(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). En sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados, en el espacio de las mociones de Sobre Tablas, aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes al Ministerio de Justicia, sobre las medidas implementadas, en las diferentes cárceles del país, para la protección y seguridad a menores de edad”. La iniciativa fue impulsada por la diputada Del Pilar Vázquez (PLRA-Itapúa).

En primer lugar, la congresista solicita conocer los protocolos implementados para el registro, ingreso, permanencia y salida de menores durante los horarios de visita.

Además, exige saber acerca de las medidas específicas adoptadas para garantizar la seguridad y protección de los menores dentro del penal, así como las condiciones del espacio destinado a las visitas familiares en las instalaciones penitenciarias.

Por último, pide un registro de incidentes o situaciones que hayan puesto en riesgo a menores en los últimos cinco años, si los hubiere; además de datos de las capacitaciones al personal penitenciario sobre derechos de la niñez, manejo adecuado y la protección de menores de edad.

El documento pide, en esencia, informes a las 15 penitenciarías, entre las que se encuentra la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, los centros penitenciarios regionales y las penitenciarías de mujeres.

Penitenciaría Regional de Encarnación

Por otro lado, a instancias de la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), fue aprobada la propuesta "Por la que se pide informes al Ministerio de Justicia".

Mediante este documento, la legisladora proyectista solicita un informe sobre si existen o no protocolos de seguridad para el acceso de niños y adolescentes a habitaciones privadas del Centro de Reinserción Social (CERESO). Dicha penitenciaría se encuentra ubicada en el Departamento de Itapúa.

En caso afirmativo, la parlamentaria pide remitir la información con el mayor detalle posible y, en caso negativo, exige informar acerca de las causas de la falta de control de seguridad para tales casos.

Se establece un plazo de 15 días para que la institución señalada remita los requerimientos exigidos por la Cámara de Diputados.