El presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), acompañado de algunos miembros, recibieron al director de Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL), Alfredo Mongelós, con quien se conversó en torno al proyecto de ley del Servicio Civil Obligatorio, propuesto por el parlamentario. Se pretende que la institución a cargo de Mongelós, puede colaborar en la capacitación de jóvenes que no quieran realizar el Servicio Militar Obligatorio, mencionaron fuentes legislativas. Se buscan varias opciones de servicios alternativos para facilitar el cumplimiento del mandato constitucional y legal. El titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (ANR-Paraguarí), participó también del encuentro.

En su carácter de titular de la Comisión de Equidad Social y Género, la diputada Del Pilar Medina (ANR–Central), presentó, junto a la familia Borja, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), un pedido de remoción de la jueza Natalia Caballero, por supuesta inacción en el caso del incendio de Ypacaraí. Se trata del caso de feminicidio en el que murieron calcinadas Francisca Delgado de Borja y sus dos hijas Sara Claribel Borja Delgado (14) y Fátima María Borja Delgado (21), en manos del propio padre, quien también falleció en el siniestro ocurrido el 26 de diciembre pasado. La parlamentaria sostuvo que este pedido de destitución busca hacer conciencia para que las autoridades se hagan cargo de su compromiso, principalmente, los actores de justicia, teniendo en cuenta que, pese a las insistentes denuncias por violencia y amenazas que atravesaban estas mujeres, por parte de su agresor, habría actuado negligentemente.

Con el propósito de establecer parámetros legales para el ejercicio de la actividad cambiaria, que garantice principalmente la seguridad, tanto del corredor de cambios como para el ciudadano que recurre a esta transacción comercial, la diputada Jazmín Narváez (ANR–Capital), presentó una iniciativa que pretende modificar algunos artículos de la Ley 2.794/2005, “De entidades cambiarias y/o de casas de cambios”. De acuerdo a su exposición de motivos, la congresista detalla que existe una desprotección y, teniendo en cuenta que los comerciantes “manipulan sumas de dinero a vista y paciencia de todos los transeúntes”, propone la modificación del artículo 83º de la citada ley. Para mejor servicio y seguridad de los trabajadores y ocasionales clientes, los corredores de cambios podrán habilitar locales, módulos o puestos de trabajo en establecimientos abiertos al público (galerías, shoppings, terminales terrestres, aéreas y fluviales, etc.), reza el texto.

El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (ANR-Paraguarí), sostuvo que su postura personal es un "no rotundo al pago”, que pretenden los refugiados políticos en el Brasil, Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes entablaron una demanda contra el Estado paraguayo, en fueros internacionales, por una indemnización de USD 63 millones. Recordemos que los mencionados eran activistas del Partido Patria Libre que en setiembre del 2003 se fugaron de la justicia paraguaya para evitar un juicio oral y público para refugiarse, posteriormente, en el vecino país. El próximo 7 de febrero, el procurador general de la República, Sergio Coscia defenderá la postura del gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que el organismo pretende obligar a nuestro país, a pagar la mencionada indemnización.

Congresistas de la bancada C del PLRA, liderados por el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), acompañaron a representantes de la Fundación Sonrisa Paraguay, los que mantuvieron una reunión con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, con miras a la firma de un convenio de salud bucodental a cargo de odontólogos estadounidenses. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Cartera sanitaria. El principal objetivo es llevar atención odontológica a comunidades de escasos recursos, primeramente, a los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Ñeembucú y Alto Paraná, pudiendo expandirse a otras zonas del país, según explicó el diputado Vera. "Como parlamentarios nos encargaremos de dar un soporte legislativo y contribuir en las gestiones para que salga el programa; el ministro dio su visto bueno y ahora trabajaremos en una carta de intención y, posteriormente, en un borrador de convenio, de manera a que dentro de 5 a 6 meses se inicien los trabajos", argumentó.

El diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), presentó un proyecto de ley “Que modifica la Ley N° 3956/09, De gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay”, documento que propone enmendar el Art. 27 de dicha normativa, con el propósito de permitir la importación de residuos sólidos, no categorizados como residuos peligrosos, sin la necesidad de una ley especial. La normativa actual establece en su artículo 27º, “Importación. Queda terminantemente prohibida la importación de residuos sólidos, salvo cuando mediante una ley sea autorizada de manera excepcional”.

El diputado Juan Carlos Ozorio (ANR–Capital), ratificó su postura en contra de la intención del Ministerio de Hacienda de, nuevamente, aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los actos cooperativos. Añadió que existen otras fuentes de recaudación que deben aportar más al fisco para lograr la equidad tributaria en el país. Para el legislador es fundamental revisar el aporte que realizan los diferentes sectores, de modo a actualizarlos y, de esta manera, lograr una reforma tributaria equitativa que potencie el desarrollo socioeconómico del país.

