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​SESIÓN EXTRAORDINARIA
Proponen medidas de emergencia para evitar colapso del sistema judicial
Publicado: 07/17/19 12:19:p. m.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones temporales de los artículos 129, 141 y 251 del Código Procesal Penal, que pretenden ampliar los plazos para la institución de medidas cautelares, de resolución ficta y de las revisiones, respectivamente. El tratamiento del documento se dio vía Moción de Privilegio solicitada por el diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes).

Los cambios fueron consensuados con varias instituciones a través de la Comisión Especial de Reforma Judicial y van de la mano con la derogación del art. 245, sancionada la semana pasada por el Congreso, que deja bajo arbitrio del juez, con ciertos parámetros de aplicación, el otorgamiento de medidas preventivas a la prisión.

Durante el estudio del documento, la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central) aseguró que esto traerá consigo peticiones masivas de revisión de prisión preventiva, lo que podría ocasionar un colapso del sistema judicial, por los ajustados plazos de resolución.

"Debemos evitar que en el afán de hacer bien las cosas se genere este efecto no deseado, porque podría derivar en personas liberadas sin el estudio correspondiente de la pertinencia para cada caso", argumentó.

Con los cambios, que estarán vigentes hasta el 31 de enero de 2020, se modifica el Art. 129 estableciendo que el plazo para la imposición de medidas cautelares sea contado en días y horas hábiles. Igualmente se modifica el art. 141, ampliando así el plazo para la resolución ficta de 24 horas a 10 días hábiles, y el art. 251, que amplía el plazo para la audiencia de sustanciación de revisión de 48 horas a 5 días hábiles.

Varios congresistas se pronunciaron a favor de la iniciativa, como fue el caso de Derlis Maidana (ANR-Misiones), Jazmín Narváez (ANR-Central) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí). Este último hizo hincapié en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las medidas alternativas mediante el uso de dispositivos electrónicos de control.

Sobre población es consecuencia de la morosidad judicial

A su turno, el diputado Ramón Romero Roa (ANR-Alto Paraná), recordó que la Cámara de Diputados está dando herramientas importantes al sistema para solucionar el problema penitenciario y subrayó que no se puede olvidar que este inconveniente es consecuencia de la morosidad judicial.

"Hago un llamado a los miembros del Poder Judicial para que hagan uso de esta herramienta legal que le ofrecemos", argumentó. Celeste Amarilla (PLRA-Capital) apoyó esta postura y propuso sancionar a los jueces que no cumplan con los plazos.

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná) estuvo de acuerdo con su colega y mencionó la necesidad de analizar si las fuerzas policiales se encuentran preparadas para brindar seguridad a la ciudadanía en caso de reincidencia de quienes fueran favorecidos con medidas alternativas.

Por otra parte, la diputada Kattya González (PEN-Central) criticó la aprobación de medidas temporales y aseguró que esto podría jugar en contra del país a la hora de medir la seguridad jurídica del mismo a nivel internacional.

Argumentó además que se está dando oxígeno al Poder Judicial, en detrimento de los derechos ciudadanos.

En concordancia con esto, el diputadoEusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), apoyó a la legisladora y aseguró que es una solución parche que se constituye en una amenaza al sistema.

El documento fue aprobado y se dispuso su inmediata remisión a la Cámara de Senadores, que podría, incluso, mañana jueves 18, incluir en su Orden del Día la iniciativa parlamentaria.


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