(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Recientemente se dio entrada en la Cámara de Diputados a un proyecto de ley “Que establece la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA) por parte de las instituciones públicas y empresas del Estado para obras y actividades de alto impacto, mediante procesos de licitación por Acuerdo Nacional, en el marco de la Ley N° 3001/06”.

La propuesta fue presentada por los diputados Liz Acosta (ANR-Alto Paraná), Jorge Barressi (ANR-San Pedro) y Christian Brunaga (ANR-Itapúa), y tiene como objetivo reforzar la aplicación efectiva de la Ley N° 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, mediante la implementación obligatoria y coordinada de adquisición de CSA por parte de organismos, entidades y empresas del Estado, en la contratación de obras y actividades de alto impacto ambiental.

De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa busca superar obstáculos actuales como la falta de previsión presupuestaria y la ausencia de un mecanismo estandarizado para la implementación de la citada normativa.

El planteamiento se basa en el principio de “quien impacta, compensa”, asignando a las instituciones públicas la responsabilidad directa de mitigar y compensar el impacto ambiental generado por proyectos de gran envergadura.

El proyecto establece que la obligación alcanza a todos los organismos y entidades del Estado, incluyendo ministerios, secretarías, gobernaciones, municipalidades, entes autónomos o autárquicos, así como empresas públicas y sociedades con mayoría accionaria estatal. 

Las actividades comprendidas son aquellas clasificadas como de alto impacto ambiental, conforme a la categorización establecida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Las adquisiciones de CSA deberán realizarse exclusivamente mediante llamados a licitación por Acuerdo Nacional, en el marco de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, en coordinación con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la autoridad de aplicación de la Ley 3001/06.

Asimismo, toda entidad que prevea licitar obras o actividades de alto impacto ambiental deberá incorporar en su anteproyecto presupuestario anual el monto correspondiente a la adquisición de los CSA, en proporción a la magnitud del impacto estimado.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), serán responsables de establecer los lineamientos técnicos, presupuestarios y procedimentales necesarios para la implementación de la norma. 

Además, el control del cumplimiento recaerá en el Ministerio del Ambiente, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República y otros órganos de control.

El proyecto también contempla sanciones para el incumplimiento por parte de las entidades contratantes o empresas adjudicatarias, que podrían incluir la nulidad del contrato, sanciones administrativas o la exclusión de registros de proveedores del Estado.

El documento fue remitido para su estudio a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático; y de Reestructuración y Modernización del Estado.