En la antesala de la asunción de un nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, tras un cuestionado proceso electoral, el diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que lo único que resta es una intervención militar de países extranjeros. Maduro, acusado de ser el responsable de la crisis social y económica que vive el país es, además, sindicado por el legislativo del país caribeño como un gobierno ilegítimo. Recordemos que el Grupo de Lima, conformado por 14 países latinoamericanos en 2017, incluyendo a Paraguay, realiza también un seguimiento en busca de una salida democrática a la situación de Venezuela.

El diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), aseguró que insistirá en la aprobación del proyecto de ley que crea una universidad nacional en el departamento al que representa. Sostuvo que, si bien el documento se debe adaptar a las normativas vigentes de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), la creación de una filial en esta zona del país, sería de incalculable valor para los pobladores, en especial, para los jóvenes chaqueños. "La idea era transferir toda la filial de la Universidad Nacional de Asunción, que usan espacio físico e instalaciones de entidades departamentales, de manera a darle jerarquía al departamento", indicó el diputado Mineur.

Tras conocerse los resultados de evaluación realizado por el “Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) para el Desarrollo", en el que se revelan bajos resultados en lectura, matemáticas y ciencias, la Comisión Permanente aprobó un proyecto de resolución por el que se solicita informes al Ministerio de Educación y Ciencias, sobre la elaboración de materiales didácticos en la Educación Escolar Básica y Media. Esta iniciativa fue aprobada a instancias del congresista Sebastián Villarejo (PPQ–Capital), quien en su exposición de motivos, sostiene que los textos de matemáticas, del 1ro., 2do. y 3er. cursos de la Educación Media, serie curricular Panambi, editados recientemente, “se habrían deslizado diferentes errores, ya sean en la definición, desarrollo, ejemplos o en la impresión en la cantidad superior a la aceptable”.

A instancias del diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), el Consejo de la Magistratura fue conminado a responder un pedido de informe que busca conocer detalles de los ternados a la Corte Suprema de Justicia. En efecto, el documento busca conocer el contenido de las tesis doctorales de los ternados para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Ramírez Simón; Emilio Camacho y; Rubén Darío Romero.

La Comisión Permanente del Congreso Nacional sesionó en la fecha y resolvió no convocar, ni a la Cámara de Diputados ni a la de Senadores, para analizar el pedido realizado por un grupo de senadores que busca derogar varios artículos de la ley del Servicio Militar Obligatorio (SMO). La mayoría acordó que el tema requiere de un amplio debate, así también la presentación de proyectos alternativos que determinen, claramente, donde y de qué forma se puede realizar el servicio civil. Esta decisión se apoyó en el resultado de la reunión mantenida, en la jornada de ayer, con el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia y el defensor del Pueblo, Miguel Godoy. Así lo adelantó el titular de la Comisión Permanente, Antonio Buzarquis (PLRA–Caaguazú), quien insistió que se debe trabajar de manera conjunta en proyectos alternativos, que establezcan claramente aspectos que tengan que ver con el servicio militar y el servicio civil habilitado por la ley de Objeción de Conciencia.

A instancias de la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central), el pleno de la Comisión Permanente del Congreso Nacional aprobó un pedido de informe a la Corte Suprema de Justicia, en relación a las denuncias recepcionadas en el juzgado de paz de Ypacaraí, que guarden relación con la ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Igualmente, se solicitan datos estadísticos de juicios tramitados en dicha circunscripción, relacionados a violencia intrafamiliar. La proyectista explicó que el pedido obedece al último caso de feminicidio que conmocionó a la zona y otros casos irregulares denunciados por los pobladores. Este documento está acompañado de un proyecto de Declaración, presentado por la misma legisladora en la que "Repudia y condena la falta de acción por parte de las instituciones involucradas en atender los casos de denuncias realizadas por víctimas de violencia intrafamiliar".

El diputado Colym Soroka (ANR-Itapúa), sostuvo, en entrevista con varios medios, que el Estado paraguayo no debe pagar indemnización alguna a Juan Arrom ni a Anuncio Martí, quienes demandaron a nuestro país por la suma de USD 80 millones, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por una supuesta negligencia en la investigación que los involucra en una supuesta tortura por parte de agentes estatales. "Pienso que si cometieron algún delito deben venir a pagarlo aquí y que no se le debe dar ni un guaraní, no creo que corresponda en ningún modo; pagarles sería una bofetada para cada paraguayo", argumentó el congresista.

De modo a analizar los alcances de la reglamentación de la Ley del Servicio Militar Obligatorio, la Comisión Permanente, presidida por el legislador Antonio Buzarquis (PLRA – Caaguazú), recibió al ministro de Defensa Nacional, General Ej. (SR). Bernardino Soto Estigarribia y al defensor del pueblo, Miguel Godoy. Tras la reunión, se concluyó en la necesidad de trabajar en un nuevo proyecto que fomente, principalmente, la capacitación laboral y promueva el servicio civil. El diputado Buzarquis señaló que de acuerdo con las respuestas del Ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas no cuentan con la infraestructura necesaria para albergar al volumen de jóvenes que desean hacer el SMO. Ante ello, urge la confección de un proyecto alternativo, que enfatice el servicio civil.