(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El pleno de la Cámara de Diputados, durante la última sesión ordinaria de esta semana, aprobó un proyecto de resolución, presentado por el diputado Rubén Rubín (Independiente-Central), “Que pide informes al Poder Ejecutivo – Comandancia de la Policía Nacional”.

En la exposición de motivos se explica que el pedido se origino a raíz de dos asaltos tipo comando con explosivos que se produjeron, primero, en una sucursal bancaria de la ciudad de Naranjal (Alto Paraná) y, segundo, en la ciudad de Sapucai (Paraguarí), donde se originó el robo de un cajero, con toma de rehén.

Según refiere el documento, en la madrugada del 22 de noviembre del corriente año, un grupo criminal compuesto por 10 a 12 individuos perpetraron un violento asalto a una entidad bancaria localizada en una zona alejada del casco urbano en la ciudad de Naranjal, utilizando explosivos para acceder a la bóveda principal, de donde se sustrajo una suma aproximada a los G. 2.800 millones.

El segundo caso trata de un robo en Sapucai, ocurrido en la madrugada del 24 de noviembre, donde fue “arrancando” un cajero del BNF, ubicado a lado del local municipal de dicha ciudad, alzándose, los delincuentes, con alrededor de G. 600 millones. En el mismo acto, un policía que custodiaba el predio fue tomado como rehén y luego abandonado.

El proyecto de resolución aprobado solicita información, sobre cuáles fueron los fallos específicos en la inteligencia preventiva que permitieron a los delincuentes planificar y ejecutar el ataque sin ser detectados.

También indaga sobre las rutas de escape utilizadas por los delincuentes, y si estaban monitoreadas. También pide informes si se registraron denuncias sobre la pérdida, robo o desvió de explosivos en la región.

Finalmente, el legislador solicito que se brinde información sobre el análisis del nivel de comunicación, coordinación e inteligencia entre las fuerzas policiales locales y las unidades especializadas en el manejo de delitos de esta naturaleza.

Se establece un plazo de 15 días para la remisión de los datos solicitados por la Cámara de Diputados.