Aconsejan sanción de normativa que regula desalojos de personas de la tercera edad

Publicado el: 16/08/2022 16:06

Derechos Humanos 01 850.jpg(Redacción: Prensa-Dirección de Comunicación). La diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), titular de la Comisión de Derechos Humanos, informó que fue emitido un dictamen favorable a la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, al proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 621 de la Ley N° 1.337/1988 - Código Procesal Civil”.

El documento en cuestión se encuentra en el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles, 17 de agosto.

De resolverse la aceptación de las modificaciones, esta iniciativa tendrá sanción del Congreso Nacional.

Vale recordar que la propuesta busca, principalmente, evitar los desalojos de ancianos y personas discapacitadas, por parte de hijos y nietos, ante constantes denuncias.

La normativa fue presentada por la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central), y pretende establecer un marco regulatorio sobre la procedencia de los juicios de desalojo, principalmente, cuando se trata de ancianos o discapacitados.

“El juicio de desalojo no procederá cuando la demanda sea dirigida contra ascendientes de la tercera edad, o personas con discapacidad, cuyo deber legal de prestar alimento sea atribuible al actor o propietario del inmueble respectivo, y produjera con el desahucio un estado de vulnerabilidad y abandono grave. Tal extremo podrá ser probado en cualquier estado del proceso por los tramites de los incidentes no suspendiéndose la prosecución del proceso”, señala el proyecto de ley.

“En las modificaciones del Senado se agrega que la sentencia definitiva debe ser previo dictamen de la Defensoría Pública”, especificó la diputada Sánchez.

Recordó que esta intención se fundamenta en el artículo 57 de la Constitución Nacional, que habla de que toda persona, en la tercera edad, tiene derecho a una protección integral; y que la familia, la sociedad y los poderes públicos, promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio.

La legisladora también manifestó que esto se basa en la Ley N° 1.885/2002 - “De las personas adultas” -, que en su artículo 3° establece que este segmento tendrá prioridad en la atención a su salud, vivienda, alimentación, transporte, educación, entretenimiento y ocupación; así como en la percepción oportuna de sus haberes, si los tuviere.

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