(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Por iniciativa del diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), tuvo entrada oficial en la última sesión plenaria, un proyecto de ley “Que promueve y regula la organización, constitución y el funcionamiento de Cooperativas de Servicios Públicos”.

El documento explica que son Cooperativas de Servicios Públicos “las que tengan por objeto prestar uno o más servicios de carácter público”; y que hoy están obligadas a suministrar el servicio a toda persona que lo solicitare, aunque no fuere socia, salvo que mediare justa causa que lo imposibilite.

Agrega que “el monto de las tarifas de los servicios será igual para todos los usuarios”.

Al recordar que estas entidades son reconocidas por la Carta Magna como instrumentos de desarrollo económico, con base en la solidaridad y la rentabilidad social, sostiene que es imperioso “brindar a las cooperativas el fomento específico y concreto para la organización auto gestionada de los servicios públicos necesarios para las comunidades donde están asentadas”.

Busca que se las capitalice como herramienta para hacer frente a las necesidades y aspiraciones comunes.

“El objetivo es un marco legal para la cooperación entre el Estado y las cooperativas, para garantizar la concesión de la prestación, distribución y comercialización de los servicios, a cargo de las cooperativas y a través de sus infraestructuras, dentro de sus respectivos ámbitos de acción y en las condiciones técnicas que luego deben ser definidas por decreto del Ejecutivo”, manifestó Reimer.

Uno de los artículos dice que la concesión será por tiempo indefinido, con sujeción a las condiciones establecidas en su reglamentación, la cual deberá ser dictada en un plazo de 180 días desde la promulgación.

Igualmente, pone énfasis en que deberá estar garantizada la competencia en el mercado y la no creación de monopolios.

La iniciativa refiere que las cooperativas reguladas se regirán por sus disposiciones y, en general, por el Derecho Cooperativo y las normas del Derecho Común.

Establece que el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), y las Confederaciones de Cooperativas legalmente reconocidas, serán encargados de promover políticas y acuerdos para facilitar el cumplimiento de la norma.

Finalmente, resalta “el reconocimiento y respeto a las Cooperativas de Servicios Públicos como empresas económicas y sociales con régimen de derecho societario propio; identidad y principios cooperativos; de propiedad conjunta de los usuarios de sus servicios”.

El proyecto de ley fue remitido a las comisiones asesoras.