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Plantean que SAS sea órgano de aplicación de ley del adulto mayor
Publicado: 09/14/18 12:43:p. m.

El diputado nacional Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la Ley 3728/09, Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza, estableciendo a la Secretaría de Acción Social, como entidad responsable de la aplicación”

Según la exposición de motivos, el documento tiene la intención de mejorar la coordinación y eficiencia de los trabajos que se deben desarrollar dentro del marco de la Ley 3728/09, designando como órgano de aplicación a la Secretaría de Acción Social, en vez de la Dirección de Pensiones no contributivas del Ministerio de Hacienda, como se da hasta ahora.

Destaca que el Ministerio de Hacienda, por la naturaleza de sus funciones y competencias, no es la institución más adecuada para llevar adelante la aplicación de la referida ley, que si bien ha desarrollado dichas labores, se hace necesario que sean ejecutadas con mayor eficiencia.

“La modificación sugerida resultará muy beneficiosa puesto que se aprovechará mucho mejor la comunicación ya existente en tareas de coordinación entre la Secretaría de Acción Social y las juntas departamentales y municipales, optimizando así las tareas de coordinación”, reza parte del proyecto.

De aprobarse la modificación sugerida, la institución responsable de la aplicación de la Ley Nº 3728/09, será la Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República, que tendrá como atribuciones: definir las políticas generales del Fondo y fijar los procedimientos para su utilización; fijar y reglamentar procedimientos, características y requisitos que deben reunir los beneficiarios, precautelando el interés social perseguido en esta Ley; coordinar acciones con las juntas departamentales y municipales para la identificación de los beneficiarios; gestionar convenios con organismos nacionales e internacionales, a fin de obtener y acrecentar los recursos del fondo, y ; fiscalizar y monitorear el cumplimiento de los requisitos establecidos para los beneficiarios de la presente Ley.


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