Anuncian presentación de juicio político para Jorge Bogarín Alfonso

Publicado el: 29/03/2023 13:26

Dip. Pastor Vera Bejarano 01 850.JPG(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), durante la sesión extraordinaria de la fecha, en el espacio de Oradores, anunció la presentación de un proyecto de juicio político a Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura (CM), por supuesto mal desempeño de funciones en el ejercicio del cargo como integrante de la citada institución y como representante de la misma ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Indicó que el libelo acusatorio, elaborado en torno a cuatro acusaciones, está siendo socializado y a disposición de los diputados que deseen acompañar el pedido de juicio político.

La primera acusación contra el Dr. Bogarín, es por mal desempeño de funciones, por no haberse excusado de entender el enjuiciamiento del fiscal Jorge López, a pesar de estar, estrechamente, ligado al denunciante, Alfredo Andrés Ferreira, por amistad personal y pública.

Fue en un caso como preopinante y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que teniendo la obligación legal de hacerlo, no lo hizo.

Esta acusación está enmarcada en la causa por un caso de abuso sexual que se encontraba a cargo del fiscal Jorge López, en el distrito de San Pedro del Ycuamandyyu.

La segunda acusación también gira en torno al mal desempeño de funciones por no haberse excusado a pesar de tener la obligación legal de hacerlo. En esta oportunidad trata de un caso del último concurso por un cargo en la Corte Suprema de Justicia con relación al postulante, Marco Aurelio González.

El nombrado postulante, dice la acusación, es amigo personal y ha sido jefe de su campaña electoral para las elecciones de representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura.

“Sin embargo, en este caso tampoco se ha inhibido, al contrario, al momento de proponer a postulantes ha nominado, obstinadamente, en sucesivas rondas de votación al postulante González para la integración de la terna de candidatos para ministro de la Corte Suprema de Justicia”; expresa.

Alega que, claramente, ha demostrado la contaminación del proceso y la falta de decoro y honestidad ante la presencia de una clara causal de inhibición.

La tercera causal esgrimida en el libelo acusatorio es mal desempeño por enriquecimiento sin causa y declaración falsa.

El documento relata que el Dr. Jorge Bogarín ha sido funcionario casi toda su vida y que los detalles de sus ingresos permiten una mayor trazabilidad a través de los datos públicos disponibles.

Alega que también pueden ser cotejadas con las declaraciones juradas de bienes y renta presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR), las cuales se agregan como prueba documental.

“En ese sentido, conforme al análisis de sus ingresos como funcionario público y docente, tomando como muestra el periodo que abarca 16/04/2020 al 23/12/21, se denota que su crecimiento patrimonial no se corresponde con los ingresos percibidos, aún en el supuesto extremo de haber ahorrado sus diversos salarios de manera íntegra”, expresa.

La cuarta causa habla de mal desempeño por cobro indebido de honorarios, específicamente, por percibir salario como docente de la Facultad de Derecho (UNA), sin cumplir con las horas asignadas, coincidiendo su horario de trabajo como docente con todas las sesiones ordinarias del JEM y otras actividades desarrolladas por el mismo y publicadas en sus propias redes sociales.

“Los hechos señalados como sustento de las acusaciones del presente libelo acusatorio, constituye mal desempeño de funciones atribuido al señor Jorge Bogarín Alfonso, en su carácter de miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El mismo ha obrado en clara violación a sus deberes y atribuciones establecidos en la Constitución de la República y las leyes que rigen sus actuaciones”, dice parte del libelo.

Agrega que las consecuencias del accionar del señor Bogarín Alfonso, perjudican el interés público, constituyen una amenaza a la débil institucionalidad del sistema de justicia, de selección y de sanción de magistrados. “En definitiva, es una amenaza para el Estado de derecho y no puede soslayarse la gravedad de la designación como significativamente corrupto”, expresa.

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