sociocognitiva y neurodivergencias en las estadísticas oficiales. 

La propuesta plantea modificaciones y ampliaciones a los artículos 163 y 33 de la Ley N° 6670/2020, norma que regula el Sistema Estadístico Nacional, y crea el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El bloque asesor determinó la postergación del dictamen por el término de ocho días. 

Esta pausa tiene como objetivo la solicitud de pareceres técnicos a las entidades públicas involucradas en la materia, además de cursar una invitación oficial al proyectista de la iniciativa, el diputado Saúl González (ANR-Central), para el próximo encuentro.

De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto busca fortalecer el marco normativo para garantizar la visibilización formal de la población con discapacidad sociocognitiva y condiciones de neurodivergencia, tales como el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), en los registros del Paraguay. 

Los proyectistas señalan que la invisibilización estadística actual de este sector impide dimensionar sus necesidades reales y proyectar los recursos presupuestarios necesarios para su atención.

La justificación técnica añade que si bien la Ley N° 6670/2020 representó un avance fundamental, resulta indispensable contar con datos fehacientes, desagregados y actualizados periódicamente para lograr que las políticas públicas en salud, educación e inclusión social alcancen una efectividad real.

Finalmente, la propuesta establece la obligatoriedad de que el INE incorpore módulos e indicadores estandarizados en censos y encuestas nacionales por muestreo, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 

Asimismo, dispone que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) adecuen sus registros administrativos sectoriales para una generación de datos de manera interoperable, siempre bajo el estricto resguardo del Secreto Estadístico.