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Autoridades condenadas por corrupción podrían ser inhabilitadas permanentemente
Publicado: 01/08/18 11:58:a. m.

El diputado Ariel Oviedo (ANR-Central), anunció que tras el receso parlamentario, urgirá el estudio, en comisiones, del proyecto de ley que busca establecer la inhabilitación perpetua por actos de corrupción a los funcionarios públicos o de elección popular. Este documento busca dar una sanción penal para quienes hayan cometido un acto deshonroso para el Estado.

De aprobarse, la normativa alcanzaría a condenados por hechos punibles como enriquecimiento ilícito en la función pública; tráfico de influencias; intervención ilegítima en las contrataciones públicas; cohecho pasivo; cohecho pasivo agravado y; prevaricato. Se aplicarán también a los hechos punibles previstos en leyes especiales tipificados como actos de corrupción, entre otros.

El documento espera su análisis en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación y Codificación, así como en Justicia, Trabajo y Previsión Social.

Oviedo explica, en su exposición de motivos, que la pena de inhabilitación puede ser perpetua o especial, la segunda se aplicará mediante la prohibición de ejercer la función pública de elección popular o empleos o cargos públicos durante cinco a veinte años, según la gravedad del hecho punible.

Igualmente, se contempla la creación del Registro Único de Condenados Inhabilitados por hechos punibles, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

Cabe mencionar que la inhabilitación especial ya se encuentra prevista en la ley Ley Nº 2.523/04 “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”; y en la Nº 2.889/06 “Que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado”. Las mismas establecen una inhabilitación de hasta 10 años, que este proyecto pretende elevar a 20 años.

Finalmente, el proyectista recuerda que en el índice de percepción de la corrupción realizado en el año 2016 por la organización Transparencia Internacional, Paraguay ocupó el puesto número 123 de 168, por lo que urge la aplicación de medidas para luchar contra este flagelo en la administración pública.


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