(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), integró con 11 puntos el orden del día de la sesión ordinaria prevista para este miércoles 17, a partir de las 09:00 horas. A continuación una reseña de los principales proyectos a ser estudiados en la ocasión:

Plataformas digitales de movilidad

La Cámara Baja analizará, este miércoles, un proyecto de ley “Que regula el trabajo en empresas de plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio”; documento que tiene el propósito de dotar al sector de un marco jurídico adecuado y moderno.

Son objetivos, reconocer derechos laborales del trabajador; asegurar la calidad del servicio ofrecido; impulsar el cumplimiento de estándares de seguridad; establecer mecanismos institucionales de control; y crear el Registro de Trabajadores de Plataformas Digitales.

Es importante mencionar que la ausencia de regulación en el sector ha llevado a problemas relacionados con los derechos laborales de los conductores y repartidores que prestan servicios a través de estas plataformas, según la exposición de motivos.

“En muchos casos, estos trabajadores son considerados como autónomos, lo que conforme a la experiencia y testimonios recogidos, ubican a los mismos en una situación precaria”, aseguran los proyectistas.

El proyecto crea un Registro de Trabajadores de Empresas de Plataformas Digitales de Servicios, a cargo del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el cual se inscribe la información completa de las personas que trabajan y operan a través de plataformas digitales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Violencia en el deporte

El proyecto de ley “De prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte”, también forma parte del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados de este miércoles.

Se trata de un proyecto que se presentó atendiendo la necesidad de establecer mecanismos de control y prevención para desalentar desórdenes y la ocurrencia de hechos; así como la identificación de personas y grupos violentos.

Plantea, por otro lado, la creación del Registro Nacional de Espectadores (RENAES), donde se contará con información sistematizada de los espectadores en relación con los hechos de violencia derivados de los eventos y espectáculos deportivos y de competición.

El proyecto establece, además, que las personas físicas o jurídicas que organicen cualquier prueba, competición o espectáculo deportivo, deben adoptar medidas de seguridad; velar por el respeto de las obligaciones de los espectadores en el acceso y durante la permanencia, mediante instrumentos de control; y adoptar medidas necesarias para el cese inmediato de las actuaciones prohibidas.

Por último, indica que no se puede proporcionar ni facilitar a las personas o grupos de seguidores que hayan incurrido en actos de violencia, medios de transporte, locales, entradas gratuitas.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional, tras haber sufrido modificaciones en la Cámara de Senadores, tras su primera aprobación en Diputados.

Protección a yerbateros

La Cámara de Diputados también abordará, en su reunión semanal, la objeción parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley "De fomento y protección a los pequeños y medianos productores de la yerba mate – Ilex Paraguariensis".

El Poder Ejecutivo esgrime que los puntos centrales que motivaron la objeción parcial es la preocupación por las posibles consecuencias del control de precios de la materia prima, específicamente, a través de la fijación de precios mínimos.

Es importante resaltar que el proyecto establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá determinar, mediante una resolución emitida cada octubre, el precio base de los productos de la Yerba Mate y la Yerba Mate Orgánica que se pagarán a los pequeños y medianos productores.

Además, estipula que estas resoluciones tendrán carácter ejecutivo y todas las partes involucradas estarán obligadas a cumplirlas, bajo pena de suspensión o cancelación de los registros y/o habilitaciones como operador en la cadena de producción de la Yerba Mate.

En este caso específico, los diputados decidirán, por un lado, si aceptan o rechazan la objeción parcial del Ejecutivo; y por el otro, si aceptan o rechazan la parte no objetada del proyecto.

Otras dos objeciones del Poder Ejecutivo

La plenaria de la Cámara de Diputados también analizará dos objeciones totales del Poder Ejecutivo a proyectos de expropiación en Central y Alto Paraná.

El primer caso trata de la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado Paraguayo - Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat - los inmuebles individualizados como fincas N° 133, 134 Y 135 (unificados), ubicados en el lugar denominado Costa Pucú, distrito de Ypané, Departamento Central, para su posterior transferencia a título oneroso a sus actuales ocupantes del asentamiento denominado 29 De Agosto.

El Poder Ejecutivo aduce que el MUVH, a través de la Dirección General del Hábitat, comprobó no se arrimó una fotocopia autenticada del título de propiedad que permita arrojar mayores datos respecto al inmueble a ser expropiado.

“El documento (título de propiedad) no se observa entre los antecedentes remitidos por el Congreso en ocasión de su estudio y tratamiento, para su adecuado análisis. El título de propiedad, además de ser un requisito fundamental para el estudio y tratamiento del proyecto de ley, es indispensable para la emisión del Certificado de Tasación, lo cual permitirá precisar los parámetros para la fijación del precio de venta del inmueble”, dice parte de la objeción.

El segundo caso trata de la objeción total del Poder Ejecutivo con respecto al proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo – Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, un inmueble individualizado como parte de la finca Nº 2415, padrón Nº 3528, ubicado en el lugar denominado Colonia Félix de Azara - Asentamiento ‘San Valentín’, del municipio de Hernandarias, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes”.

En este caso, el Poder Ejecutivo, a partir de un informe elaborado por el MUVH, considera que no es posible realizar el necesario análisis de viabilidad del proyecto y que, en tales condiciones, la aprobación de un proyecto inadecuado podría comprometer el patrimonio del Estado Paraguayo, por cuya adecuada administración el Poder Ejecutivo tiene el imperativo de velar.

