Diputados inició análisis de los once puntos del libelo acusatorio contra la Fiscal General del Estado

Publicado el: 24/07/2022 18:34

Sesión Extraordianria HCD 08 850.jpg(Redacción – Prensa – Dirección de Comunicación). La Cámara de Diputados analiza un pedido de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, presentado por un grupo de legisladores de diferentes partidos políticos. El estudio del libelo acusatorio, con atención en los dictámenes emitidos por la Comisión de Asuntos Constitucionales, continuará este lunes, a partir de las 14 horas.

Entre otras causales, la fiscal general es acusada por actuar en la persecución de los hechos punibles de manera absolutamente discrecional, sin reglas de juego que brinden seguridad jurídica; sin garantías de objetividad e independencia para combatir y sancionar estos flagelos que socavan los cimientos de nuestra democracia constitucional, según el escrito.

Igualmente, por omitir la regulación de las actuaciones institucionales, en concordancia con las políticas públicas diseñadas mediante instrucciones generales impartidas desde la máxima instancia a los agentes fiscales de las diferentes áreas, en especial, a las fiscalías barriales y especializadas de combate a la corrupción y crimen organizado, de manera tal a brindar a la sociedad que representa, previsibilidad, transparencia y seguridad jurídica en las actuaciones.

También es acusada por incumplir con la obligación de disponer de un programa permanente de protección de testigos, víctimas y funcionarios, que brinde confianza a los ciudadanos para denunciar y, en su caso, proteger a quienes colaboran con datos relacionados con la criminalidad organizada, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, por declarar a la institución “inauditable”, incumpliendo con la obligación constitucional y legal de rendición de cuentas públicas, a pesar de haber asumido un compromiso público de respetar a las instituciones republicanas.

A continuación, un resumen de los 11 puntos contenidos en el libelo acusatorio:

 

1 - Blindaje a Horacio Manuel Cartes Jara

El escrito acusa a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño de funciones, consistente en la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de los autores y cómplices de hechos punibles graves que involucran a Horacio Cartes, durante su gestión presidencial (2013-2018), y en los años posteriores, cuya impunidad auspiciada por la Fiscalía General del Estado, ha derivado en que en fecha 22 de julio del corriente, sea designado como “significativamente corrupto”, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“...El ex-presidente Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político. Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del Presidente del Paraguay…”.

 

2 - Caso Darío Messer: deliberada inacción del Ministerio Público

Sesión Extraordianria HCD 04 850.jpgEn este punto, los que propician el juicio político esgrimen que el Ministerio Público hizo caso omiso a las conclusiones de la Comisión Bicameral conformada en octubre de 2018, para investigar la conducta del ciudadano brasileño Darío Messer, ante la sospecha de operaciones de lavado de dinero y delitos conexos en Paraguay.

“Es decir, pasaron más de tres años sin que la fiscal general, Sandra Quiñonez, ni los fiscales a cargo, reportaran avance alguno en las investigaciones, demostrando con ello, una vez más, la actuación selectiva y nula rendición de cuentas de sus actuaciones ante estos graves hechos”.

 

3 - Falta de acción oportuna con relación a informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)

Según la acusación, la Fiscalía General omitió dar instrucciones para trabajar, conjuntamente, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD o cualquier otro órgano público o privado, con el fin de conocer los hechos puestos a su consideración.

“Cuanto menos, el Ministerio Público omitió imprimir los trámites necesarios para llevar adelante los actos investigativos oportunos, con lo que se podía haber evitado favorecer la prescripción de los hechos y, de esta manera, la impunidad”.

Añade que el Ministerio Público, lamentablemente, se convirtió en un órgano con carácter selectivo para investigar a algunas personas por hechos punibles de gravedad, como el lavado de dinero; y que desconoce su labor constitucional y el principio de legalidad procesal que debe regir sus actuaciones.

 

4 - Inacción deliberada para la recuperación de activos (Informes de Senabico)

El documento hace referencia a que, hasta la fecha, ya han transcurrido cuatro años sin que el único órgano competente, el Ministerio Público, haya impulsado el comiso especial autónomo de los bienes de Darío Messer, generando, con esta actitud, impunidad para un delincuente vinculado a crímenes transnacionales y perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo.

Recuerda que Messer es dueño del 99,9 % de todos los bienes incautados y administrados por la SENABICO, y desde hace 4 años sigue obteniendo beneficios por medio de sus bienes, renunciando a ellos en el país vecino y obteniendo beneficios procesales previstos en la legislación brasileña.

 

5 - Caso Zero Um, el poderoso socio de Horacio Cartes, beneficiado por el Ministerio Público

Sesión Extraordianria HCD 05 850.jpgLos proyectistas acusan a Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga de omisión y complicidad en el caso “Roque Fabiano Silveira”, en el que, una vez más, se evidencia que actuaciones sistemáticas que ya habían sido registradas en el marco de distintas investigaciones, no llamaron la atención del Ministerio Público, siendo atribución de la fiscal general del Estado, determinar las prioridades institucionales, según la ley orgánica.

“Es decir, a pesar de contar con evidencia sustentada en informes de inteligencia oficiales y datos contundentes brindados por el testimonio de personas involucradas, no ha existido decisión política de parte de la titular del Ministerio Público, de investigar ni de establecer las sanciones correspondientes”.

