Niñez y Adolescencia y el MJ informarán sobre medidas referentes a la protección de los derechos del niño

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). En sesión ordinaria de esta semana, Diputados dio aprobación, sobre tablas, a dos pedidos de informes impulsados por la legisladora Dalia Estigarribia (PLRA-Central), relacionados a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El primero de ellos, dirigido al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, sobre el Programa de Prevención y Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (PAIVAS). 

Se explica que la protección de este sector de la población, frente a la violencia sexual, constituye una responsabilidad impostergable del Estado.

La parlamentaria pide conocer el número total de casos atendidos e intervenidos por el programa PAIVAS desde su creación (desagregados por año, tipo de vulneración y contexto).

Se solicita información sobre la distribución territorial de las intervenciones (por departamento y distrito), además de la cantidad de derivaciones interinstitucionales realizadas al Ministerio Público, Defensoría Pública, Juzgados de la Niñez y otras.

Además, conocer los recursos humanos asignados al programa: cantidad de profesionales; especialidades; localización geográfica; y carga de trabajo promedio.

La normativa pide informes sobre el presupuesto ejecutado para el programa en los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025, así como los resultados del seguimiento y evaluación interna del proyecto (indicadores de impacto, metas cumplidas y planes de mejora).

El segundo documento está dirigido al Ministerio de Justicia (MJ) y está relacionado a la protección de derechos de niños y niñas que convivían con sus madres en la “Casa del Buen Pastor”.

La diputada requiere la cantidad total de mujeres privadas de libertad, trasladadas desde el Buen Pastor, desglosando rango etario y centro de reclusión donde fueron reubicadas.

También, cantidad de niños y niñas que convivían con sus madres y fueron trasladados, con especificación de centro de reclusión actual y edades.

Habrá que mencionar si al momento del traslado había mujeres embarazadas y, en caso afirmativo, detallar en qué unidad penitenciaria se encuentran actualmente; situación de salud; rango etario; etc.

Asimismo, detallar capacidad real, condiciones de infraestructura y habitabilidad de los sectores específicos destinados a madres con hijos en las penitenciarías de mujeres.

Otro ítem refiere a los servicios básicos y la existencia de áreas de recreación y estimulación temprana, adecuadas a la primera infancia, en los nuevos centros.

Finalmente, se consulta por medidas concretas y mecanismos implementados en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para asegurar la continuidad de la educación inicial de niños de 2 a 4 años que se encontraban escolarizados al momento del traslado.

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