(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Los integrantes de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, cuyo presidente es el parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), resolvieron recomendar a la plenaria de Diputados, rechazar el veto del Poder Ejecutivo, con respecto al proyecto de ley “Que establece en el clasificador por finalidades y funciones del PGN, la función 3.80 - Pueblos Indígenas”.

El objetivo del documento es monitorear y establecer políticas a favor de los derechos de los pueblos indígenas, algo que, actualmente, no es posible, ya que el dinero destinado a las comunidades está mezclado en diversos organismos e instituciones.

Entre otros puntos, el Poder Ejecutivo aduce que, de aprobarse la propuesta legislativa, obligaría a realizar actividades específicas para las identificaciones, lo cual afectaría al diseño de los programas presupuestarios que poseen una guía metodológica que los respalda.

En primera instancia, la Cámara de Senadores ya había rechazado la objeción total del Poder Ejecutivo. Si Diputados se expide en el mismo sentido, quedará firme el proyecto y el Ejecutivo no tendrá otra opción que promulgarlo.

Por otra parte, la comisión asesora decidió dictaminar por enviar al archivo, una serie de documentos de ley que guardan relación a ejercicios presupuestarios ya fenecidos.

Finalmente, durante la reunión, el titular del bloque asesor, informó a sus miembros, la decisión que asumió de pedir a la presidencia de Diputados, más personal técnico, como contadores, abogados, economistas, que sean funcionarios de la Cámara Baja (nombrados y contratados), para cumplir las nuevas funciones designadas al ente asesor.

“Aclaro, tiene que ser personal que ya tiene la Cámara de Diputados, que puedan venir a ayudarnos en la Comisión, considerando que se tiene nuevas funciones establecidas en la Ley de Presupuesto, que es el de fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)”, expresó.

Dijo, además, que se está hablando de más de 50 mil millones de guaraníes que el Estado paraguayo va a conceder a las ONG´s, por lo que tiene que haber un mejor control en cuanto a los requisitos necesarios y en cuanto a la veracidad de las documentaciones presentadas.

“La fiscalización significa tener personal técnico que pueda verificar; no es solamente recepción documental, no es formulario, sino que tiene que remitir los documentos respaldatorios para que nosotros podamos certificar si reúne los requisitos en cuanto a la veracidad de las documentaciones, y si los gastos están destinados al objetivo para lo cual fue dado a las ONG´s”, remarcó.

Para el parlamentario, la función del Poder Legislativo, no solamente apunta a la aprobación de leyes, reuniones de comisiones, sesionar, sino también el de controlar que los recursos destinados a los distintos ministerios y ONG, tengan que ser controlados.