Instan a mejorar infraestructura de escuelas y colegios públicos e instalar aires acondicionados

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). En el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la última sesión ordinaria, fue aprobado un proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a invertir en el mejoramiento de infraestructura y la adquisición e instalación de aires acondicionados en las instituciones educativas públicas de todo el país”. 

El documento fue impulsado por la diputada Dalia Estigarribia (PLRA-Central), quien busca dotar de un marco legal explícito para la inversión y adecuación edilicia de instituciones educativas, incluyendo la climatización, para garantizar la funcionalidad y dignidad de los espacios, de acuerdo a sus expresiones.

La exposición de motivos habla de “una realidad que enfrentan niños y adolescentes; una preocupación que trasciende lo pedagógico y se instala en el ámbito de la salud pública”. 

La proyectista indicó que, durante las olas de calor, la infraestructura deficiente, y la obsoleta red eléctrica de escuelas y colegios públicos, condenan a entornos verdaderamente prejudiciales.

La diputada exige al MEC, a través de este documento, que inicie de forma inmediata la adecuación de la infraestructura eléctrica, así como la instalación de aires acondicionados en las instituciones educativas públicas de todo el país.

“Al convertir el ambiente escolar en un lugar que atenta contra su bienestar, se vulnera el principio fundamental de garantizar un entorno óptimo para el desarrollo integral del estudiante”, dice el documento. 

Interés superior del niño            

Como marco legal, se menciona los artículos 73 y 74 de la Constitución Nacional, los cuales consagran el derecho a la educación y establecen la obligación inexcusable del Estado de asegurar un ambiente de aprendizaje que promueva el desarrollo integral de los educandos.

Además, esto se ampara en la Ley N° 1264/98, “General de educación”, la cual, en su artículo 20, obliga a las autoridades a garantizar la calidad de la educación y el bienestar del alumnado.

De esta forma se insta al Poder Ejecutivo a arbitrar mecanismos presupuestarios y financieros, provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN), para atender esta emergencia edilicia, asegurando que la educación se cumpla en condiciones de dignidad, seguridad y que maximicen el potencial de aprendizaje.