(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, envió al archivo el proyecto de resolución presentado, en su momento, por la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), que afecta a 31 legisladores, 28 de ellos pertenecientes a la ANR y 3 al PLRA, supuestamente, por recibir sobornos a cambio de sus votos.

Se trata del proyecto “Por el cual se resuelve la pérdida de investidura de los diputados Raúl Latorre, Basilio Núñez, Tadeo Rojas, Nazario Rojas, Avelino Dávalos, Blanca Vargas, Cristina Villalba, David Rivas, Derlis Maidana, Edwin Reimer, Esteban Samaniego, Justo Zacarías, Marlene Ocampos, Juan Carlos Galaverna Ortega, Néstor Ferrer, Pastor Soria, Del Pilar Medina, Roque Sarubi, Walter Harms, Rocío Abed de Zacarías, Pedro Hércules Aliana, Guadalupe Aveiro, Rubén Arístides Balbuena, Ulises Quintana, Félix Fernando Ortellado, Luis Urbieta, Erico Galeano Rojas, Miguel Ángel del  Puerto, María López Rotela, Enrique Mineur y Edgar Ortíz”.

“En forma reiterada, durante este periodo parlamentario (los citados), han actuado defendiendo los intereses personales del Señor Horacio Manuel Cartes Jara, ya sea votando a favor o en contra de proyectos, o dejando sin quorum las sesiones cuando la situación en el pleno no era favorable a los intereses del expresidente de la República”, dice parte de la exposición de motivos.

“Esta es una denuncia que partió de la Embajada de los Estados Unidos que tiene las pruebas, pero que, lamentablemente, aún no presentaron; pero es mi obligación poner a conocimiento de la ciudadanía lo que siempre hemos denunciado en este recinto”, remarcó la diputada proyectista.

La congresista entiende que el apoyo de los legisladores acusados no fue desinteresado, sino que se dio a partir de “sobornos” que recibían.

“Esta pérdida de investidura la solicito luego de que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica haya manifestado tener pruebas de los sobornos a legisladores por parte del Señor Horacio Cartes, ante durante y después de su gobierno”, reiteró.

Varios legisladores, principalmente los afectados, cuestionaron a la proyectista por la “ligereza” con que, supuestamente, manejó la situación.

“No presentó prueba alguna, y lo que es peor, dejó la carga de la prueba a cargo de los propios acusados, que constituye una violación a la Constitución Nacional”, dijo al respecto el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones).

La plenaria se convirtió en comisión y dictaminó el proyecto, en mayoría, por el rechazo.

Puesto a consideración de la plenaria y tras una votación nominal, el proyecto fue enviado al archivo por 46 votos en contra, 4 a favor, 19 abstenciones y 11 ausentes.