(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). En su reunión de esta semana, la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, que encabeza el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), analizó varias iniciativas, entre las que se destaca el proyecto de ley “Que autoriza a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), a indemnizar a funcionarios y obreros de la ANNP, por el cese de operaciones del Puerto de Asunción, según decreto del Poder Ejecutivo N° 10.320/2012”.

En este punto del orden del día se aconsejó un dictamen de aprobación sin modificaciones.

El documento pretende el pago de una indemnización a más de 500 funcionarios antiguos, que luego de la expropiación y posterior autorización de construcción de obras públicas en parte del predio del mencionado ente, quedaron afectados por el cese de actividades portuarias.

Una recomendación del Ministerio de Hacienda es aprobar la normativa pero con el financiamiento de recursos propios de la ANNP, según se especificó en una anterior mesa de trabajo organizada en la Cámara de Diputados, por varias comisiones asesoras.

El pago se haría en un plazo de tres años, lo que representaría para Puertos unos USD 20 millones de dólares.

Son legisladores proyectistas, Arnaldo Samaniego (ANR-Capital); Jazmín Narváez (ANR-Central); y Juan Acosta (ANR-Amambay).

Por otra parte, también fue analizado el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley N° 6.963, “Que modifica y amplía el artículo 332 de la Ley N° 834/1996 - Que establece el Código Electoral Paraguayo”.

La recomendación de la Comisión de Justicia es aceptar el veto total.

La iniciativa tiene como propósito cobrar una multa a las personas que no concurran a votar en las elecciones, entre otras cuestiones.

Por último, con relación al proyecto de resolución “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a evitar prácticas de discriminación laboral por motivos políticos, en desmedro de los personales de salud y empleados en general, que prestan servicios en la función pública”, vale señalar que el bloque dictaminó por la aprobación sin modificaciones.

Esto tiene como base algunas denuncias realizadas por varios trabajadores del ámbito de la salud: médicos; enfermeros; camilleros; administradores de hospitales; odontólogos; psicólogos; etc. Tiene que ver con supuestas persecuciones políticas.