El MOPC es requerido a responder sobre ampliación de la Ruta PY02

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Durante la sesión ordinaria de esta semana, en el espacio de las mociones de Sobre Tablas, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución "Que pide informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)” sobre diversos aspectos relacionados con la ampliación de la Ruta PY02, en los tramos comprendidos entre los municipios de Luque, Areguá e Ypacaraí.

La iniciativa fue presentada por el diputado Raúl Benítez (Independiente-Central) y tiene como objetivo acceder a información técnica, ambiental, social y patrimonial vinculada al desarrollo de la obra, considerada de alto impacto para la zona de influencia.

Entre los requerimientos formulados se solicita la remisión del trazado actualizado y georreferenciado de los tramos 8 al 16 del proyecto, así como los polígonos georreferenciados de los inmuebles afectados, con información catastral, estado de las indemnizaciones, montos abonados y criterios de valuación aplicados.

Asimismo, el proyecto requiere copias de las licencias ambientales otorgadas para cada tramo, el censo arbóreo utilizado en el diseño de la obra, incluyendo la identificación de las especies que serían removidas, y un informe detallado sobre las medidas de compensación ambiental previstas, como los planes de reposición forestal, recuperación de humedales, cronogramas de ejecución y mecanismos de seguimiento.

La resolución también solicita información sobre los mecanismos de participación ciudadana implementados antes del inicio de las obras, incluyendo convocatorias públicas, audiencias realizadas, observaciones presentadas por la ciudadanía y las respuestas institucionales brindadas.

Otro de los puntos contempla la remisión de estudios de calidad del aire, con mediciones y proyecciones de contaminantes atmosféricos, así como evaluaciones sobre la posible formación de islas de calor urbano. Del mismo modo, se requieren estudios hidrogeológicos relacionados con el impacto sobre drenajes subterráneos, acuíferos y riesgos de infiltración de residuos y efluentes.

Igualmente, el documento pide un informe sobre las instituciones educativas, establecimientos de salud y espacios comunitarios ubicados dentro del área de influencia del proyecto, detallando las medidas de mitigación previstas para cada uno de ellos.

En materia patrimonial, la iniciativa requiere información acerca de las estructuras ferroviarias u otros bienes culturales que podrían verse afectados por la ejecución de las obras, su compatibilidad con la Ley Nº 5621/16, De protección del Patrimonio Cultural y la remisión del correspondiente estudio de impacto patrimonial.