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DERECHOS HUMANOS
Buscan diferenciar tareas de funcionarios que trabajan con adolescentes infractores
Publicado: 11/26/19 04:15:p. m.

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), emitió dictamen de aprobación para el proyecto de ley “De funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores SENAAI”.

El referido documento destaca que la atención de adolescentes infractores es una función que tiene su particularidad, por lo que la promulgación de una ley que regule a los funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores que presta servicio en las diferentes dependencias de los Centros Educativos, es imperiosa.

La legisladora indicó que el proyecto va a favorecer a todos los funcionarios que trabajan con adolescentes infractores y destacó que los mismos, hasta la fecha, son regidos por la Ley de la Función Pública, que no se adecua a la función de guarda, custodia, seguridad y atención integral que brindan los funcionarios.

“La tarea que desempeñan los mismos, tanto administrativos, técnicos, profesionales como los de seguridad, la realizan en un ambiente de alta peligrosidad, exponiéndose a enfermedades contagiosas; además, hay que tener en cuenta antecedentes de agresividad, adicción, consumidores de sustancias prohibidas e historiales delictivas y criminales, lo que acelera el deterioro de salud y condición física de los funcionarios”, explicó la diputada Sánchez.

Igualmente, señaló que el trabajo de este sector es continuo, debido a que deben cubrir los fines de semanas, asuetos, feriados e inclusive en horarios nocturnos (24 horas continuas trabajadas por 48 horas de descanso), situación ésta que desgasta la salud en general, por lo que se requiere disminuir los años de servicios por el agotamiento físico, psicológico y emocional que sufren los funcionarios de dichos establecimientos.

En definitivas, lo que propone el proyecto, en esencia, es la necesidad de acogerse, los funcionarios, a una jubilación y salario meritorios, que garantice una salida digna de la función pública a los mismos.


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