(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), decidió recomendar a la plenaria de Diputados, aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, con respecto al proyecto de ley “De prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte”.

Se trata de un proyecto que se presentó atendiendo la necesidad de establecer mecanismos de control y prevención para desalentar desórdenes y la ocurrencia de hechos; así como la identificación de personas y grupos violentos.

Plantea, por otro lado, la creación del Registro Nacional de Espectadores (RENAES), donde se contará con información sistematizada de los espectadores en relación con los hechos de violencia derivados de los eventos y espectáculos deportivos y de competición.

El proyecto establece, además, que las personas físicas o jurídicas que organicen cualquier prueba, competición o espectáculo deportivo, deben adoptar medidas de seguridad; velar por el respeto de las obligaciones de los espectadores en el acceso y durante la permanencia, mediante instrumentos de control; y adoptar medidas necesarias para el cese inmediato de las actuaciones prohibidas.

Por último, indica que no se puede proporcionar ni facilitar a las personas o grupos de seguidores que hayan incurrido en actos de violencia, medios de transporte, locales, entradas gratuitas.

Por otro lado, la comisión asesora también dictaminó por la aprobación de dos proyectos de resolución que piden informes al Ministerio de Educación y Ciencias, y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

En ambos casos se desea conocer detalles sobre la real y efectiva aplicación de la Ley N° 6103/18 “Que crea el Programa Nacional de Atención Integral a los Trastornos del Espectro Autista”

Por último, la Comisión de Equidad consideró pertinente dictaminar por el rechazo del proyecto de ley “Que exonera el pago de los aranceles educativos, establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencias por Resolución N° 1.042/2015, en lo referente a las instituciones educativas privadas y privadas subvencionadas de todo el país, establecidos en la citada resolución, por el periodo 2020 y mientras dure la emergencia declarada a causa del Covid-19 o Coronavirus”.

El argumento utilizado es que el proyecto ha perdido vigencia.