Se refiere a la supuesta sistemática actuación omisiva y cómplice atribuida al Ministerio Público, con hechos vinculados al lavado de activos, contrabando y otros hechos punibles conexos; en particular, cuando involucran a Horacio Cartes y sus socios comerciales.

 

 6 - Parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía: decisiones diferentes ante procesos similares

En el documento se señala que el señor Oscar González Daher fue procesado, imputado y acusado por no haber declarado bienes que le pertenecían al momento del llenado de su declaración jurada.

Sin embargo, al señor Horacio Cartes Jara, también denunciado por declaración falsa, la Fiscalía le aplicó un criterio distinto, solicitando como diligencia previa, la realización del examen de correspondencia de bienes a la Contraloría General de la República, a pesar de la certeza de que el citado ciudadano ha procedido a la rectificación de sus anteriores declaraciones juradas, luego de la publicación de casos internacionales que lo vinculan como titular de cuentas en el exterior.

 

7 - Impunidad del homicidio de Rodrigo Quintana - Ataque a la sede del Partido Liberal Radical auténtico (PLRA)

En este punto se acusa a la fiscal general del Estado “por la deliberada inacción en la búsqueda de la verdad real con relación a los hechos ocurridos en fecha 31 de marzo y 1 de abril de 2017, los cuales marcaron a fuego a la nación paraguaya”.

Agrega que, a pesar de la gravedad, el Ministerio Público, en todo momento, actuó como cómplice y encubridor de la verdad; dejando impunes a los autores intelectuales del homicidio de un joven; el atropello a la sede del PLRA; y la detención arbitraria de centenares de personas.

Asegura que las violaciones en materia de derechos humanos son imprescriptibles, por lo que la inacción de la Fiscalía General del Estado expone al Estado paraguayo a ser sometido ante instancias internacionales, justamente, por desidia y encubrimiento ante los atropellos a derechos y garantías constitucionales, de los cuales fueron víctimas cientos de personas en los sucesos del 31 de marzo de 2017.

 

8 - Impunidad en el fallido Metrobús

Sesión Extraordianria HCD 10 850.jpgLa posición de los acusadores se fundamenta en la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción a los autores y cómplices, en el marco de sendas denuncias de presuntos hechos punibles que incluyen daño patrimonial al presupuesto público, en torno a la construcción inconclusa de la obra conocida como “Proyecto de Reconversión Urbana y Metrobús”.

“A pesar de contar con evidencia suficiente para la persecución e investigación penal, y siendo éste un caso emblemático, se evidenció que no existe decisión política de llegar a la verdad real, investigar efectivamente y, en su caso, sancionar a los autores y cómplices de hechos punibles sumamente graves para la institucionalidad de la República”.

 

9 - Ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa-presupuestaria del Ministerio Público

La falta que se atribuye, en este punto, es que habría presentado ante la Comisión Bicameral del Congreso, información imprecisa, incorrecta o falsa, para fundamentar las solicitudes de incremento presupuestario.

También por no promover una planificación institucional ni una relación entre presupuesto, metas y objetivos institucionales.

Demostró, igualmente, una falta de comprensión de relaciones causales de hechos punibles, concomitantemente a la revisión de recursos que pudiera disponer para atenderlos, y ha denotado su confusión y desconocimiento de conceptos básicos en materia de política criminal, según el documento.

“La fiscal general es responsable de una sistemática y crónica baja ejecución presupuestaria en objetos de gastos relacionados a la misión institucional, priorizando casi exclusivamente los incrementos salariales, generalmente concentrados en los niveles de remuneración superior de los funcionarios del Ministerio Público. También es responsable del descuido en la preservación de los bienes patrimoniales y un deterioro en las condiciones de uso de los mismos (baja aplicación de procesos de mantenimiento de edificios y vehículos, de equipos informáticos y otros)”.

 

10 - Impunidad de la corrupción en intendencias y gobernaciones

El documento señala que, en múltiples casos, diputados nacionales, concejales municipales y particulares, han impulsado, responsablemente, denuncias penales ante el Ministerio Público, por hechos de corrupción pública en intendencias y gobernaciones del país.

“La respuesta del órgano constituido para la persecución de estos hechos ha sido nula o tímida - en el mejor de los casos- , sin que se hayan adoptado las medidas urgentes que las graves circunstancias requerían para la investigación oportuna de los hechos y la identificación de los responsables”.

Añade que el 85 % de los casos se encuentra en etapa de investigación. “Se ha formulado imputación en solo una de ellas, acusado en apenas 2 y en otras 2 se ha llegado a juicio oral. No se ha logrado ninguna condena”, reafirma.

 

11 - Inacción o negligencia del Ministerio Público

Sesión Extraordianria HCD 09 850.jpgLos casos descritos en este punto dan cuenta de la política institucional del Ministerio Público, que no constituyen casos aislados, sino que responsabilidad de su titular, Sandra Quiñonez; la falta de interés institucional de llegar a la verdad real, como se evidencia en los casos de ESSAP, sobre lesión de confianza; EMPO; denuncia contra Juan Carlos Baruja, ex ministro del MAG, entre otros.

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