“Se necesita de la copia autenticada del título de propiedad de los inmuebles afectados, además de las coordenadas UTM del perímetro a expropiar, conjuntamente con el plano georreferenciado y el informe pericial firmado por profesional geólogo y/o topógrafo, a los efectos de elevar el respectivo informe sobre el valor de tasación, que permitirá precisar los parámetros para la fijación del precio de venta y el relevamiento de las condiciones de habitabilidad del terreno, con el fin de determinar si es factible la implantación de un conjunto habitacional en el sitio que se pretende expropiar”, reza una parte del documento de justificación del veto del Poder Ejecutivo.

Ampliación presupuestaria para Misiones

El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados también contempla el estudio del proyecto de ley, "Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023, aprobado por Ley N° 7050, de fecha 4 de enero de 2023, Ministerio de Hacienda-Gobierno Departamental de Misiones".

La ampliación solicitada asciende a la suma total de G. 4.937.325.358, en la Fuente de Financiamiento 10 «Recursos del Tesoro».

El pedido obedece a la necesidad de dotar de créditos presupuestarios al Gobierno Departamental de Misiones, teniendo en cuenta que para el presente ejercicio fiscal, esta institución ha experimentado una considerable disminución presupuestaria en un rubro Alimentación Escolar.

La exposición de motivos resalta que el departamento cuenta con índices y estándares muy elevados en cuanto al servicio que se brinda en esta materia, por medio de un trabajo coordinado entre municipios y gobernación, con una cobertura muy amplia, tanto en la cantidad de instituciones como en la extensión de los días cubiertos.

“Esta atención vera muy afectada en caso de no recuperarse los recursos disminuidos, permitiendo la provisión de las raciones, solamente, hasta el mes de julio del presente año, afectando a más de 14.500 alumnos beneficiarios de dicho programa”, dice la exposición de motivos.

Este proyecto se encuentra en su tercer trámite constitucional. Tras su aprobación en Diputados, fue rechazado por Senadores, en segunda instancia, y ahora vuelve a la cámara de origen.

Acuerdo con República Dominicana

Otro de los temas a ser tratados por los diputados en ocasión de su sesión ordinaria es el proyecto de ley “Que aprueba el acuerdo entre la República del Paraguay y la República Dominicana sobre el ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo y de organismos internacionales”, suscripto en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 19 de setiembre de 2022.

El mencionado acuerdo tiene como objeto permitir el libre ejercicio de actividades laborales, sobre la base de un tratamiento recíproco, para los familiares dependientes de los miembros titulares del personal diplomático, consular, técnico y administrativo de las misiones diplomáticas y consulares de una de las Partes destinados en misión oficial en el territorio de la otra Parte.

“El acuerdo, dice la justificación del proyecto, “propenderá a mantener la unidad del núcleo familiar, en atención a la posibilidad de que el cónyuge y los dependientes del personal diplomático y consular que se encuentren cumpliendo funciones en el servicio exterior puedan ejercer una actividad laboral, desarrollarse profesionalmente y de esta manera ganar experiencia para la posterior aplicación de los conocimientos adquiridos en beneficio de nuestro país”.

Acuerdo con la Corte Permanente de Arbitraje

Otro de los proyectos a ser abordados durante la sesión ordinaria de este miércoles es el proyecto de ley “Que aprueba el acuerdo de sede entre el Gobierno de la República del Paraguay y la Corte Permanente de Arbitraje”, firmado el 15 de octubre de 2019, en la ciudad de Asunción.

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) es una organización internacional creada por la Convención de 1899 para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales. El Paraguay es Estado miembro de esta organización desde 1907.

Los mecanismos de solución de controversias administrados por la CPA incluyen el arbitraje, la mediación, la conciliación y las comisiones de investigación para la determinación de hechos.

Mediante los acuerdos de sede, el Estado receptor y la Corte Permanente de Arbitraje establecen un marco legal en el que los futuros procedimientos del ente mencionado pueden sustanciarse en el territorio del Estado receptor, de manera ad hoc, sin necesidad de que la institución tenga una presencia física permanente en ese territorio”. Establece parte del referido acuerdo.

Pensión alimentaria ampliada

El punto 11 del orden del día “Que modifica y amplía la Ley N° 6381, Que modifica y amplía la ley Nº 3728/09 ‘Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza’”.

En la ley original se establece que las personas que cumplan sesenta y cinco años de edad, serán inscriptos, de manera automática, como beneficiarios de la pensión alimentaria, una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo no mayor a treinta días, verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

La modificación pretendida establece que todas las personas que hayan cumplido 85 años de edad, de no hallarse compelidas dentro de las prohibiciones enunciadas en la ley, serán beneficiadas directamente con la pensión alimentaria con la simple inscripción en el registro del programa.

“Solicitamos que las personas de mayor edad sean incluidas directamente a los beneficios de la pensión; proponemos la inclusión por etapas, empezando con las personas que tengan 85 años en adelante, y posteriormente disminuir la franja de edad por cada ejercicio fiscal, para que tenga sostenibilidad la aplicación de la ley”, reza una parte de la exposición de motivos.

Este proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.