(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El proyecto de ley “Que establece la gratuidad de la expedición del certificado de antecedente policial y judicial”, sancionado hace un par de meses y vetado luego por el Poder Ejecutivo, fue tema central de una reunión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, que preside la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú).

Actualmente, cabe comentar, la expedición de estos certificados tiene un costo de G. 24.500 y 39.236, respectivamente.

Participó de esta reunión el Dr. César Diesel, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); así como representantes del Ministerio del Interior - Policía Nacional; y el Ministerio de Justicia.

La diputada Villalba comentó que, durante el encuentro, los representantes de las instituciones invitadas y directamente afectadas por la iniciativa, señalaron que estos ingresos son muy importantes para la funcionalidad de cada estamento.

“Hemos decidido aceptar el veto y seguir dando estas herramientas para que ellos puedan tener funcionalidad”, expresó la parlamentaria.

Agregó que si estas instituciones dejan de contar con esos recursos, no tendrán presupuesto y deberán recurrir a Fuente 10, mientras que en la actualidad actúan en Fuente 30, “porque ellos generan sus propios recursos”.

“No queremos que requieran intervención, a través de una ampliación, del Ministerio de Economía”, refirió.

La legisladora comentó, además, que los invitados informaron que actualmente no pagan por estos servicios: los pueblos nativos; las personas que deben acceder a programas de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis); y los procesados judicialmente.

Vale indicar que el proyecto en cuestión tenía por objeto exonerar el pago por la expedición del certificado de antecedente policial y judicial a las personas desocupadas (materiales expedidos por la Dirección General de Identificaciones de la Policía Nacional y el Poder Judicial).

Serían beneficiadas las personas en situación de desocupación debidamente comprobada a través de la calificación y certificación expedida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.