Dictamen de aprobación para crear una Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Publicado el: 27/06/2023 17:25

Dip. Raul Latorre 02-850.jpg(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), concedió dictamen de aprobación al proyecto de ley “Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”. El presente documento tiene como objetivo, principal, crear una nueva institución que permita mejorar la recaudación fiscal y la eficiencia en la administración tributaria.

En esencia, plantea la fusión de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), que, una vez sancionada la ley, se prevé sigan subsistiendo hasta tanto se apruebe la Carta Orgánica y el Manual de Funciones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

Los proponentes del proyecto, Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes) y Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), aseguran que la creación de esta nueva institución se justifica en la necesidad de contar con una entidad especializada en la gestión y control de los impuestos.

Este documento será considerado por el pleno de la Cámara de Diputados durante la sesión ordinaria de este miércoles 28. Su tratamiento figura en el punto 10 del orden del día.

Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Valores

La comisión asesora también concedió dictamen de aprobación, pero con modificaciones, al proyecto de ley “Que fortalece las capacidades de la Comisión Nacional de Valores (CNV), para la obtención e intercambio de información y cooperación con autoridades o agencias extranjeras gubernamentales reguladoras y supervisoras de los mercados de valores y derivados”.

“En el marco de los convenios, memorandos de entendimiento o acuerdos de cooperación, la CNV podrá suministrar informaciones, que por las leyes nacionales vigentes sean de carácter secreta, reservada o confidencial, siempre y cuando estas informaciones sean requeridas en el marco de una investigación de supuestas infracciones o delitos que afectan a los mercados de valores, tanto nacional como internacional”, dice parte de exposición de motivos.

Las modificaciones que pretende introducir la Comisión de Justicia, en el proyecto con media sanción de la Cámara de Senadores, serán expuestas durante el tratamiento del documento por la plenaria de Diputados. Recordemos que esta iniciativa se encuentra en el punto 18 del orden del día que será considerado este miércoles, durante la sesión ordinaria.

Objeción del Poder Ejecutivo

Por otro lado, la Comisión de Justicia decidió dictaminar por la aceptación del veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que modifica los artículos 420 y 421 de la Ley N° 128671998, Código Procesal Penal”, referente al “procedimiento abreviado” en los procesos judiciales.

El objetivo es dotar a los jueces de Garantía de una herramienta para descomprimir el sistema de justicia en un menor tiempo y así reducir la muy alta tasa de presos sin condena, según la exposición de motivos.

Sin embargo, desde un principio, algunos sectores no estaban de acuerdo con la aprobación de esta propuesta de ley.

“Este procedimiento abreviado se puede aplicar a todos los hechos punibles graves; ni que decir a los delitos de cuello blanco que van a venir a plantear sin ningún tipo de análisis o violando el principio de legalidad procesal; violando también el principio de inocencia. Dice que en todos los casos el imputado deberá realizar, ante el Juez, un relato circunstanciado y completo de su participación; es decir, acá el imputado debe confesar y eso viola el principio constitucional del principio de inocencia”, argumentó, en su momento la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central),

La objeción del Poder Ejecutivo ya fue aceptada en la Cámara de Senadores.

Pena carcelaria por desacato

Por último, la comisión asesora emitió dictamen de aprobación al proyecto de ley, con media sanción de la Cámara de Senadores, “Que sanciona el desacato de un pedido de informe del Poder Legislativo”.

“El que incumpliere un pedido de informe remitido por la Honorable Cámara de Senadores o la Honorable Cámara de Diputados, en virtud del Art. 192 de la Constitución Nacional, o los pedidos de informes remitidos por las comisiones de ambas cámaras, en virtud del Art. 186 última parte de la Constitución Nacional, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa”, expresa parte del documento.

Añade que, si el autor cometiere el hecho, mediando reiteración del pedido o fuere un funcionario público, en los términos del Artículo 14, numeral 14 del Código Penal, la pena será aumentada hasta cinco años de pena privativa de libertad, además será inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por el término de cinco años.

También establece que, cuando el funcionario facilitare, posibilitare o encubriere la comisión de otros hechos punibles, la pena privativa de la libertad también será aumentada a diez años y no será sustituible por multa.

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