(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El diputado Saúl González (ANR-Central) presentó un proyecto de ley “Que crea el ‘Programa de apoyo económico para mujeres sobrevivientes víctimas de violencia feminicida o en contexto de violencia familiar, con daños físicos graves y manifiestos’”. La iniciativa busca cubrir un vacío legislativo que, hasta hoy, ha dejado sin protección económica a mujeres que lograron sobrevivir a intentos de feminicidio o a episodios extremos de violencia familiar.

La propuesta, según el documento de presentación, surge como respuesta a las graves secuelas físicas y psicológicas que sufren estas mujeres, “las que muchas veces quedan en condiciones de vulnerabilidad, con discapacidades permanentes, y enfrentando barreras significativas para su reinserción laboral y social”.

A diferencia de la Ley 7349/2024, Que establece pensiones para hijas, hijos y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio”, el nuevo proyecto apunta, directamente, a las víctimas sobrevivientes.

“Muchas de estas mujeres quedaron con las manos amputadas, con rostros desfigurados, con dificultades motrices severas. Son secuelas físicas graves y manifiestas que afectan, profundamente, su calidad de vida y su derecho a una vida digna”, explica el diputado González en su exposición de motivos.

El proyecto establece una pensión mensual equivalente al 70% del salario mínimo legal vigente, financiado por el Estado, con una duración de diez años. En casos en que las víctimas hayan quedado con un grado de discapacidad del 33% o más, el beneficio se extendería de por vida.

Según el documento, el Ministerio de la Mujer será la institución encargada de administrar el programa, así como de evaluar las solicitudes y verificar los certificados médicos presentados por las víctimas.

La iniciativa también prevé que la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), certifique los casos con discapacidad, y que el Ministerio de la Defensa Pública actúe en los casos en que las víctimas no puedan ejercer plenamente sus derechos.

El proyectista también presentó datos estadísticos y relatos de casos recientes de intento de feminicidio en diversas zonas del país, como Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro y Asunción. En estos hechos, según el relato, mujeres jóvenes fueron brutalmente agredidas por sus parejas o exparejas, con machetes, armas de fuego o cuchillos, lo que dejó como saldo daños físicos permanentes.

Además, el legislador citó un estudio publicado en la Revista Jurídica del Poder Judicial, que revela que solo el 24% de las denuncias de violencia contra la mujer al amparo de la Ley Nº 5777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, culmina en una condena, lo cual refleja, según entiende el diputado, la fragilidad del sistema de protección actual.

“Esta es una deuda pendiente del Estado con las víctimas directas de una de las expresiones más extremas de violencia de género. No podemos seguir amparándonos solo en discursos: es hora de garantizar apoyo real, integral y sostenido”, sostiene, finalmente, en su exposición de motivos.

El proyecto tuvo entrada oficial a la Cámara de Diputados y se dispuso su remisión, para el estudio correspondiente, a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer.; Familia y Personas Adultas Mayores; y en la de Reestructuración y Modernización del Estado.