La bancada del Partido Patria Querida (PPQ), liderada por el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), se reunió para proyectar las acciones legislativas para el presente año. La conformación de una bancada multipartidaria y el problema de la deforestación en el Chaco, fueron algunos de los temas abordados. “Hemos suscrito dos pedidos de informe; uno a INFONA y otro al Ministerio Público, para frenar la deforestación ilegal; buscamos recabar datos sobre este flagelo; hay deforestación ilegal, en razón del poco control que existe y también hay deforestación que se hace de manera legal, cumpliendo las leyes vigentes; queremos saber cuántas denuncias hay sobre este tema; Patria Querida desde sus inicios ha sido defensor del Medio Ambiente”, expresó ante medios de comunicación, el diputado Villarejo.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social y; Presupuesto tienen pendiente de dictaminen un proyecto de ley presentado por la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), denominado “Seguro de Desempleo”. La iniciativa tiene como finalidad solventar, en parte, los gastos de una persona que por alguna causa haya sido apartada de su trabajo. “En el día a día, existen compatriotas que pierden su fuente de ingresos y no pueden cubrir las deudas o los egresos básicos y es en esta situación que queremos ayudar, hasta que el desempleado encuentre nuevamente un empleo” dice parte de la exposición de motivos.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), calificó de inaceptable el supuesto hecho de que algunos políticos hayan votado en contra del juicio político a miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a cambio de que sigan contratados en la institución sus respectivos recomendados políticos, sin importar si trabajan o no. A juzgar por investigaciones que realizó como fiscala en su tiempo, sospecha que la Justicia Electoral está plagada de “planilleros” y también gente trabajadora que vive, permanentemente, en zozobra. “Mantener a planilleros en el Tribunal Superior de Justicia Electoral a cambio de algo constituye un hecho punible; no tengo la certeza, solo sigo las noticias de prensa; son cuestiones que corren por los pasillos, pero poniéndonos en el supuesto de que así fuese, me parece totalmente inaceptable mantener a gente que no trabaja y también utilizar a las personas como un escudo humano para lograr impunidad (en el caso de quienes sí trabajan); como fiscala me tocó investigar y luego me sacaron de la causa”, relató la legisladora, ante medios de comunicación.

Con la finalidad de descentralizar, crear una participación ciudadana, planificar estrategias, fortalecer la democracia, los derechos humanos y la responsabilidad compartida, el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), impulsa, fuertemente, un proyecto de ley “Que crea comisiones de seguridad ciudadana”. “Es urgente, declarar el área de seguridad ciudadana como una inversión prioritaria y desarrollar un plan destinado, específicamente, a su mejora y modernización, prestando especial atención a la introducción de las nuevas tecnologías y técnicas para la convivencia pacífica”, señala el diputado Samaniego en su exposición de motivos.

A instancias del presidente de la Comisión Permanente, Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), el viceministro de Salud, del Ministerio de Salud Pública, Julio Rolón, se reunió con miembros de la Asociación de Enfermos Renales del Paraguay, los que habían solicitado la intermediación de la Permanente para regularizar la falta de medicamentos para diálisis, la rehabilitación de terapias en hospitales privados y la creación de un Centro Nefrológico Nacional. El funcionario del Estado escuchó el planteamiento y la preocupación de los directamente afectados por la enfermedad renal y prometió acelerar, hasta donde sea posible, el proceso licitatorio para los medicamentos faltantes.

La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Baja, presidida por la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), presentó su informe de actividades correspondientes al periodo comprendido entre julio y diciembre 2018. El documento resalta la labor del estamento en materia de mediación de conflictos que involucran a comunidades indígenas, así como gestiones ante el Ejecutivo nacional para mejorar la situación de los pueblos originarios. En total se realizaron 14 reuniones ordinarias y dictaminaron varios proyectos de ley, entre ellos, el "Que establece subsidio para las familias indígenas”, recibido del periodo legislativo anterior; igualmente, fue analizado el "Que establece la obligatoriedad de la incorporación de las personas pertenecientes a las comunidades indígenas en las instituciones públicas”, remitido al Senado.