Discuten proyecto que busca una rectoría del transporte y modificar leyes del servicio en el área metropolitana

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Con presidencia del diputado César Cerini (ANR-Itapúa), la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, bridó análisis a un proyecto de ley “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1590/2000 - Que regula el Sistema Nacional de Transporte; crea la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT) -, relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”.

El titular del estamento informó que resolvieron postergar la emisión del dictamen, debido a que varias instituciones recomendaron la inclusión de modificaciones. 

“Instituciones como la Agencia Financiera de Desarrollo; el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación; y el Ministerio de Industria y Comercio, presentaron pedidos de modificación. La AFD solicitó que se realice un encargo fiduciario, un tipo de contrato para administrar los bienes en sociedad con una finalidad específica”, expresó el parlamentario.

Indicó que el MITIC, por su parte, solicitó que le sea remitida toda información relacionada al proyecto, para presentar un posicionamiento oficial.

Este documento, cabe recordar, figura como uno de los puntos a estudiar en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, prevista para este martes.

La normativa en cuestión busca modernizar y transformar el sistema de transporte público mediante la implementación de nuevas tecnologías, un modelo de gestión más eficiente y la garantía de derechos tanto para usuarios como para trabajadores. 

Son objetivos principales, mejorar la experiencia del usuario a través de sistemas que informen en tiempo real sobre horarios y recorridos; reducir los tiempos de espera; aumentar la seguridad; y ofrecer una movilidad más sostenible. 

Se contempla la creación de un nuevo modelo de gobernanza; la separación contractual de activos; y la transparencia en la gestión financiera del sistema.