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Dictamen favorable para enjuiciar políticamente al contralor
Publicado: 03/13/18 11:32:a. m.

Por unanimidad, miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales emitieron dictamen favorable con relación al proyecto de resolución por el cual se formula acusación al contralor general de la República, Enrique García, por la comisión de delitos y mal desempeño de sus funciones. Así lo anunció en conferencia de prensa el titular del estamento, diputado Ramón Romero Roa (ANR-Alto Paraná).

Más de 20 parlamentarios firmaron el libelo acusatorio contra el titular de la contraloría general de la República, cumpliendo con el requerimiento constitucional para dar inicio al proceso. Romero Roa explicó que en el caso de la acusación por comisión de delitos comunes, se especifica en la producción de documentos no auténticos.

En tanto el mal desempeño de funciones hace referencia a la asignación irregular de viáticos, concesión indebida de privilegios, contratación irregular de consultorías y tráfico de influencias.

Igualmente, el congresista explicó que la imputación en el caso Ivesur también fue un punto determinante, pese a que el hecho no ocurrió durante el ejercicio de sus funciones como contralor, atendiendo a que la norma constitucional establece la comisión de delitos comunes sin especificar en qué periodo de la tarea pública se concretó tal irregularidad.

“En este sentido, la interpretación amplia de la comisión, es que corresponde tomar en cuenta el caso”, argumentó Romero Roa.

En cuanto el tratamiento del libelo ante el pleno y la designación de los fiscales acusadores, el diputado dijo que eso depende de la Mesa Directiva o cualquier integrante del pleno que reúna la cantidad de votos necesarios para poner el tema a consideración. Se espera que el proyecto sea tratado en la sesión de este miércoles.

Vinculación del sub contralor

Al ser consultado sobre una posible vinculación del sub contralor, Camilo Benítez, en el ítem de mal desempeño de sus funciones, Romero Roa sostuvo que “si en el descargo del enjuiciado los fiscales acusadores reciben elementos que puedan atribuir la comisión de delitos y tráfico de influencias en otra persona que no sea el contralor, esto sería analizado en un procedimiento posterior”.

En cuanto a los cuestionamientos sobre la celeridad que se da a esta propuesta de juicio político, el legislador remarcó que “cualquier proceso que agilice la aclaración de un hecho relacionado a la tarea pública y que vincule a un servidor público, debe ser tratado con claridad y celeridad”.


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